/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
Me gustaría recordar que una lengua es un patrimonio cultural de primera magnitud, y no importa si el grupo que la conserva viva es más o menos numeroso. Aunque una lengua sea hablada por unos miles de personas, no podemos olvidar que todos aquellos que se sienten identificados con ella piensan, sueñan y aman en ella, y que, aunque dominen otros idiomas, su relación es mucho más intensa en la lengua propia.
Cuando a finales del franquismo participé en una de mis últimas manifestaciones, pedíamos al grito de «¡libertad, amnistía y estatut d’autonomia!» exactamente eso: unas instituciones democráticas en las que participar libremente, cada uno desde sus propias posiciones ideológicas; la liberación de los presos políticos encarcelados por sus ideas (no el perdón de los delitos de los aliados por razones electorales) y un reconocimiento de la capacidad de autogobernarse de cada uno de los territorios que componen España. Obviamente, en dichas reivindicaciones se incluía el derecho a que cada alumno fuera escolarizado en su lengua familiar. Afortunadamente, aquella historia acabó bien, dándonos los españoles un marco democrático con la colaboración, incluso, de las Cortes franquistas, que en un acto de generosidad se hicieron el harakiri para que sus hijos y nietos no tuvieran que sufrir la locura de una nueva guerra civil y sin romper el país, como después ocurriría con Yugoslavia. Así empezó a andar lo que llamamos Estado de las autonomías, que permitió incrementar las cotas de poder de decisión de cada territorio sin plantear desigualdades de los ciudadanos en función del lugar de España en que vivían.
El modelo autonómico no es perfecto y se estableció sin desmontar algunas estructuras obsoletas, como las delegaciones del gobierno central y sus ministerios, o conservando las diputaciones en las comunidades que no eran uniprovinciales. Aunque caro para los contribuyentes y fuente de contenciosos administrativos, el modelo ha ido funcionando. Lamentablemente, en algunas comunidades, los intereses partidistas han deteriorado los servicios públicos a los ciudadanos, detrayendo fondos para financiar sus aparatos de propaganda e incluso crear falsas embajadas en el exterior, que tenían la intención de favorecer a una minoría de sus seguidores, en un ejercicio claro de prevaricación.
Durante todos estos años de democracia, las cosas han ido más o menos bien, aunque se crearan algunos desajustes presupuestarios entre comunidades que habrá que corregir, a pesar de que el actual Gobierno de la nación lo haya pospuesto a calendas griegas. Los problemas surgieron cuando se inventaron las patrañas de la discriminación positiva y de los hechos diferenciales. En cuanto a las diferencias, es obvio que el país cuenta con regiones húmedas y extremadamente secas, densamente pobladas y despobladas, agrícolas e industriales, y eso no debería ser excusa para que nadie rompiera la baraja. Por lo que se refiere a la supuesta positividad de la discriminación, es una falacia, pues se discrimina a alguien sobre los demás y el resultado daña la igualdad.
La discriminación positiva se ha aplicado a las lenguas y algunos partidos han pasado de defender la escolarización en la lengua propia a imponer los idiomas minoritarias so pretexto de evitar su desaparición. De ahí se derivan muchos fracasos escolares. Al tratar de extender la educación en las lenguas minoritarias, se ha dañado la formación científica de una buena parte de la ciudadanía que no piensa en la lengua vehicular y, de nuevo, esa imposición ha dado como resultado fracaso y discriminación de los ciudadanos por razón de su lengua familiar. Donde el empleo sistemático de las lenguas minoritarias llega al colmo es en la enseñanza universitaria, pues desengáñense los nacionalistas excluyentes: ni el catalán ni el valenciano, ni el eusquera ni el gallego son lenguas de uso en publicaciones científicas de tipo general ni en repertorios científicos. De ahí que resulte baldío forzar a los estudiantes a recibir las enseñanzas científicas en las lenguas minoritarias, bien sea porque se trate de la lengua propia del enseñante o porque se favorezca a quienes sigan itinerarios en esas lenguas con mejores horarios y calificaciones. En este tema, incluso el uso del español queda muy limitado.
Como docente universitario he impartido grupos en valenciano, cuando mis hijos eran pequeños y estos grupos eran la única forma de conciliar la vida familiar y profesional; y en los últimos años mi docencia se ha realizado mayoritariamente en inglés en el grado de Farmacia (lamentablemente, la Facultad de Química está muy atrasada en el tema). Mi experiencia se puede resumir en que el 95% de mis estudiantes de la línea en valenciano hacían sus exámenes en español y solo un 20% intervenía en clase en la lengua vehicular. Al contrario, de los alumnos de la línea en inglés, todos, con la sola excepción de una alumna que contestó el primer parcial en español, hicieron los exámenes en inglés y el 90% participaba en clase en esta lengua. Probablemente no se trate de una muestra representativa, pero mi percepción es que mis estudiantes consideraban el inglés como un valor añadido sobre su formación, mientras que los que cursaban las asignaturas en valenciano simplemente se acogían a los privilegios que se les ofrecían. Lo lamentable del caso es que el empleo del valenciano en la actividad profesional tan solo proporciona alas de gorrión que permiten volar hasta Andorra o a las islas Baleares, mientras que una formación en inglés proporciona alas profesionales a nivel europeo y norteamericano, además de abrir caminos en Asia y África. ¿Será esto un daño colateral de la llamada discriminación positiva?
Miguel de la Guardia es catedrático de Química Analítica de la Universitat de València desde 1991. Tiene un índice H de 88 según Google Scholar y ha publicado más de 900 trabajos en revistas del Science Citation Index con más de 34.600 citas,5 patentes españolas, 4 libros sobre Green Analytical Chemistry (Elsevier, RSC y Wiley), un libro sobre Calidad del Aire (Elsevier), 2 libros sobre Análisis de Alimentos (Elsevier and Wiley) y un libro en dos volúmenes sobre Smart materials en Química Analítica (Wiley). En la actualidad está preparando un libro sobre Nuevas sustancias sicoactivas con un contrato con Elsevier. Además ha publicado 12 capítulos de libros. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es Editor jefe de Microchemical Journal (Elsevier), miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y Premio de la RSEQ (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV y colabora con El Cuaderno desde mayo de 2021.