/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
La vivienda se ha convertido en nuestro país en un inmenso problema que amenaza con ahondar la brecha salarial entre españoles y ha convertido en altamente especulativo un bien que tiene, fundamentalmente, una perspectiva social. Ya queda lejos el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con su secuela de caída generalizada de unos precios que habían llegado a ser abusivos, y ahora nos enfrentamos a una imparable escalada de precios que responden a la falta de oferta y al nacimiento de un negocio basado en el alquiler, el acaparamiento y el abuso.
Lo que sorprende sobremanera es que se nos trata de vender como una solución progresista el alquiler. La propiedad de la vivienda estaba en el ADN nacional que consideraba los gastos de alquiler como lo que son, renta consumida, y los ciudadanos aspiraban a convertir ese gasto en una inversión de futuro.
La propiedad de la vivienda habitual ha sido en España una forma de ahorro y un motor de la economía que afectaba a todos los sectores del mueble, los electrodomésticos e incluso del arte y la creación.
Los jóvenes disponían de exenciones fiscales para los gastos en la primera vivienda y la construcción ofrecía una bolsa de trabajo importante y una alternativa a los planes de inversión de cara a la futura jubilación de sus propietarios.
Al contrario de lo que ofrece la propiedad de la vivienda habitual, el alquiler supone pan para hoy y hambre para mañana; puesto que ambos, valor y alquiler, tienen una fuerte tendencia a subir, mientras que los ingresos familiares sufren la inflación de las políticas económicas y pasan a desplomarse tras la edad de jubilación y dejan a los inquilinos a merced de los propietarios.
Entre las promesas falsas del actual presidente del Gobierno de España, una de las más inteligentes era la de ceder a los ayuntamientos los edificios del Ministerio de Defensa en desuso, y yo añadiría los que están infrautilizados. Esta cesión permitiría disponer de suelo edificable para construir viviendas de protección o canjearlo por superficies mayores en la periferia de las ciudades. Lo cierto es que la única solución de futuro al problema de la vivienda y el freno al crecimiento desbordado de los precios es aumentar la construcción.
No olvidemos que en un pasado reciente, los municipios que lanzaron planes de construcción consiguieron estimular el empleo directo y apoyaron la economía local en lo tocante al equipamiento de los nuevos edificios e incluso los servicios en la zona.
Basados en los aspectos anteriores, resulta imprescindible terminar con las trabas burocráticas que se oponen al crecimiento de la oferta de viviendas en zonas en las que hay una clara necesidad de las mismas, favorecer la rehabilitación de viviendas en el mundo rural para hacer frente a la despoblación y apoyar a quienes se lanzan a la adquisición de su vivienda habitual con beneficios en la declaración de la renta comparables a los que se ofrecen por los planes de pensiones.
Un país de propietarios es un país de ahorradores que siembran para cubrir con un techo su futuro mientras que un país de inquilinos se convierte en una sociedad frágil y dependiente para el futuro. Además, no es cierto que dejar sin respuesta las necesidades de vivienda permita conservar el medioambiente, pues mala solución es la que deja sin resolver los problemas y el freno al desarrollo racional.
Es cierto que el modelo español, basado en la concentración de la población en unas pocas ciudades, ha dado en crear una estructura de Madrid, el desierto y la costa, como zonas habitacionales claramente diferenciadas. Por eso resulta imprescindible ligar la oferta de suelo urbanizable a una política previa de transporte que permita vertebrar el territorio y asentar nuevos núcleos de población para evitar la despoblación.
Nuevas políticas en los ministerios de vivienda y de transporte, libres de corrupción e incompetencia a la que nos tienen acostumbrados sus recientes titulares, serían imprescindibles para movilizar los sectores de la construcción y el equipamiento de los nuevos inmuebles. De cualquier forma, el hecho autonómico, deja una ventana de posibilidades a las autonomías y municipios en lo tocante al transporte de corta y media distancia en el caso de las primeras y a los planes de urbanismo en el caso de los municipios.
Mi absoluta desconfianza sobre la honestidad y competencia del actual Gobierno de España, lamentablemente, se extiende a las instancias autonómicas y locales pues no parece que los partidos que se apuntan como alternativa al sanchismo estén poniendo en marcha en sus instancias actuales, planes de ampliación del transporte urbano y regional y la construcción de viviendas a precios razonables.
Miguel de la Guardia es catedrático de química analítica en la Universitat de València desde 1991 y en la actualidad profesor emérito en activo. Tiene un índice H de 92 según Google Scholar y ha publicado más de 987 trabajos con más de 40.000 citas, 5 patentes españolas, 4 libros sobre green analytical chemistry (Elsevier, RSC y Wiley), un libro sobre calidad del aire (Elsevier), dos libros sobre análisis de alimentos (Elsevier and Wiley), un libro en dos volúmenes sobre smart materials en química analítica (Wiley) y otro sobre NPSs (Elsevier) y está preparando un libro sobre Human biomonitoring in Food safety assurance para RSC. Además ha dirigido 35 tesis doctorales y es editor jefe de Microchemical Journal (Elsevier), miembro del consejo editorial de Spectroscopy Letters (Estados Unidos), Ciencia (Venezuela), J. Braz. Chem. Soc. (Brasil), Journal of Analytical Methods in Chemistry and Chemical Speciation & Bioavailability (Reino Unido), SOP Transactionson Nano-technology (Estados Unidos), SOP Transactions on Analytical Chemistry (Estados Unidos) y Bioimpacts (Irán). Condecorado como Chevallier dans l’ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia, Premio de la RSC (España) y condecorado por la Policía Local de Burjassot.