Artículo originalmente publicado en Phenomenal World el 28 de febrero de 2025, traducido del inglés por Carlos Corrochano
Fotografía destacada de Dušan Cvetanović
/ por Kate Mackenzie y Tim Sahay /
Este mes, Trump entabló conversaciones formales con Rusia —sin el consentimiento de Kiev— para resolver la guerra en Ucrania, esencialmente en los términos de Putin. Y el viernes, en el Despacho Oval, él y su vicepresidente, JD Vance, trataron a Zelenski como señores imperiales reprendiendo a un vasallo advenedizo. Para los europeos, la perspectiva, antaño impensable, de una retirada estadounidense de Europa se ha convertido en una posibilidad tangible. La pregunta que se plantean es: ¿puede sobrevivir la Unión Europea sin la alianza militar transatlántica que se forjó hace setenta y cinco años para, en palabras de su primer secretario general, «mantener a los alemanes abajo, a los rusos fuera y a los estadounidenses dentro»?
El aparente colapso del atlantismo como ideología dominante entre las élites europeas ha sido vertiginoso. El futuro canciller de Alemania, Friedrich Merz —atlantista convencido, con un historial en BlackRock y bufetes de abogados corporativos promoviendo la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la UE y Estados Unidos—, estaba inicialmente dispuesto a apaciguar a Washington tras la victoria de Trump en noviembre, ofreciendo comprar más GNL y armas estadounidenses. Sin embargo, el discurso de JD Vance en Múnich este mes marcó un punto de inflexión: Merz lo condenó como un acto de interferencia electoral «no menos drástico, dramático y, en última instancia, no menos descarado que la intervención que hemos visto desde Moscú». Tras la contundente victoria de la CDU en las urnas el lunes, Merz calificó a Estados Unidos de enemigo del proyecto europeo. Instó a la Unión a reforzar sus propias capacidades de defensa y advirtió que para Europa «faltan cinco minutos para la medianoche».
Europa se encuentra ahora plenamente consciente de sus propias limitaciones en materia de seguridad. Esta realidad choca con otras dos restricciones fundamentales. Los límites fiscales autoimpuestos por el continente son de sobra conocidos —hemos argumentado que lo hacen más pobre, más débil y menos verde—, mientras que sus limitaciones energéticas quedaron expuestas tras la invasión rusa de Ucrania, cuando el precio del gas se disparó y sacudió toda la economía.
Todo ello ha desencadenado profundas repercusiones políticas: las oleadas de extrema derecha que sacuden las elecciones europeas son un recordatorio contundente de estas vulnerabilidades estructurales, que socavan cualquier perspectiva de una salida verde al estancamiento del continente. No es casualidad que, en abril del año pasado, Emmanuel Macron advirtiera: «Europa es mortal: puede morir».
El Pacto Verde ha quedado atrás; Europa ha entrado en su era de acero.
Las élites europeas están convencidas de que el mejor camino para Europa es dejar atrás sus ataduras fiscales autoimpuestas e invertir en los pilares del poder en el siglo XXI: defensa, energías limpias y tecnología. Sin embargo, la estructura única de la UE —que delega la política económica en Bruselas y la seguridad en los Estados nacionales— representa un obstáculo.
Para hacer realidad la visión de autonomía promovida por este emergente consenso de élite, sería necesario resolver el dilema entre fabricar o comprar bienes ecológicos y militares, superar las restricciones impuestas por la constitución fiscal europea y, si se pretende impulsar la agenda de paz del proyecto europeo, desarrollar una política completamente nueva a nivel nacional, continental e internacional.
Realidades de la guerra entre Rusia y Ucrania
Han pasado tres años de una brutal guerra de desgaste en Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022. Cientos de miles de personas han muerto o han resultado heridas, mientras que millones de ucranianos y cerca de 800.000 rusos se han convertido en refugiados.
A pesar de las numerosas ofensivas y contraofensivas del último año —que han prolongado el conflicto a un terrible coste humano—, apenas ha habido avances territoriales por ninguna de las partes, y las realidades fundamentales siguen inalteradas. Rusia no se retirará militarmente del 20% del territorio ucraniano que ocupa, los ucranianos no renunciarán a su aspiración de integrarse económica y socialmente en Occidente, y Putin no aceptará ningún acuerdo que facilite la adhesión de Ucrania a la OTAN, exigiendo además estrictos límites cuantitativos y cualitativos para el futuro ejército ucraniano, como ya planteó en las conversaciones de Estambul de 2022.
Desde el punto de vista económico, ni Estados Unidos ni Europa han logrado debilitar la capacidad bélica de Rusia a través de sanciones. Calificada por los comentaristas occidentales como una «gasolinera con ejército», Rusia ha demostrado ser mucho más resistente de lo que Occidente esperaba. El interés de las grandes economías en desarrollo y de China por mantener relaciones comerciales con Rusia —suministrándole armas, hidrocarburos, alimentos y fertilizantes, además de respaldarla con una política fiscal expansiva— ha permitido que la economía rusa creciera en 2023 y 2024 a un ritmo superior al de los países del G7, según el FMI.
Como resumió con agudeza hace dos años el experto en sanciones Nicholas Mulder, «la limitada eficacia de las sanciones se debe a la respuesta política de Rusia, su tamaño, su posición comercial y la importancia de los países no alineados en la economía mundial».
Las garantías de seguridad occidentales
Esta semana, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Washington votó junto a Moscú y Pekín una resolución para poner fin a la guerra, sin hacer mención a la agresión rusa ni a la integridad territorial de Ucrania. ¿Se está gestando un acuerdo de neutralidad a cambio de la Ucrania ocupada? De ser así, esta opción requeriría una firme garantía de defensa por parte de Occidente en caso de un nuevo ataque ruso. Aquí comienzan las decisiones difíciles para ucranianos, europeos y estadounidenses.
Para Ucrania, con varias ciudades del este devastadas y una población desmoralizada, la victoria militar en forma de expulsión total de las tropas rusas ya no es una posibilidad real. En su lugar, será necesario alcanzar un acuerdo negociado que garantice la preservación del 80% restante del territorio, el mayor nivel posible de garantías de seguridad por parte de Occidente y un ambicioso paquete de reconstrucción económica. De hecho, Zelenski ha aceptado en principio la fórmula de paz a cambio de territorio, pero solo si Ucrania recibe la protección de la OTAN.
La administración Trump ha adoptado una postura inflexible con sus aliados europeos en la OTAN. Primero, las tropas estadounidenses no participarán en futuras misiones de mantenimiento de la paz en Ucrania. Segundo, las protecciones de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN no se aplicarán a ninguna fuerza europea desplegada en la Ucrania de la posguerra. Tercero, Ucrania no debe esperar convertirse en miembro de la Alianza. Y cuarto, debe aceptar la paz a cambio de territorio, renunciando a sus reclamaciones sobre las áreas ocupadas por Rusia.
Todo esto plantea incómodos dilemas para la política interna europea. ¿Quién asumirá el mantenimiento de la paz en Ucrania ahora que Estados Unidos ha retirado su respaldo militar? ¿Quién financiará la reconstrucción del país y de qué manera? ¿Será necesario romper las reglas fiscales que limitan el gasto europeo para reforzar la defensa? ¿O la UE optará por subir los impuestos y recortar el Estado del bienestar para cubrir la factura?
Las grandilocuentes declaraciones de los líderes europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre la construcción de un gran ejército europeo y la búsqueda de una «autonomía estratégica» respecto a Estados Unidos han dado paso a un sobrio reconocimiento de las limitaciones de Europa. La brecha entre el discurso y la realidad se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos tres años: los países europeos de la OTAN han enviado municiones y dinero, pero no tropas, y nunca han asumido riesgos de escalada como la imposición de zonas de exclusión aérea.
Con el final de la guerra en el horizonte, tampoco parece probable que Europa aporte grandes fuerzas de mantenimiento de la paz. A principios de este mes, Macron calificó la idea de «descabellada» y subrayó que «debemos tomar decisiones apropiadas, realistas, bien pensadas, mesuradas y negociadas». Por su parte, el presidente de Polonia, Donald Tusk —líder del mayor ejército de Europa y el mayor respaldo militar de Ucrania tras el Reino Unido y Estados Unidos— fue tajante: «Polonia no enviará tropas a Ucrania». Hasta ahora, solo el primer ministro británico, Keir Starmer, ha expresado su disposición a desplegar soldados, aunque los altos mandos militares británicos han advertido que este compromiso no es viable.
¿Una Europa soberana?
Ahora que la seguridad europea quedará en manos de Europa, ¿cómo cambiará su política? Ante la perspectiva de un aumento del gasto militar, algunos temen un recorte en el gasto social. ¿Será un keynesianismo militar para las empresas y el Estado, y austeridad para los ciudadanos? Al mismo tiempo, dado que los ejércitos son una de las principales fuentes colectivas de emisiones globales, cualquier incremento en el gasto en defensa probablemente enfrentará oposición por razones climáticas. Los sectores conservadores, por su parte, defienden abiertamente la otra cara de la moneda.
Sin embargo, quizá no sea un juego de suma cero. Un informe del Instituto Kiel para la Economía Mundial publicado este mes cuestiona la asumida disyuntiva entre «armas o mantequilla», destacando que «el aumento del dinero, la mano de obra y las materias primas destinadas a usos militares no ha ocurrido tradicionalmente a expensas del consumo privado». El argumento clásico en favor del keynesianismo militar sostiene que la inversión en industrias nacionales estratégicas con una demanda estable genera efectos indirectos positivos: un estímulo al crecimiento de la productividad, la creación de empleo y un aumento de los ingresos fiscales, que a su vez pueden financiar el gasto social. Entre 1950 y 1970, por ejemplo, los países europeos dedicaban regularmente un 5% de su PIB a la defensa mientras seguían incrementando el gasto social.
Sin embargo, como han argumentado los investigadores del Instituto Delors en Francia, esto requiere el tipo adecuado de inversión en defensa: mayor producción y no solo más gasto, sino «gastar mejor» y «gastar juntos». En 2020, solo el 11% del total de los presupuestos nacionales de defensa de la UE se destinó a proyectos conjuntos, muy por debajo del objetivo del 35% fijado por la propia Unión para fomentar un gasto más coordinado.
Los últimos datos oficiales europeos muestran que, en 2023, más del 8% de la financiación se destinó a adquisiciones, en su mayoría de productos ya desarrollados por empresas no europeas, lo que limita las externalidades positivas señaladas en el informe del Instituto Kiel.
El consenso emergente busca una vía de escape al estancamiento y la fragmentación, y ve en la solución militar keynesiana al dilema entre armas y mantequilla una oportunidad para reforzar la soberanía y abrir un nuevo horizonte de crecimiento.
Las condiciones de posibilidad de una Europa soberana dependen de dos pilares fundamentales: la defensa y la energía. Por ello, la soberanía europea ha estado profundamente limitada en la era de los hidrocarburos. Sin la capacidad de autoabastecerse de petróleo y gas, el continente ha estado sometido durante setenta y cinco años a la presión de los tres grandes centros de poder energético: Estados Unidos, Rusia y los reinos del Golfo. Cuando estas potencias han interrumpido el suministro —el embargo petrolero estadounidense en 1956, el embargo árabe en 1973 y el embargo de gas ruso en 2022—, han infligido duros golpes a la ciudadanía y a las economías europeas, forzando cambios en la política exterior y los acuerdos de seguridad del continente. Europa ha quedado atrapada en una red de dependencias y vulnerabilidades frente a estas tres potencias energéticas.
Hoy, esto significa que, para liberarse del chantaje autoritario —ya sea el de Putin o el de Trump—, Europa debe volverse verde. A pesar de toda la retórica sobre el Pacto Verde Europeo como motor de transformación en materia de energía, crecimiento, bienestar social y sostenibilidad, este no se ha traducido en una política industrial ni en una política exterior sustanciales. Incluso en 2024, la UE destinó más dinero a la compra de petróleo y gas rusos (22.000 millones de euros) que a la ayuda financiera a Ucrania (19.000 millones de euros). Intentar apaciguar a Trump aumentando las compras de GNL marítimo y bloqueando nuevas infraestructuras de combustibles fósiles no hará más que agravar el problema. La inversión en energía verde es el único camino viable hacia la independencia y la autonomía estratégica.
Una nueva política de crecimiento
La lógica subyacente en este emergente consenso de élite es apostar —donde fracasaron iniciativas como el Green Deal— por un nuevo modelo de crecimiento europeo, esta vez basado en el rearme. Si los gobiernos europeos se toman en serio la combinación de objetivos de defensa e industria verde, deberán afrontar una serie de tensiones y dilemas estructurales.
Tanto la transición energética como la defensa requieren una política industrial. En ambos ámbitos, la eficacia pasa por decidir con precisión qué fabricar y qué comprar. Actualmente, los países europeos están adquiriendo cazas Lockheed Martin F-35A Lightning II, helicópteros AH-64 Apache, sistemas de defensa antiaérea Patriot y tanques Abrams; pero también están invirtiendo en equipos de defensa producidos localmente para fortalecer el rearme del continente.
Polonia, el único país europeo de la OTAN que ya destina el 5 % de su PIB a defensa, ha cursado órdenes de compra de cazas Eurofighter Typhoon —fabricados por un consorcio de Airbus, BAE Systems y Leonardo—, además de adquirir municiones y aviones a la sueca Saab.
La Comisión Europea estima que, en la próxima década, cada país deberá aumentar su gasto en defensa en 500.000 millones de euros. Sin embargo, el gasto común en defensa de la UE es significativamente menor: en 2023 alcanzó los 270.000 millones de euros, y solo el 20% de esa cantidad se destinó a adquisiciones en colaboración con proveedores radicados en la UE.
Los expertos sostienen que nunca ha existido un «auténtico mercado paneuropeo de contratación de defensa, sino más bien… [27 mercados] cercados con barreras normativas de entrada destinadas a proteger las industrias nacionales de defensa». Estas barreras son, en última instancia, políticas: los Estados miembros no quieren que Bruselas imponga sus propios campeones nacionales en el sector.
¿Cómo financiar este incremento del gasto? La UE se ha sacado un as de la manga y se dispone a activar la «cláusula de escape» fiscal, que permite a los Estados miembros superar los límites comunes de deuda y déficit para financiar el gasto en defensa. Además, es probable que se modifique el mandato del Banco Europeo de Inversiones con el fin de atraer mayor inversión privada en la industria militar europea.
El fuerte aumento de la inversión en la industria de defensa local avivará el debate entre «fabricar» y «comprar». Tradicionalmente, los liberales de mercado y los sectores transatlanticistas vinculados a Alemania, los países bálticos, el Reino Unido y Polonia han apostado por la opción de «comprar», optando por importar material de defensa de Estados Unidos. Desde la invasión rusa de Ucrania, más de tres cuartas partes de las adquisiciones de defensa realizadas por los Estados miembros de la UE han procedido de fuera del bloque, y casi dos tercios de ellas de Estados Unidos.
En el lado opuesto están los soberanistas o autonomistas estratégicos, encabezados por Francia, que abogan por fortalecer un complejo industrial militar europeo. Francia, tercer exportador de armas a nivel mundial después de Estados Unidos y Rusia, cuenta con un sector armamentístico robusto. Más intervencionista que Alemania y sus aliados liberales, su ley de presupuestos militares de 2023 incluso le otorga la facultad de requisar su industria nacional en caso necesario. Sin embargo, el país enfrenta una creciente competencia de Turquía, Israel y Corea del Sur en el mercado global de armamento.
Este dilema tiene un paralelo en la tecnología de energías limpias. Algunas industrias, como la fabricación de paneles solares fotovoltaicos, han desaparecido casi por completo de Europa. Como señala el informe de Mario Draghi del año pasado sobre la competitividad europea, existen razones de peso para impulsar la producción local, especialmente cuando aporta ventajas estratégicas, tecnológicas o de seguridad.
Con cientos de miles de millones de euros en inversiones en defensa e industria verde en el horizonte, ¿puede emerger una nueva política de crecimiento en Europa? Es probable que un mayor gasto estatal en defensa y sectores ecológicos impulse un crecimiento económico más acelerado. Sin embargo, que esto se traduzca en transferencias sociales más amplias dependerá de las negociaciones políticas en cada país, condicionadas, al menos en parte, por las oportunidades fiscales y los desafíos de coordinación a nivel de la UE.
Alinear la acción climática con el rearme militar podría fomentar el nativismo en un contexto de creciente migración por causas climáticas y del auge de la extrema derecha. No obstante, la «seguridad energética» se ha convertido en un pilar central de los nuevos objetivos europeos de «seguridad-seguridad». Si la «seguridad» está destinada a dominar la próxima fase del proyecto europeo, ¿cómo se articularán las luchas por las agendas climática y social?
La transición energética y la fractura transatlántica podrían sentar las bases de nuevas alianzas fundamentadas en algo más que los combustibles fósiles, como ha argumentado Pierre Charbonnier. Para países como Brasil, India y las naciones africanas ricas en selvas tropicales y minerales, la pregunta clave es: «¿qué les ofrecemos para que se alineen con nosotros?». Europa debería articular su política exterior en torno a una respuesta coordinada a la crisis climática.
El corsé fiscal y la falta de inversión productiva han debilitado la seguridad de Europa, sus objetivos climáticos y su capacidad de cooperación internacional. Ahora, Bruselas intenta impulsar un esfuerzo concertado —aunque aún fragmentado— para convertir al continente en un polo soberano y gestionar las tensiones entre su política industrial ecológica y su estrategia de defensa. Hasta el momento, sin embargo, ha mostrado escaso interés en promover reformas profundas en las instituciones de Bretton Woods, que siguen limitando el gasto en clima y desarrollo en el Sur global.
La práctica destrucción de la mayoría de las iniciativas estadounidenses de poder blando no hace automáticamente más viables ni sólidos los programas europeos, como sus Memorandos de Entendimiento sobre minerales con Namibia, la RDC, Ruanda y Zambia. Del mismo modo, una sofisticada agenda de política industrial y de financiación en defensa y energías limpias no resolverá por sí sola la desafección de los europeos que votan a la extrema derecha. El dinero no compra la soberanía. La construcción nacional —como ha demostrado el heroísmo de los ucranianos de a pie— depende, en última instancia, de la cuestión política fundamental: ¿por qué vale la pena luchar y morir?
Kate Mackenzie es una escritora, investigadora y consultora independiente que asesora a organizaciones que tratan de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Es colaboradora habitual de Bloomberg Green, donde escribe la columna «Stranded Assets». Entre 2014 y 2019 dirigió el programa de finanzas de dos organizaciones sin ánimo de lucro australianas; Climate-KIC Australia y The Climate Institute. Antes de eso, trabajó durante una década en el Financial Times en Londres y Sídney, incluso como editora fundadora de FT Energy Source y corresponsal en Asia para FT Alphaville. Es miembro del Centre for Policy Development, un grupo de reflexión independiente centrado en la investigación.
Tim Sahay es codirector del Net Zero Industrial Policy Lab en la Johns Hopkins University. Su cuenta de Twitter es @70sBachchan.