Una inesperada coalición

/por Jónatham F. Moriche/

La depresión económica planetaria de 2007-2008, su brutal impacto local en forma de implosión del hipertrofiado sector inmobiliario, la posterior crisis de deuda pública, las draconianas políticas de austeridad impuestas por instituciones europeas y mercados internacionales y sus consecuencias en forma de desempleo, precarización y depauperización de masas diezmaron la estructura económica y la formación social subyacentes al duradero sistema político español de 1978. El ciclo de movilizaciones sociales de 2011-2013, el más intenso y populoso desde la Transición de la dictadura militar a la monarquía parlamentaria, en el que se anudaron nuevas indignaciones y viejos proyectos emancipatorios, ondas globales y tradiciones locales de protesta, abrió una primera y significativa brecha en su exitosa estructura cultural y emocional, a la que se sumaría luego una segunda provocada por el recrudecimiento de la cuestión nacional en Catalunya. En suma, España vive desde hace casi una década en un estado de crisis política crónica, en la que antiguos y nuevos actores, intereses y proyectos pugnan incesantemente por pilotar unas transformaciones inevitables, dada la prolongada y cada vez más insostenible discordancia entre el sistema político y la realidad social, económica, cultural e incluso territorial del país, pero que la fragmentada y volátil correlación de sus fuerzas impide decantar duraderamente. Baste elevar un instante la mirada por encima de nuestras tribulaciones domésticas para vislumbrar que, con unas u otras tonalidades y ritmos, perfilados en cada caso conforme a su historia y cultura política local y su posición en el (des)orden regional y mundial, son muy pocas las sociedades que están escapando a estos procesos de intensa convulsión, que son a la vez singulares e interdependientes en sus causas, desarrollos y consecuencias, en el marco compartido del colapso del proyecto económico, político y cultural de globalización neoliberal, tal y como esta se desplegó hace ahora treinta años con la victoria capitalista en la Guerra Fría, y por añadidura del horizonte cercano, si no ya enteramente presente, de transformaciones medioambientales catastróficas e irreversibles.

En las elecciones europeas de primavera de 2009, municipales y autonómicas de primavera de 2011 ―simultáneas al explosivo arranque del ciclo de protestas 2011-2013 con las acampadas en las plazas del 15 de mayo― y generales de invierno de 2011, que componen el primer ciclo electoral posterior a la debacle económica, la crisis política española se manifestó en forma de masiva abstención, como doble censura tanto a los partidos sistémicos como a la anquilosada y mortecina alternativa que representaba la izquierda tradicional, y que tuvo la paradójica consecuencia de que, con menos votos de los que solo habían permitido al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero gobernar con frágiles mayorías relativas entre 2004 y 2011, el Partido Popular de Mariano Rajoy obtuviese una aplastante mayoría absoluta parlamentaria y gran parte del poder autonómico y municipal del país. El ingente caudal de malestar social provocado por la crisis económica y las políticas de austeridad, que la izquierda movimentista, sindical o partidaria tradicional no había logrado canalizar entre 2008 y 2011, se expresó desde ese 15 de mayo de 2011 con una extensión, potencia y radicalidad extraordinarias a través de acampadas, mareas ciudadanas, colectivos de afectados, sindicalismos de nuevo cuño y otras formas de organización social de base, pero chocó una y otra vez con un robusto espigón institucional, defendido no solo por el Partido Popular sino también por el PSOE, crítico con el Gobierno pero a la vez incapaz de despegarse un milímetro de los consensos neoliberales de Estado y mercado que delimitan el perímetro del orden de 1978 y de los términos inequívocamente subalternos de inserción de España en el orden neoliberal europeo.

Este implacable bloqueo institucional y la dura represión legislativa, judicial y policial que lo acompañó ―con hitos como las durísimas cargas contra las concentraciones ciudadanas ante el Congreso en 2012 o la aprobación de la llamada Ley Mordaza en 2015, pero que se distribuyó también molecularmente por todo el territorio con los violentos desahucios de miles de familias de sus viviendas por impagos de su hipoteca o alquiler― desestimó por la áspera vía de los hechos la hipótesis, claramente hegemónica en el movimiento desde sus acampadas fundacionales, de que podría bastar la fuerza de una masiva y persistente movilización social, sin acudir a la vía electoral, para provocar cambios significativos en el país. Pasado el ecuador de aquella legislatura, en medio de brutales recortes de bienestar y libertades y una riada de revelaciones de corrupción del partido del Gobierno, con un PSOE desacreditado como alternativa por su propia trayectoria y su nula disposición renovadora, con una Izquierda Unida incapaz de convertirse en referente político de la indignación social y un cada vez más palpable agotamiento individual y colectivo entre los sectores movilizados, el debate en los movimientos sobre la intervención electoral resultaba ya insoslayable hasta para muchos de sus más rocosos detractores.

Pero, ¿quién y cómo asaltaría las instituciones en nombre de la indignación? Una primera hipótesis fue una refundación en clave de desburocratización y apertura a la sociedad civil de Izquierda Unida, que nunca se produjo pese los esfuerzos en esa dirección de lo mejor de su propia militancia y de los sectores del movimiento más proclives al entendimiento con la izquierda tradicional, articulados entonces en el Frente Cívico promovido por el respetado exdirigente comunista Julio Anguita. Otros sectores más cercanos al asamblearismo libertario y autónomo, en la genealogía de las izquierdas antiautoritarias del sesentayochismo al zapatismo y el altermundismo, en general muy críticas con los mecanismos de representación electoral, optaron por la solución intermedia de limitar su intervención al ámbito municipal. En enero de 2014, apenas a medio año de la celebración de las elecciones europeas que inauguraban un nuevo ciclo electoral, urgidos por una palpable retracción de la protesta en la calle y por los primeros signos, con el crecimiento del partido Unión, Progreso y Democracia, de una potencial declinación política destropopulista de la indignación social, un pequeño grupo de académicos, comunicadores y activistas, disidentes de unos u otros sectores de la izquierda y los movimientos sociales ―y en un primer momento, severamente reprobados por casi todos ellos―, encabezados por el politólogo y tertuliano televisivo Pablo Iglesias, dio a luz a Podemos.

Desde su definitiva estabilización en 1982 con la aplastante mayoría absoluta del PSOE de Felipe González y hasta la aparición de Podemos, el sistema político español de 1978 había sido un sólido bipartidismo ocasionalmente imperfecto, complementado por las dos grandes fuerzas nacionalistas conservadoras vasca y catalana, que comparten en lo esencial su modelo socioeconómico neoliberal, que lo es también de la estructura de poderes reales del país nacida del golpe de Estado y genocidio fascista de 1936 y las siguientes cuatro décadas de dictadura militar, y que atraviesa prácticamente intacta la transición a la democracia y la inserción en Europa. El Partido Comunista de España vio frustrada en la Transición su expectativa de convertirse en el gran partido de la izquierda española, y su idea de aceptar tácticamente los consensos de 1978 como línea de defensa frente a las pulsiones involucionistas para, cuando estas hubieran decaído, aprovechar sus potencialidades ―que ellos mismos habían sembrado en su participación en la ponencia constitucional― para una profundización democrática del país, chocó con el doble obstáculo del acelerado crecimiento económico, el acceso masivo al consumo y la arrolladora hegemonía cultural del neoliberalismo, por un lado, y su propia incapacidad orgánica y estratégica, materializada en sus constantes convulsiones internas y su problemática relación con movimientos sociales, intelectuales militantes y otros sectores y sensibilidades de la izquierda, por otro. El PCE y luego Izquierda Unida sostuvieron, con más o menos convicción según épocas y sectores, discursos críticos con el orden de 1978, pero dada la correlación de fuerzas vigente muy poco pudieron hacer en la práctica contra él. Entre 2008 y 2014, este cerrado y compacto orden de 1978 sobrevivió al deterioro de su base material y su legitimidad atrincherado tras su monopolio de las instituciones representativas y los dispositivos represivos del Estado. Pero la espectacular irrupción electoral del primer Podemos y sus aliados del llamado bloque del cambio, con sus inesperados 5 escaños inaugurales en las elecciones europeas de mayo de 2014, su victoria en Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Santiago, Cádiz y otras grandes ciudades en las municipales de mayo de 2015 y sus 69 escaños en el Congreso en las generales de diciembre de 2015 ―sumados sus 5’2 millones de votos (20’6%) a los 900.000 de Izquierda Unida (3’7%), casi 600.000 por encima de un PSOE (5’5 millones, 22%) en su mínimo histórico― pusieron fin a este impás y abrieron una grieta de inédita profundidad en el sistema político: por primera vez, una fuerza política nacida fuera del perímetro del orden de 1978 tendría acceso a cuantiosos fondos públicos, podría presentar recursos de inconstitucionalidad o exigir el refrendo popular de modificaciones constitucionales acordadas por las Cortes, además de manejar un quinto de los votos del Congreso y gobernar la capital y varias de las mayores urbes del país.

Frente a este contundente embate desde su exterior, el orden de 1978 puso en marcha distintas iniciativas para reformar y estabilizar en su favor el escenario político y neutralizar la amenaza de Podemos y sus aliados, desde una apresurada sucesión monárquica para restaurar el deteriorado prestigio de la institución a un constante estímulo a Ciudadanos como alternativa reformista desde dentro del sistema político y el paradigma neoliberal, pasando por otras más oscuras, de las que las andanzas del siniestro comisario José Manuel Villarejo y sus compinches serían solo la punta visible del iceberg. No lo consiguieron, y prueba de ello es la atropellada sucesión de elecciones generales, mociones de censura y debates de investidura en que vive inmerso el país desde la aparición de Podemos, a un ritmo no casualmente comparable al de la Italia de los años setenta del siglo pasado, cuando el conjunto de su sistema, organizaciones y estrategias políticas debía alinearse y realinearse constantemente para hacer valer sobre cualquier resultado electoral la conventio ad excludendum decretada contra el Partido Comunista por los poderes reales del país y del bloque capitalista de la Guerra Fría.

Dos factores han sido determinantes en el fracaso de estas iniciativas estabilizadoras. El primero ha sido la relativa autonomía política que su tamaño confiere a los dos grandes actores del turno bipartidista, que les ha permitido desplegar comportamientos muy poco funcionales a este fin sistémico de reforma y estabilización, por un lado con la tenaz resistencia al relevo de la anterior cúpula dirigente del Partido Popular, enfangada por incontables casos de corrupción ―relevo que no se resolvería hasta la moción de censura contra Rajoy de junio de 2018, la primera exitosa en la historia parlamentaria española―, y por otro con la larga y accidentada disputa por el poder dentro del PSOE, resuelta contra todo pronóstico con el retorno triunfal de Pedro Sánchez a la secretaría general y la candidatura presidencial en mayo de 2017, tras su defenestración del cargo por el aparato del partido un año y medio antes, en una operación secundada, según testimonio del propio Sánchez en horario de máxima audiencia televisiva, desde algunas de las más altas instancias empresariales y mediáticas del país. Finalmente incluso Ciudadanos, en su disputa por la hegemonía de la derecha con el Partido Popular entre las elecciones generales de abril y noviembre de 2019, terminaría contagiándose de esta dinámica de comportamientos partidarios sistémicamente disfuncionales.

El segundo factor que explica el fracaso de esta estrategia de renovación desde dentro del sistema político ha sido la inesperada resistencia de Podemos y sus aliados, que a pesar de su fuerte retroceso en las últimas llamadas a urnas, que ha reducido a la mitad su bancada parlamentaria y diezmado su poder municipal, ha logrado asentar un modesto pero rocoso suelo de voto y mantener abierta la grieta en el sistema político, frente a la implacable presión visible e invisible desde el exterior y también frente a una sucesión de errores organizativos dramáticos y una insosteniblemente conflictiva vida interna ―de la que la aparición del Más País de Íñigo Errejón, antiguo lugarteniente de Iglesias, sería por ahora la última consecuencia―, que hunden sus raíces en el modelo exacerbadamente vertical y decisionista del partido, instaurado en el primer congreso del partido en Vistalegre y ratificado en el segundo, y que no habiéndolo finiquitado electoralmente, sí han arrasado su base de dirigentes, cuadros, intelectuales y militantes, su implantación en el territorio y su influencia cultural.

En paralelo a esta disputa entre el orden del 1978 y el bloque del cambio, han complejizado y radicalizado aún más la crisis política española las movilizaciones en favor del derecho de autodeterminación de Catalunya, en constante crecimiento desde la revocación en 2010 por el Tribunal Constitucional ―en procedimiento de inconstitucionalidad instado por el Partido Popular― de elementos sustanciales de su nuevo Estatuto de Autonomía aprobado cuatro años antes. Estas movilizaciones alcanzarían su punto crítico con el referendo del 1 de octubre de 2017 ―una de las mayores acciones de desobediencia civil e institucional de la moderna historia europea, de la que participaron más de dos millones de personas―, su durísima represión policial y la suspensión temporal de las instituciones autonómicas catalanas, a las que seguiría el exilio o detención, enjuiciamiento y desorbitadas condenas de sus principales líderes políticos y sociales. Para el Estado español, refundación tardía y precaria en clave de Estado-nación de los restos de una Monarquía Hispánica de estructura polisinodial y vocación universalista, reducida por la competición intercolonial y los procesos de descolonización a su germinal pequeño imperio ibérico, la integridad territorial constituye un pilar existencial y su menoscabo, un terror atávico, muy difícilmente operacionalizable en la clave de racionalidad jurídico-política que ha regido el curso de las demandas autodeterministas de Quebec en Canadá o de Escocia en el Reino Unido. Frente a la movilización pacífica, masiva y persistente del independentismo catalán, ha cobrado perfil propio el aparato del Estado como agente político dotado de autonomía e iniciativa respecto al sistema de partidos y las instituciones representativas, expresada en la rotunda apuesta por la mano dura que han compartido cuerpos policiales, altos tribunales y otras élites funcionariales y la misma institución monárquica, como quedó ostensiblemente de manifiesto con el beligerante discurso regio del 3 de octubre, a todas luces orientado a clausurar cualquier debate puertas adentro del sistema político de 1978 sobre la idoneidad de la vía represiva y atizar el clima de crispación patriótica de la España de los balcones.

También en paralelo a la disputa unánime del orden de 1978 contra sus críticos por la izquierda y el independentismo catalán, y en sintonía con la onda destropopulista que antes y sobre todo después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha transfigurado el rostro político de pequeñas y grandes naciones de todo el planeta ―y de la que nuestro país se había mantenido a salvo gracias al sedimento cultural de las movilizaciones sociales 2011-2013 y la aparición de Podemos―, se ha producido la arrolladora emergencia de Vox, una escisión neoconservadora del Partido Popular fundada en 2013 que, a partir del multitudinario mitin de Vistalegre y las elecciones autonómicas andaluzas en el ultimo trimestre de 2018, arranca la vertiginosa algara electoral que el 10 de noviembre de 2019 la convierte en tercera fuerza parlamentaria del país. Producto como otros partidos de la internacional reaccionaria de una inflamable amalgama de facciones radicalizadas de la derecha neoliberal y la derecha a la derecha del neoliberalismo, atávicas tradiciones reaccionarias locales y nuevas tendencias reaccionarias globales, lubricada por las redes sociales y las noticias falsas, la ultraderecha voxista ha navegado además a favor de la corriente de alarmismo, victimismo y chovinismo alimentada por el orden de 1978 contra Podemos y el independentismo. Y una vez en las instituciones, ha gozado de la manifiesta simpatía de segmentos no marginales de aquellas instancias de 1978, en tanto aliado útil y legítimo en su empeño recentralizador, lo que les ha permitido encontrar pronto encaje en las fórmulas de gobernabilidad de varias comunidades autónomas y ciudades, incluyendo la capital del país, de la mano del Partido Popular y Ciudadanos.

Estas serían a muy grandes rasgos las lineas más determinantes del proceso histórico que conduce al fracaso de la pasada legislatura, las elecciones anticipadas del 10 de noviembre y el sorpresivo anuncio de un preacuerdo para la formación de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, en muy parecidos términos a los que Unidas Podemos planteara, y el PSOE rechazase, hace solo unos meses. ¿Por qué esta inesperada decisión de los socialistas de abrirse ahora a la coalición con Unidas Podemos, tras haber llevado al país a elecciones anticipadas precisamente para esquivarla, y cuando en la mayoría de los análisis esta era la menos probable de las tres salidas factibles al resultado electoral del 10 de noviembre, después de algún tipo de gran coalición explícita o encubierta entre PSOE y Partido Popular e incluso después de una nueva convocatoria electoral?

La alianza de PSOE y Unidas Podemos en la moción de censura de junio de 2018 que desalojó a Rajoy y dio la presidencia a Sánchez, su posterior acuerdo presupuestario ―abortado por la falta de apoyo de los grupos parlamentarios catalanes, pero que hizo posible un significativo incremento del salario mínimo― y el soporte socialista a varios ayuntamientos del cambio y de Podemos y otros partidos del bloque del cambio a gobiernos municipales y autonómicos socialistas, han hecho habitual la expresión bloque progresista para referirse a la suma de ambas fuerzas, cuando al menos hasta ahora se trataba de un bloque aritmético unido en lo coyuntural por su oposición al Partido Popular, pero escindido en lo esencial por sus distintas posiciones de pertenencia o exterioridad al sistema político y de consenso o confrontación con la estructura de poderes reales de 1978. Dos movimientos paralelos parecen haber convergido en el actual acercamiento entre ambos partidos. El primero y más cierto de estos movimientos es el largo camino recorrido por Podemos, desde su formulación original como partido radicalmente exterior y antagónico a las instituciones y consensos de 1978 a su posición actual apenas ligeramente escorado hacia la izquierda del neoliberalismo progresista del PSOE, y que frente a pretéritas demandas de apertura de un proceso constituyente ha pasado a elogiar las potencialidades democráticas de la Constitución de 1978 como garantía de derechos sociales y dique de contención de la oleada reaccionaria. Por añadidura a esta severa reconducción programática, su bancada reducida ya a la mitad de aquella de su rutilante estreno parlamentario, y la escasa probabilidad de que a corto o medio plazo vuelva a estar en condiciones de intentar sobrepasarle electoralmente, hacen de Unidas Podemos un socio mucho más atractivo, por manejable, para el PSOE.

Un segundo movimiento, mucho más incierto, de momento apenas indiciario, pudiera ser el de una parte del orden de 1978 y de sus homólogos y socios europeos hacia un mejor entendimiento con el campo político situado a la izquierda del neoliberalismo, como respuesta de emergencia al crecimiento desbocado de opciones destropopulistas que ya ocupan los gobiernos de Polonia y Hungría, en el Reino Unido han provocado su tumultuoso divorcio de la Unión y una crisis política y de Estado sin precedentes, en Italia solo han podido ser expulsados del poder gracias a una inédita coalición amadrinada por Bruselas entre neoliberales progresistas del Partido Democrático y populistas justicialistas del Movimiento 5 Estrellas y en el mismo núcleo franco-alemán de la alianza europea presentan una dura competencia electoral a los partidos tradicionales. Si hasta ahora el largo camino hacia la homologación sistémica de Podemos, del proceso constituyente y el impago de la deuda a la responsabilidad institucional y fiscal, no había parecido enternecer a casi nadie puertas adentro del orden de 1978, el medio centenar de diputados obtenido por Vox el 10 de noviembre y el tan cercano como infausto recuerdo del salvinato italiano pueden paradójicamente haber abierto esas puertas al molesto intruso izquierdista nacido del ciclo de protestas de 2011-2013, reconvertido ahora, en virtud de tan dramático cambio de las condiciones políticas, en un mal menor y socio necesario.

La incógnita que ahora habrá de despejarse es cuál es el consenso real de que goza en el sistema político y los poderes reales de España y Europa esta operación de apertura hacia la izquierda extrasistémica. Tiempos de crisis institucional profunda y prolongada abren insospechadas ventanas de oportunidad a la autonomía de lo político y al aventurerismo de los políticos, pero cuesta imaginar que, en un sistema político y de poder histórica, sociológica, territorial y hasta antropológicamente tan concentrado como el español, una decisión de este calado haya podido ser tomada en solitario por el actual grupo dirigente del PSOE. De momento, el anuncio del preacuerdo ha suscitado las consuetudinarias soflamas vitriólicas de la catacumba radiofónica matinal y comentarios apesadumbrados de portavoces empresariales, el sector ultramontano de la jerarquía eclesiástica católica y otros agentes sociales conservadores, además del sonoro berrinche de la declinante vieja guardia socialista, coautora y custodia de los consensos de 1978, pero no parece haber conmocionado seriamente a los mercados locales e internacionales ni haber hecho sonar alarma alguna en Bruselas, Berlín o París. Incluso el Partido Popular parece discretamente aliviado ante la hipótesis de este gobierno de coalición progresista, que le evita tener que abstenerse para permitir gobernar al PSOE, apoyar sus presupuestos o incluso gobernar con él, lo que le haría aún más vulnerable al envite por la derecha de Vox, que ya ha canibalizado el ala más conservadora de su electorado y además interceptado un porcentaje significativo de los votos, presuntamente más centristas, que esperaba recibir de la debacle de Ciudadanos.

Pero esta es solo una primera oleada de reacciones, a falta de semanas para una hipotética investidura, bajo el efecto de la sorpresa del anuncio y la extrema discreción con que están discurriendo sus negociaciones. Si algo han demostrado los casos británico, italiano, norteamericano o brasileño es que, mientras la oleada de movilizaciones populares antioligárquicas progresistas de 2011, de cuyo trenzado planetario las plazas españolas fueron un nodo capital, encontró a los sistemas políticos y poderes neoliberales, incluidos aquellos presuntamente más progresistas, perfectamente cohesionados en defensa de sus intereses y el estado general de cosas que los ampara, la insurrección reaccionaria global ha abierto grietas significativas en esos sistemas y poderes y ha cooptado a parte significativa de ellos. Desde magnates corporativos como Peter Thiel, Robert Mercer, Arron Banks o el mismo Trump a partidos históricos enteros como el republicano estadounidense o el conservador británico son viva evidencia de ello. En una España gobernada por PSOE y Unidas Podemos seguramente no sería tanto el modesto incremento de la presión fiscal necesario para sufragar su previsiblemente algo mayor gasto social, sino los pasos que pudieran darse para aquietar y siquiera empezar a encauzar hacia una solución política viable el problema territorial en Catalunya lo que puede acentuar esas divergencias intraelitarias y hacer apostar definitivamente a parte de las élites de Estado y mercado de 1978 por la vía voxista ―apuesta por la que, con la actual correlación de fuerzas internas en el bloque conservador, el malherido Partido Popular y los escombros de Ciudadanos se verían fácilmente arrastrados― hacia una salida netamente reaccionaria y autoritaria de la crisis social y territorial y el gobierno de las ruinas del neoliberalismo español ―a la vez que, paradójicamente, estos mismos pasos del nuevo ejecutivo podrían no satisfacer las demandas mínimas del soberanismo para reconducir la vida pública catalana por debajo de los umbrales de conflictividad que hoy alimentan la movilización recentralizadora en el resto de la geografía del Estado.

Por otra parte, si se produjera un nuevo empeoramiento de la situación económica que, como en 2007-2008, repercutiera con dureza en la calidad de vida de la población y en especial de sus estratos más humildes, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos podría verse, dado su muy escaso margen de maniobra en este terreno ―so pena de incurrir en la potencialmente catastrófica desaprobación de instituciones europeas y mercados internacionales―, atenazado entre la feroz oposición política conservadora y reaccionaria y el malestar de buena parte de su propia base electoral. Y al tener enfrente no un gobierno conservador sino progresista ―y no del PSOE en solitario como en 2011, lo que dejaba una ventana de oportunidad abierta a su izquierda, sino mancomunado por las izquierdas intra y extramuros del sistema político―, y dada por añadidura la extrema debilidad que hoy padecen movimientos sociales y sindicatos en el país, la movilización de ese malestar bien podría deslizarse hacia una declinación antipolítica, fácilmente instrumentalizable por el destropopulismo, al estilo de los forconi italianos de 2013, el euromaidan ucraniano de 2014 o los más recientes chalecos amarillos franceses.

En conclusión, si una gran coalición entre los partidos del turno del orden de 1978 o una nueva repetición de elecciones pueden convertirse en inmediatos trampolines para la reacción voxista, un gobierno progresista fallido, ya sea por los citados factores de riesgo o por otros hoy de menor relevancia o aún por manifestarse, podría serlo con aún mayor potencia a medio plazo. Sus virtualidades serían, en cambio ―difícilmente podría ser de otro modo, dada la desigual y problemática correlación de fuerzas interna a la coalición política que puede sustentarlo y nuestra modesta posición en el sistema-mundo neoliberal en cataclismo―, muy escasas y casi exclusivamente defensivas. Aunque, a la vista de cuanto hoy ocurre de una punta a otra de Europa y del planeta, y empieza a ocurrir en nuestro propio país, quizás lo sean a vida o muerte democrática. Aunque, en apariencia, la institucionalidad democrática española siga intacta, la generalización del lawfare o uso del derecho como instrumento de represión de la disidencia política democrática, el generalizado endurecimiento de los protocolos en el uso de la violencia por parte de la fuerza pública y los obstáculos a su fiscalización judicial, el palpable repunte y la generalizada impunidad en ocasiones rayana con la connivencia de formas más o menos organizadas de violencia callejera ultraderechista o la masiva intoxicación de la esfera pública con noticias falsas y contenidos de odio de altísimo impacto emocional son, entre otros, signos de un inquietante deterioro democrático del país. Aún tímidamente por su correlación interna de fuerzas y sus techos competenciales, los gobiernos municipales y autonómicos gobernados por el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox empiezan a adoptar medidas de marcado perfil iliberal en cuestiones como derechos femeninos y LGTBI, memoria histórica, orden público y otras áreas. La desdemocratización de España no es, en suma, una hipótesis lejana, sino un proceso ya en curso, que por un puñado de escaños no se ha apoderado del poder ejecutivo y parlamentario en las dos últimas llamadas a urnas pero que no por ello se disipará, sino que seguirá su implacable curso por otros medios, acumulando fuerzas para el próximo asalto electoral.

Un gobierno siquiera moderadamente exitoso en mejorar las condiciones materiales de vida de la población, enfrentar la crisis territorial catalana desde la racionalidad jurídico-política democrática, rebajar la toxicidad y crispación de la esfera pública y reavivar la adhesión social a valores cívicos ilustrados y progresistas podría ser un firme dique de contención frente a esta ofensiva reaccionaria; un gobierno fallido en esas tareas no solo caería muy pronto víctima de sus adversarios y sus contradicciones, sino que arrastraría con él los valores y las instituciones que haya proclamado defender y dejaría abiertas de par en par las puertas del poder a la reacción. Una España que enfrente los retos de la crisis económica, el cambio climático o la reordenación geopolítica con Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros o Rocío Monasterio sentados en el consejo de ministros no es el imaginativo escenario distópico de alguna nueva ficción televisiva, sino el muy concreto horizonte político que el país se juega a la sola y desesperada carta de esta legislatura y de la alianza progresista que se apresta a gobernarla. Cuantas fuerzas y personalidades políticas vayan a participar directa o indirectamente de esta inesperada coalición deberían hacerlo en la más grave consideración de que esta bien podría ser la última oportunidad que nos haya concedido la historia para evitar que las próximas crónicas de pavorosa arbitrariedad, oscurantismo, odio y sufrimiento, como las que hoy nos llegan desde la Hungría de Orbán o los Estados Unidos de Trump, el Brasil de Bolsonaro o la Turquía de Erdogan, se escriban en nuestro país.

Jónatham F. Moriche (Plasencia, 1976), activista y escritor extremeño. Ha publicado textos de análisis político y crítica cultural en medios como El Salto, La Marea, Eldiario, Rebelión o Diario Hoy.