/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
Tengo muy claro que el pago de los impuestos es lo que permite a los Estados garantizar los servicios públicos a los ciudadanos, y ello nos hace corresponsables a todos de la calidad de vida en nuestro país. Además, los impuestos son una herramienta de distribución de la riqueza, puesto que, si son adecuados a los salarios y beneficios de cada uno, permiten repartir las cargas con proporcionalidad. Obviamente, el sistema se asienta en una amplia clase media que garantiza el pago de impuestos, ya que, como he dicho en alguna ocasión, los ciudadanos que están en niveles de subsistencia no pueden aportar apenas al sistema fiscal y, lamentablemente, las grandes fortunas tienen demasiadas posibilidades de refugiarse en paraísos fiscales y herramientas para evadir impuestos.
En cuanto al sistema tributario español, los impuestos indirectos, que son los que gravan los bienes y servicios con independencia del nivel de renta de los contribuyentes, deberían adecuarse al carácter general de los mismos, y ello implicaría que los gastos esenciales de alimentación, consumo de gas, agua y electricidad tuvieran una escala que permitiera asegurar un disfrute del mínimo indispensable a los más necesitados y fuera incrementándose con el nivel de consumo. Dicho con un ejemplo, no sería justo que el consumo mínimo de agua, luz o gas para garantizar unas condiciones dignas de vida tributara lo mismo que el consumo de agua de una piscina, una iluminación ostentosa y una calefacción/refrigeración excesiva de las viviendas. Por lo mismo, no parece razonable que el tipo de impuesto del valor añadido sea el mismo para electrodomésticos o vehículos utilitarios, para ropa y complementos sencillos que para objetos de lujo.
Por lo que respecta a los impuestos sobre salarios y rentas, sorprende que los tipos que se aplican a la percepción salarial tengan una escala móvil, mientras que las rentas del capital cotizan a tipos más bajos. Además, es de todo punto indefendible que existan figuras fiscales que permitan un ahorro significativo a quienes más tienen. Obviamente, no estoy proponiendo un sistema fiscal que penalice el esfuerzo y que desaliente a quienes más trabajan o producen, pero sería necesario buscar una coherencia entre las rentas del trabajo y del capital, que no vaciara a los impuestos de su valor de sistema de equilibrio social. En este sentido, hay que eliminar el pago de impuestos directos a los ciudadanos y familias por debajo del nivel medio salarial, a los que se debería devolver de oficio las cantidades retenidas. Frente a la pulsión recaudatoria de algunos gobiernos, no parece razonable cobrar impuestos directos a quienes, con dificultad, apenas llegan a poder asumir los costes e impuestos indirectos de los elementos mínimos de consumo.
Estoy seguro de que hasta aquí, aunque con matices, estaremos de acuerdo todos, así como en lo referente a la necesidad de garantizar con los impuestos la sanidad universal, el sistema de pensiones, la educación pública de calidad, unos servicios y fuerzas de seguridad al servicio de los ciudadanos y el mantenimiento y mejora de la red viaria, limpieza de las ciudades y del campo y recogida de basuras. También me gustaría que compartiéramos la urgencia de poner límites al gasto corriente de la administración y renunciar a gastos suntuarios y privilegios de los cargos públicos. Estas partidas, incluidos la existencia de una corte de ministerios y consejerías de las comunidades autónomas, subvención de instituciones y grupos de presión afines a los gobiernos y corruptelas varias, suponen un enorme dispendio y contribuyen a deteriorar la imagen de los impuestos ante los ciudadanos. Cada partido debería asegurarse de que sus propios corruptos reembolsaran los fondos utilizados en su propio beneficio que, subsidiariamente, deberían ser asumidos por los partidos y organizaciones en los que militaban cuando malversaron los fondos. Solo recuperando la imagen pública de los tributos y su empleo podremos garantizar el final de la economía sumergida y el despilfarro. Por otra parte, la presencia al frente del ministerio de la señora Montero, que se destacó en su día por las mentiras en torno a que la Unión Europea prohibía la bajada del IVA a la energía, y su actividad partidista no es precisamente un argumento de mérito para incentivar la declaración de impuestos.
Miguel de la Guardia es catedrático de Química Analítica de la Universitat de València desde 1991. Tiene un índice H de 88 según Google Scholar y ha publicado más de 900 trabajos en revistas del Science Citation Index con más de 34.600 citas,5 patentes españolas, 4 libros sobre Green Analytical Chemistry (Elsevier, RSC y Wiley), un libro sobre Calidad del Aire (Elsevier), 2 libros sobre Análisis de Alimentos (Elsevier and Wiley) y un libro en dos volúmenes sobre Smart materials en Química Analítica (Wiley). En la actualidad está preparando un libro sobre Nuevas sustancias sicoactivas con un contrato con Elsevier. Además ha publicado 12 capítulos de libros. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es Editor jefe de Microchemical Journal (Elsevier), miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y Premio de la RSEQ (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV y colabora con El Cuaderno desde mayo de 2021.