/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
En pocas horas estaremos de nuevo en período electoral en España. No sé si el lector tendrá la misma sensación que yo: que todo el tiempo estamos en campañas electorales en las cuales los que se suponía que habíamos elegido para que pilotaran o controlaran la nave se enzarzan en discusiones sin fin o en reproches recurrentes, como si se tratara de escenas de un mal matrimonio. En cualquier caso, las elecciones locales y autonómicas enfrentan de nuevo a los ciudadanos ante el dilema de a quién votar y en esta tesitura me atrevo a lanzar algunas preguntas a los candidatos, no tanto con el fin de obtener respuestas (muchas de ellas se podrían contestar con el periodismo de investigación y el rastreo de la información oficial) como con el de hacer pensar a los que se presentan a las elecciones en algunas de las razones por las que pierden votos o los ganan otras opciones.
¿Cuántos altos cargos, nombrados a dedo, mantiene o piensa nombrar su formación? ¿Cuál es su propuesta para reducir el gasto corriente de la administración a cuyo control pretende acceder? ¿Deberían estar reguladas por ley las retribuciones máximas de los cargos electos? ¿Qué organismo piensa que debería fijar las retribuciones de los cargos electos y sobre qué criterios se debería establecer dicha escala salarial? ¿Deberían ponerse límites a la convocatoria de elecciones en su marco de referencia? ¿Deberían hacerse coincidir las elecciones al Congreso, Senado, administración autonómica y local? ¿Debería mantenerse la doble administración nacional y autonómica en todos los niveles a pesar de la transferencia de competencias o la ausencia de las mismas? ¿Es compatible y conveniente la existencia simultánea de ministerios, delegaciones gubernamentales y delegaciones ministeriales junto con consejerías, diputaciones y la administración local? ¿Deberían estar aforados los representantes públicos en cuestiones que no afecten a su intervención en las cámaras? ¿Deberían responder los representantes públicos y altos cargos con su propio patrimonio frente a los casos de corrupción o de mala gestión? ¿Es lícito que se extiendan más allá del periodo para el que fueron elegidos las compensaciones económicas a los representantes electos a niveles de la administración local, autonómica o nacional? ¿Debería prohibirse por ley el indulto a políticos condenados por la administración de justicia? ¿Está dispuesto a escuchar a sus adversarios políticos y razonar las medidas que se propongan, o cree que el insulto y la descalificación son los mejores argumentos políticos? ¿Cree que se debiera exigir a los candidatos un nivel apropiado del idioma en que deba ejercer su gestión? ¿Deben aplicarse a altos cargos y representantes públicos las mismas normas fiscales que a todos los ciudadanos? ¿Propondría algún cambio de la ley electoral para garantizar el mismo valor de todos los votos emitidos? ¿Deberían establecerse mecanismos para evitar la financiación, por parte de las instituciones a familiares y correligionarios a través de requisitos de información pública de las mismas previa a su concesión?
Como habrán notado, las preguntas a que me refiero afectan al compromiso de candidatos y formaciones políticas para reducir el gasto corriente de la administración, al respeto de los contrarios y a la transparencia en la gestión pública, y están en las antípodas de las razones esgrimidas para votar a su formación por parte de los candidatos que, de forma recurrente, apelan a la maldad intrínseca de las demás formaciones mientras renuncian a ilusionar a sus potenciales votantes explicándoles sus programas y alternativas para mejorar su vida cotidiana.
Eduquemos a nuestros candidatos en la verdad, el respeto y el trabajo para mejorar el país y las instituciones, logrando el bienestar de los ciudadanos y contribuyentes. Lo otro, mantener las cosas como están, sería tomar el puñado de votos y salir corriendo para disfrutar de privilegios autoconcedidos, como han hecho algunas formaciones que pretendían acabar con castas y acabaron atornillándose a los cargos o, como lamentablemente se comprueba con frecuencia, utilizar los cargos públicos para medrar personalmente o trabajar en pro de los correligionarios y en contra de cualquiera que exprese una posición u opiniones contrarias a su ideología sin atender a razones ni argumentos.
Miguel de la Guardia es catedrático de química analítica en la Universitat de València desde 1991. Ha publicado más de 700 trabajos en revistas y tiene un índice H de 77 según Google Scholar y libros sobre green analytical chemistry, calidad del aire, análisis de alimentos y smart materials. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es editor jefe de Microchemical Journal, miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y es Premio de la RSC (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV.