/ por Troy Nahumko /
Publicado originalmente en Counterpunch, 20/09/2026
La «velocidad del olor» no es una constante universal grabada en las tablas cósmicas de la física, como la velocidad de la luz o la tiranía inflexible del sonido. No. El olor es una criatura anárquica y errante, una bala perdida, a merced del viento y del capricho. El olor no viaja: merodea, se tambalea, hace autoestop en el asiento trasero de una brisa o se ahoga en la sopa estancada de una tarde sin viento. La distancia lo deforma, las corrientes lo dispersan y la nariz —esa imperfecta, a veces bulbosa, varilla de zahorí del desastre— decide su destino final, estremeciéndose con cada molécula que atrapa. El regusto metálico de la sangre puede anunciarse con una claridad brutal, mientras el susurro fantasmal del perfume de un amante sigue rondando una habitación horas después de su partida. No hay ecuación ni ciencia exacta: solo la mano caprichosa y arbitraria de la madre naturaleza dejando huellas invisibles sobre nuestros sentidos.
Entre la localidad portuguesa de Elvas y la ciudad española de Badajoz hay una cómoda jornada a pie, aunque el terreno no invita precisamente a recorrerlo. Lo que se extiende entre ambas no es tanto una frontera como una tierra de nadie abrasada por el sol, donde el propio suelo parece gemir bajo el peso de los imperios. Llanuras onduladas de tierra cuarteada y obstinados olivares componen un horizonte a retazos. Cerca, el Guadiana se enfurruña, espeso de limo y de fantasmas de barcazas fenicias, tartésicas y romanas. Antaño navegable, hoy parece aquejado de una especie de venganza de Moctezuma fluvial, asfixiado bajo una alfombra de jacinto de agua invasor, originario precisamente de aquella Sudamérica que los imperios saquearon en otros tiempos. Ni siquiera forma la frontera entre los dos vecinos ibéricos hasta ocho kilómetros más abajo.
El Caya, más pequeño y, de algún modo, más mezquino, serpentea por el polvo como una víbora defendiendo su territorio. Esta sí es la frontera: una cicatriz irregular que hoy se parece más a una acequia de desagüe atascada de juncos que al lugar donde dos imperios mundiales se repartieron el planeta en esferas de conquista en 1524.
«Quienes hacen preguntas no son bien recibidos cerca de esta frontera, si es que se la puede llamar frontera» —Jay Allen
Las fronteras son un artificio humano y el olor jamás les ha prestado demasiada atención. En agosto de 1936, cuando las fuerzas nacionales de Franco avanzaron hacia el norte desde Sevilla y tomaron Badajoz, las matanzas no se detuvieron ante las murallas de la ciudad. Miles de personas fueron ejecutadas. Los cadáveres se acumulaban más deprisa de lo que era posible hacerlos desaparecer y fueron quemados en piras que alzaban columnas de humo sobre la ciudad y las extendían por la llanura extremeña. El Caya podía separar España de Portugal, pero nada podía hacer contra el aire. A través de él viajaron los residuos de lo ocurrido: humo, ceniza y el dulzor nauseabundo de la carne quemada.
En el lado portugués no hacía falta ver los cadáveres para saber que algo terrible estaba sucediendo a pocos kilómetros. Podían respirarlo.
Mucho antes de que pudieran discutirse los testimonios, revisarse las cifras o negarse las responsabilidades, la matanza ya había cruzado la frontera de la única forma que ningún guardia fronterizo podía detener.
Elvas se convirtió así, por accidente, en un puesto de observación. Desde el lado portugués, vecinos y corresponsales extranjeros podían volver la vista hacia Badajoz y contemplar los incendios que ardían al otro lado de la frontera. Lo que estaba ocurriendo dentro de España ya empezaba a escapar de ella: primero como humo; después como rumor, testimonio y, finalmente, tinta de periódico. La violencia no pretendía únicamente eliminar a quienes se oponían al avance de los sublevados: debía también anunciar a todos los que aguardaban más adelante las consecuencias de la resistencia. Con suficiente publicidad, el terror siempre llega antes que los ejércitos.
Entre quienes intentaban averiguar qué había detrás de aquellas llamas estaba Jay Allen, corresponsal del Chicago Tribune. Cruzó a Badajoz y regresó a Portugal llevando consigo algo aún más difícil de contener que el humo: el relato de lo que habían hecho los vencedores. La geografía le había concedido el extraño privilegio de permanecer en un país mientras contemplaba cómo otro descendía hacia el terror.
«Vengo de Badajoz, a pocos kilómetros de aquí, en España. He subido al tejado para mirar hacia atrás. Había un incendio. Están quemando cadáveres. Cuatro mil hombres y mujeres han muerto en Badajoz desde que los legionarios y moros rebeldes del general Francisco Franco treparon sobre los cuerpos de sus propios muertos y atravesaron unas murallas tantas veces empapadas de sangre».
En Badajoz, el mundo contempló, quizá por primera vez, la maquinaria desnuda del terror franquista funcionando a plena vista. No fue solo una matanza; fue un anticipo. Lo ocurrido allí presagiaba la crueldad sistemática que sus aliados nazis pronto exportarían por toda Europa. La provincia se convirtió a la vez en laboratorio y cementerio, en campo de pruebas para una brutalidad industrializada.
La llamada «columna de la muerte», nombre acuñado posteriormente por el historiador extremeño Francisco Espinosa, designa a las fuerzas sublevadas que abrieron un camino de sangre y fuego por la Vía de la Plata, dejando tras de sí, en su avance por Andalucía y Extremadura, ejecuciones, incendios y miedo.
Allen escribió con el escozor del humo todavía en la nariz, con el olor de la carne chamuscada adherido a la ropa, a la memoria, a la prosa. No había presenciado únicamente las secuelas de una matanza, sino también su residuo: aquello que los vivos se ven obligados a inhalar después de que los muertos hayan sido silenciados.
«Después de la primera noche —escribió—, se decía que la sangre alcanzaba la altura de una mano en el otro extremo de la plaza [de toros]. No lo dudo. Mil ochocientas personas —también había mujeres— fueron abatidas allí en unas doce horas. Hay más sangre de la que uno imaginaría en mil ochocientos cuerpos».
No era una hipérbole. Era una forma de medir: por el olor, por la saturación. Sus palabras no eran una metáfora, sino notas de campo desde un horno. La matanza de Badajoz no terminó con las ejecuciones; permaneció suspendida en el aire, impregnando por igual el aliento, el testimonio y la conciencia. Fue el campo de pruebas para la eliminación sistemática de cualquiera que no compartiera la sed de sangre del régimen que se avecinaba.
Veintiún meses después, ochenta kilómetros al norte, convirtieron el olor en piedra.
En mayo de 1938, mientras los españoles seguían matándose entre sí y aún faltaba casi un año para la victoria de Franco, Cáceres se engalanó para el futuro.
Pilar Primo de Rivera, hermana del fallecido fundador de la Falange y al frente de su formidable Sección Femenina, llegó para inaugurar una cruz de piedra de doce metros y medio que se alzaba en lo que entonces era poco más que un descampado a las afueras de la ciudad. Desfilaron quince mil soldados. Trescientas banderas pasaron bajo el sol extremeño. Según las crónicas, más de mil palomas blancas fueron liberadas al cielo. Una multitud rezó el padrenuestro. Más tarde, en el Gran Teatro, se representó una obra cuyo título no padecía ninguna de las ambigüedades que hoy se atribuyen al monumento: ¡Arriba España!
Los muertos de Badajoz apenas habían tenido tiempo de asentarse bajo tierra.
Aquel no era todavía el franquismo nostálgico de los viejos que discuten en los bares ante vasos de vino barato. Franco no era historia. Franco estaba ocurriendo. Todavía se fusilaba a hombres. Todavía desaparecían familias. Lorca llevaba menos de dos años tendido en algún lugar junto a una carretera a las afueras de Granada. El monumento no se levantó para recordar una dictadura cuyo significado se volvería polémico con el paso del tiempo. Lo levantó la dictadura mientras nacía.
Y quienes lo construyeron sabían perfectamente lo que estaban construyendo.
La cruz conmemoraba a los muertos de los vencedores y transformaba la rebelión militar en redención cristiana. El alcalde de Cáceres la describió como símbolo no solo de la redención de la humanidad por Cristo, sino también de la «redención de España». Religión, nación y victoria se fundieron en doce metros y medio de granito poco inspirados. El mensaje podía leerse desde lejos: había habido una lucha entre dos Españas; una había vencido; Dios, por lo visto, había hecho el recuento.
Con el tiempo desaparecerían las inscripciones. Franco moriría. España se convertiría en una democracia. Las placas falangistas serían retiradas en 1984 y generaciones de cacereños crecerían junto a aquella cosa hasta que dejó de ser un monumento político para convertirse en una pieza más del mobiliario urbano: gire a la izquierda en el monumento a la victoria fascista y siga recto hasta pasar la farmacia.
La piedra tiene esa paciencia.
Durante décadas, la cruz se limitó a permanecer allí, adquiriendo poco a poco la mayor protección de la que puede gozar cualquier símbolo político: la invisibilidad.
Entonces algo cambió.
No la cruz.
El aire que la rodeaba.
En abril de 2026, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluyó finalmente la Cruz de los Caídos de Cáceres en su catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenó su retirada del espacio público.
Cabría esperar que la operación resultante fuese bastante sencilla. No había ningún misterio arqueológico que resolver, ninguna prueba de carbono 14 que realizar, ningún legajo de cartas recién descubierto en un desván a las afueras de Olivenza capaz de poner patas arriba el relato histórico. La cruz no había aparecido medio enterrada en un cementerio visigodo, con historiadores peleándose por averiguar qué rey muerto la había colocado allí.
Todo el mundo sabía quién la había construido. Todo el mundo sabía cuándo. Todo el mundo sabía por qué. Los papeles aún existen.
El monumento fue concebido en 1937, en plena Guerra Civil. Lo erigieron las autoridades de la zona sublevada, lo dedicaron a sus muertos, lo adornaron con inscripciones franquistas y Pilar Primo de Rivera lo inauguró en mayo de 1938 ante miles de soldados, cientos de banderas y una ciudad a la que ya se estaba enseñando qué versión de España había elegido Dios. La cruz no había sido secuestrada por el fascismo.
El fascismo construyó la cruz.
La distinción debería resultar banal. Sin embargo, ochenta y ocho años después, se ha convertido en el centro de un extraordinario ejercicio de ingeniería semántica.
La Junta de Extremadura respondió a la orden de retirada iniciando los trámites para declarar el monumento Bien de Interés Cultural: un bien cultural protegido. El objeto que el Gobierno central había identificado como símbolo superviviente de la dictadura quedaba así transformado, administrativamente hablando, en patrimonio amenazado.
De algún modo, el franquismo había conseguido ejecutar la difícil maniobra póstuma de convertirse en su propia minoría amenazada.
Había, sin embargo, un pequeño problema con el paciente.
Su historial clínico.
La propia documentación de la Junta reconocía que el monumento había sido concebido durante la Guerra Civil, que había llevado inscripciones de exaltación a Franco y que su emplazamiento urbano había sido diseñado para ensalzar el nuevo régimen. Una vez establecido todo esto, el mismo expediente proponía que su valor cultural podía considerarse ahora desvinculado de su finalidad conmemorativa original.
Es una frase magnífica en su pequeñez.
Ejecuta esa clase de operación lingüística contra la que Orwell pasó buena parte de su vida advirtiéndonos: no exactamente una mentira, porque los hechos siguen ahí, a la vista, sino una cuidadosa reorganización del lenguaje hasta conseguir que los hechos dejen de significar lo que evidentemente significan.
Al parecer, un monumento puede separarse del motivo por el que fue erigido. Un monumento a la victoria puede separarse de la victoria. Un monumento franquista puede separarse del franquismo. Y hasta una Cruz de los Caídos puede separarse de los caídos.
El objeto cuya protección estudia el expediente de la Junta ya no se denomina oficialmente Cruz de los Caídos. Es, sencillamente, la Cruz.
La Cruz.
Resulta que, a veces, se puede derrotar a la historia simplemente cambiando el nombre del archivo.
Francisco Navarro López, historiador especializado en patrimonio y políticas de la memoria, ha planteado el problema esencial con mayor sobriedad. El error, sostiene, consiste en imaginar que existió en algún momento una cruz religiosa inocente sobre la que el franquismo pegó posteriormente unas desafortunadas decoraciones políticas.
El proceso fue exactamente el contrario.
El franquismo construyó un monumento político con forma de cruz. La forma religiosa no era un elemento accidental de su dimensión política; formaba parte de ella. El nacionalcatolicismo fusionó a Dios, la nación, el sacrificio y la victoria militar de tal manera que el granito pudo seguir haciendo el trabajo de la propaganda mucho después de que los propios propagandistas hubieran muerto.
Quitar las placas no hace que la piedra pierda la memoria.
Queda todavía la cuestión de la cultura.
La declaración de la Junta no se limita a defender que se deje la cruz en paz. Nos pide que la reconozcamos como Bien de Interés Cultural, una de las máximas categorías de protección patrimonial existentes en España. La distinción importa. La indiferencia permitiría que la cruz sobreviviera. El patrimonio exige que la valoremos. Y valor, de pronto, parece habérsele encontrado en abundancia.
La Junta elogia su «lenguaje austero, geométrico y depurado», su monumentalidad, sus cualidades arquitectónicas y su importancia como referente visual en la memoria urbana de Cáceres.
Cabe admirar el esfuerzo.
Uno se planta ante esa cosa rechoncha y prosaica y depurado no es precisamente el adjetivo que se abre paso a codazos hasta el primer puesto. La prosa burocrática es un medio inodoro: puede describir un monumento fascista a la victoria con el vocabulario del urbanismo sin dejar rastro alguno de a qué huele realmente estar a sus pies.
Es grande.
Eso, al menos, puede afirmarse sin temor a equivocarse.
Doce metros y medio de granito y mármol dispuestos en una forma que no había planteado demasiadas dificultades técnicas a los arquitectos cristianos durante el milenio anterior. Incluso los expertos consultados por el Gobierno central concluyeron que el monumento no posee ningún elemento artístico singular, carece de originalidad y guarda escasa relación con las principales corrientes estéticas de la época en que fue construido.
Su singularidad nunca fue artística. Fue política. Ese era precisamente el propósito.
La cruz no se levantó porque Cáceres hubiera producido una obra maestra que necesitase una plaza pública. Se levantó porque el nuevo régimen necesitaba un monumento a su propia certeza. Su tamaño importaba porque al poder le gusta la altura. Su ubicación importaba porque la propaganda necesita visibilidad. Que fuera una cruz importaba porque la dictadura quería fundir su victoria militar con el cristianismo. Despojada de esa historia política, no aparece debajo un Brâncuși olvidado.
Aparece una cruz muy grande.
Y eso hace especialmente interesante la actual invocación de la cultura, porque Cáceres está pidiendo en estos momentos a Europa que convierta precisamente esa palabra en la identidad internacional de la ciudad. Cáceres es una de las cuatro finalistas españolas para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.
El título no es un concurso municipal de belleza. Los criterios europeos hablan explícitamente de diversidad cultural, diálogo intercultural y mayor entendimiento mutuo entre los ciudadanos europeos. De la ciudad elegida se espera que demuestre no solo la riqueza de su herencia, sino también lo que la cultura puede hacer en una sociedad europea, democrática y contemporánea.
Mientras tanto, profesionales de la cultura, artistas, docentes e investigadores de Cáceres se han opuesto públicamente a la declaración como Bien de Interés Cultural, argumentando que un artefacto de propaganda franquista no es ni arte ni cultura y advirtiendo de que su protección encaja difícilmente con los valores que la ciudad reivindica para su candidatura europea.
Hay aquí una ironía lo bastante grande como para merecer su propia declaración patrimonial.
Una ciudad que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura está inmersa en una campaña institucional para redefinir como cultura uno de los monumentos a la victoria del franquismo.
Quizá el jurado europeo debería preguntarle por ello.
No porque poseer un objeto histórico incómodo descalifique a una ciudad para representar la cultura europea. Todo lo contrario. Europa está cubierta de objetos incómodos. Palacios imperiales construidos con el producto del saqueo. Cárceles convertidas en museos. Campos de concentración conservados porque la civilización necesita lugares en los que contemplar sus propios fracasos.
La cuestión no es si una cultura conserva una historia difícil. La cuestión es cómo la conserva, dónde la coloca y qué dice que significa esa historia. Una cruz franquista en un museo, un cementerio o un espacio histórico debidamente contextualizado dice: esto ocurrió. Un monumento franquista a la victoria que ocupa una plaza pública bajo la protección legal de un gobierno democrático dice algo bastante distinto.
Y esto plantea una cuestión que va mucho más allá de la Cruz de los Caídos. Cáceres aspira a convertirse en capital de la cultura europea precisamente en un momento en que Europa se ve obligada a decidir qué exigen exactamente esos valores democráticos que invoca con tanta frecuencia.
Conservar la historia es una cosa. Rehabilitar sus símbolos es otra. Cabe preguntarse si la diferencia le importará al jurado.
Sin embargo, es precisamente la amnesia lo que ahora resulta útil.
El Ayuntamiento de Cáceres insiste en que los cacereños de hoy ya no perciben el monumento como franquista. Es, sostiene el gobierno municipal, un lugar de «reencuentro y concordia», incorporado de manera inocua a la vida cotidiana.
Hay algo maravillosamente circular en esta defensa. Hemos olvidado lo que significa el monumento; por lo tanto, ya no significa eso. El éxito del olvido se convierte en prueba de que nunca hubo nada que mereciera ser recordado.
Así es como los monumentos políticos adquieren su camuflaje más eficaz. No ocultándose, sino volviéndose familiares. Permanecen a plena vista hasta que verlos exige un esfuerzo.
Pero familiaridad y neutralidad no son lo mismo.
Y es aquí donde la polémica actual se vuelve más interesante que una disputa municipal por un viejo pedazo de piedra. Porque a nadie le interesaba demasiado declarar la cruz tesoro cultural protegido cuando Franco se estaba muriendo.
De hecho, ya en los años setenta se había hablado de trasladarla. La ciudad en expansión había engullido el monumento que antaño dominaba el entorno; los bloques de viviendas lo habían sobrepasado e incluso la propia prensa de la dictadura reconocía que estaba perdiendo su carga emocional.
El monumento se había agotado políticamente.
Ahora vuelve a ser políticamente útil.
En mayo, el gobierno municipal del PP en Cáceres interpuso un recurso administrativo contra la orden de retirada dictada por Madrid. Si fracasaba, prometió su portavoz, el Ayuntamiento acudiría a los tribunales. Y, si fuera necesario, añadió, saldrían a la calle.
«La Cruz no se toca».
Hay otro papel incómodo.
El 16 de diciembre de 2004, el Ayuntamiento de Cáceres debatió una propuesta de Izquierda Unida para remodelar la plaza de América. La Cruz de los Caídos sería trasladada al cementerio municipal y la ciudad convocaría un concurso para erigir un nuevo monumento dedicado a la paz y al rechazo de la barbarie.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
Por unanimidad.
El alcalde era José María Saponi, del Partido Popular. Y no un alcalde del PP obligado a arañar votos de una coalición incómoda, sino un alcalde del PP con mayoría absoluta. Sus concejales podían haber tumbado la propuesta ellos solos.
Votaron a favor.
No ocurrió nada. Cambió el gobierno, la cruz siguió donde estaba y pasaron dieciséis años.
Entonces, en 2020, la cuestión volvió a salir a la superficie. Para entonces Rafael Mateos era el líder de la oposición del Partido Popular en Cáceres. Él mismo recordó aquel acuerdo unánime. Trasladar la cruz no era especialmente urgente, dijo, pero los acuerdos eran los acuerdos.
«Lo que hay que hacer es cumplir los acuerdos, la normativa».
Cumplir los acuerdos.
Cumplir las normas.
Seis años después, Mateos es alcalde. El acuerdo no ha cambiado. El monumento no ha cambiado. La documentación histórica no ha cambiado. En todo caso, la ley es ahora más clara.
Mateos sí.
«La Cruz no se toca».
Ahora su gobierno promete recursos administrativos, acciones judiciales y, si fuera necesario, salir a la calle para defender el mismo monumento que su partido votó en su día trasladar y cuya retirada él mismo había dicho que debía llevarse a cabo conforme a lo acordado y a la ley.
No hace falta especular demasiado sobre qué ha cambiado durante estos años. Está sentado en el salón de plenos.
Mateos gobierna con once concejales. Los socialistas tienen diez. Vox tiene dos. La aritmética es de una pulcritud casi ofensiva.
En julio, los concejales del PP y Vox votaron juntos a favor de una moción que defendía la permanencia de la cruz. Al mes siguiente, la Junta abrió formalmente el expediente para protegerla como Bien de Interés Cultural. El Ayuntamiento agradeció públicamente a la presidenta regional, María Guardiola, y a su gobierno su ayuda para garantizar que permaneciera en su sitio.
En 2004, el Partido Popular tenía mayoría absoluta y votó a favor de trasladar la cruz. En 2026 necesita a Vox y declara que la cruz no se toca.
La piedra ha demostrado una constancia llamativa. Sus defensores, bastante menos.
Y luego está el acuerdo con Vox que ahora permite a Guardiola gobernar Extremadura.
Entre los compromisos relativos a impuestos, transportes, vivienda, inmigración y servicios públicos aparece una promesa extraordinaria. El gobierno regional promoverá, dice el texto, la protección y restauración del patrimonio histórico «perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda». Y a continuación pone nombre al objeto que necesita ser rescatado.
La Cruz de los Caídos de Cáceres.
Hay una distancia considerable entre tolerar un monumento y creer que está siendo perseguido. Entre dejar algo en pie y movilizarse en su defensa. Entre olvidar lo que significaba un símbolo y decidir que el problema son quienes se oponen a ese significado.
Es aquí donde la discusión sobre un pedazo de granito en una ciudad de provincias española empieza a oler a algo mucho más grande.
Porque nada en la cruz ha cambiado. Está hecha de la misma piedra. Sigue en el mismo lugar. Sus dimensiones no han variado ni un centímetro. Los documentos de los archivos no se han reescrito solos durante la noche. Pilar Primo de Rivera no se ha convertido en otra persona. La Falange no se ha convertido en una sociedad de jardinería.
Lo que ha cambiado es la disposición de políticos democráticos a gastar capital político en la defensa del monumento y el lenguaje con el que ahora se articula esa defensa.
La cruz se ha movido sin moverse.
Durante décadas, su supervivencia dependió de que nadie reparase en ella. Ahora depende de que se repare en ella, y mucho.
Basta pasar un rato en la sección de comentarios bajo cualquier artículo de prensa o publicación en redes sociales sobre la cruz para que aparezca enseguida otra palabra.
Perdedores.
Ellos perdieron. Ellos no saben aceptar que perdieron. Ochenta y siete años después, los perdedores siguen intentando reescribir el resultado.
Resulta tentador descartarlo como las aguas residuales habituales que se acumulan debajo de casi cualquier cosa publicada en internet. Quizá lo sea. Las secciones de comentarios anónimos no son encuestas de opinión, y mucho menos congresos de filosofía, y probablemente la civilización sobreviviría perfectamente si nadie volviera a leer una jamás.
Pero la palabra me interesa.
¿Perdedores de qué?
Hay derrotas que el tiempo vuelve inofensivas. Partidos de fútbol. Eurovisión. La batalla de Waterloo, salvo que uno mantenga un compromiso especialmente férreo con el bonapartismo. La historia acaba prestándonos el servicio misericordioso de separar a los vivos de contiendas en las que jamás pudieron haber participado.
La Guerra Civil española parece cada vez más exenta de esa regla.
Nadie que escriba ellos perdieron debajo de un artículo sobre la Cruz de los Caídos perdió realmente la Guerra Civil española. La mayoría ni siquiera había nacido cuando murió Franco. Algunos tienen padres que tampoco habían nacido cuando murió Franco. Y, sin embargo, el pronombre ejecuta un minúsculo y extraordinario acto de ventriloquia histórica.
Si ellos perdieron, alguien tuvo que ganar. Y si ellos siguen siendo los perdedores, cabe suponer que nosotros seguimos siendo los vencedores.
Los pronombres pueden ser palabras peligrosas.
Porque los vencedores de 1939 no fueron el Partido Popular. No fueron María Guardiola ni Alberto Núñez Feijóo ni la respetable centroderecha europea. No había una monarquía constitucional, ni una Unión Europea, ni un parlamento autonómico en Mérida, ni un partido conservador democrático esperando pacientemente su turno para gobernar.
Los vencedores fueron Francisco Franco y la rebelión militar que lo había llevado hasta allí.
Fue la Falange.
Fueron los hombres que levantaron esta cruz.
Eso no convierte en fascista a todo aquel que quiera conservarla. Fingir lo contrario sería intelectualmente perezoso, históricamente estúpido y políticamente inútil. Hay quienes ven sinceramente una cruz cristiana; otros la consideran parte ya familiar del mobiliario urbano de su ciudad; algunos desconfían de que Madrid le diga a Extremadura qué puede o no puede conservar en sus plazas públicas; hay quienes rechazan las políticas de memoria histórica y quienes, sencillamente, consideran absurdo derribar un monumento de ochenta y ocho años.
Los motivos importan. Pero también importa el lenguaje. Y ocurre algo extraño cuando un desacuerdo democrático sobre la memoria histórica se traduce al vocabulario de la victoria y la derrota.
Porque ¿quiénes son, exactamente, los perdedores?
¿Federico García Lorca?
¿Los maestros fusilados contra las tapias de los cementerios?
¿Los sindicalistas?
¿Los cargos electos?
¿Los liberales?
¿Los socialdemócratas?
¿Los anarquistas y los comunistas?
¿Los homosexuales encarcelados, golpeados y asesinados?
¿Los jornaleros arrojados a fosas junto a las carreteras extremeñas?
¿Las familias que pasaron décadas sin saber dónde habían enterrado a sus padres?
¿Cuáles de estas personas son ellos?
Y, por tanto, ¿quiénes somos nosotros? No es una pregunta del todo académica en Extremadura.
Basta conducir hacia el sur desde Cáceres para que el propio paisaje empiece a ofrecer respuestas.
La carretera desciende entre dehesas y pastos secos, entre encinas que guardan una distancia prudente unas de otras, como testigos reacios a verse implicados. En algún punto más allá de Mérida están Badajoz y su plaza de toros. En otros lugares quedan tapias de cementerios, fosas junto a las carreteras y campos cuyo aparente vacío engaña. La violencia del verano de 1936 no se quedó encerrada en los libros de historia. Entró en el paisaje.
El avance hacia el norte desde Sevilla acabó conociéndose como la «columna de la muerte» por algo. Los hombres que avanzaron por aquellos pueblos no se limitaron a derrotar a un ejército enemigo. Llevaron a cabo una depuración política en la retaguardia. Alcaldes, concejales, maestros, jornaleros, sindicalistas y personas con la mala fortuna de haberse ganado la enemistad de quien no debían fueron detenidos y asesinados.
A veces, para pertenecer al bando perdedor bastaba con que te denunciara alguien que quería tus tierras, tu puesto de trabajo, tu mujer o vengarse de una discusión ocurrida años atrás.
La victoria no era una abstracción. La victoria tenía cuerpos.
Y después tuvo arquitectura. Eso era lo que la cruz de Cáceres se construyó para proclamar. No simplemente duelo. Ni siquiera simplemente franquismo.
Victoria.
Una España había derrotado a otra España. Una tenía derecho a ocupar el centro de la plaza; la otra podía ocupar el cementerio, si tenía la suerte de recibir una sepultura digna.
Por eso importa el vocabulario contemporáneo de vencedores y vencidos. Porque resucita, quizá sin que muchos de quienes lo emplean comprendan del todo lo que están haciendo, la gramática política para la que el monumento fue construido desde el principio.
Y, cada vez más, esa gramática ya no queda confinada a los comentarios anónimos.
Nadie en el actual gobierno extremeño necesita llamar a nadie perdedor. El lenguaje oficial ha aprendido mejores modales. El acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox habla, en cambio, de patrimonio histórico «perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda». Y entre los objetos que necesitan ser liberados de esa persecución menciona expresamente la Cruz de los Caídos de Cáceres.
Vale la pena detenerse en la transformación.
El monumento erigido por los vencedores es ahora la víctima. Quienes exigen que se aplique una ley democrática se han convertido en los perseguidores. El símbolo de la dictadura necesita que lo protejan de la democracia.
Vox ha llevado la misma inversión al Congreso de los Diputados. Su propuesta sobre la cruz de Cáceres describe las políticas de memoria democrática como un intento de imponer una hegemonía política y cultural y habla de «sectarismo y barbarie», de ataques contra memorias históricas incómodas, de «acoso y hostilidad» del Gobierno hacia el monumento.
Las palabras cambian de sitio los muebles morales.
Víctima.
Persecución.
Barbarie.
Hostilidad.
Es un lenguaje al que le han quitado el hedor, desodorizado precisamente para que nadie tenga que taparse la nariz. Cuando termina la operación, el enorme monumento de granito inaugurado por Pilar Primo de Rivera en plena guerra de Franco se encuentra, de algún modo, encogido de miedo ante el poder opresor de la democracia liberal española.
Casi cabe esperar que pida asilo.
Esta inversión sería simplemente cómica si no formara parte de algo que está ocurriendo mucho más allá de Cáceres.
Durante buena parte del periodo democrático, la derecha española mantuvo una relación a veces incómoda con la dictadura de la que procedía parte de su genealogía política. El Partido Popular no era un partido fascista, ni la España democrática era simplemente el franquismo con corbata. Afirmaciones así vuelven inútil la historia. Millones de españoles conservadores abrazaron sinceramente la democracia, y la alternancia pacífica entre izquierda y derecha en el gobierno se convirtió en uno de los grandes logros del Estado posterior a Franco.
Pero también existía cierta vergüenza.
Había cosas que era mejor dejar quietas.
Franco podía ser defendido en privado por el abuelo de alguien después de una comida bien regada, pero no resultaba especialmente útil en un cartel electoral. La Falange pertenecía al desván incómodo de la casa familiar española. La dictadura podía relativizarse, disculparse, incluso contemplarse de vez en cuando con sentimentalismo, pero difícilmente podía reivindicarse sin matices por alguien que aspirase a ocupar el centro de la política democrática.
Aquella vergüenza importaba.
La vergüenza es una institución política infravalorada. Las leyes limitan la conducta. Las constituciones delimitan los poderes. Los tribunales hacen respetar las fronteras. Pero las democracias dependen también de algo mucho menos tangible: el consenso tácito de que hay ciertas cosas que, sencillamente, no pueden decirse ni hacerse sin situarse uno mismo fuera de la sociedad respetable.
Alemania dio a esta idea un nombre arquitectónico.
La Brandmauer.
El cortafuegos.
Una línea que separa al conservadurismo democrático de la extrema derecha, mantenida no porque todos los votantes que se encuentran al otro lado sean monstruos, sino porque algunas ideas políticas son lo bastante destructivas como para que normalizar a quienes las defienden acabe normalizando también las propias ideas.
España no construyó un muro semejante. O, mejor dicho, durante un tiempo pareció no necesitarlo. La extrema derecha era electoralmente marginal. El franquismo permanecía disperso entre organizaciones nostálgicas, ancianos, fundaciones familiares y alguna que otra concentración en el Valle de los Caídos. El Partido Popular podía albergar dentro de sí prácticamente todo el espectro de la derecha española.
Entonces llegó Vox.
Y ocurrió algo curioso. Primero hubo incomodidad. Después, negociación. Después, acuerdos municipales. Después, gobiernos autonómicos. Después, consejerías. Después, familiaridad.
El olor era fuerte cuando se abrió la puerta por primera vez. Al cabo de un tiempo, todos los que estaban dentro de la habitación dejaron de mencionarlo.
María Guardiola entendió perfectamente aquel olor. Eso es precisamente lo que la hace importante.
Cuando las elecciones extremeñas de 2023 la dejaron necesitada de Vox para gobernar, Guardiola hizo algo inesperadamente admirable.
Dijo que no.
No un no evasivo. No esa habitual combinación política de adjetivos diseñada para dejar seis salidas de emergencia escondidas en cada frase. Explicó qué era lo que le resultaba inaceptable. No podía, dijo, incorporar a su gobierno a un partido que negaba la violencia de género, deshumanizaba a los inmigrantes y tiraba la bandera LGBT a la basura.
«No puedo traicionar mis principios».
Fue una declaración inusualmente clara de un límite democrático. Hay personas con las que discrepo. Y hay personas con las que no estoy dispuesta a gobernar. Durante un breve instante, Extremadura tuvo su propia Brandmauer.
Duró diez días.
Tres años después, Guardiola ya no necesita taparse la nariz.
En abril de 2026, después de otras elecciones y meses de bloqueo político, volvió a alcanzar un acuerdo con Vox. Esta vez no hubo nada de la angustia que había acompañado al primero. Vox entró en su gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías. El acuerdo restringía las ayudas a los inmigrantes en situación irregular, prometía lo que Vox denominaba «prioridad nacional» en el acceso a determinadas prestaciones públicas y comprometía al gobierno a proteger el patrimonio histórico supuestamente perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda.
Entre los tesoros expresamente señalados para su protección figuraba la Cruz de los Caídos.
Guardiola, que en 2023 había dicho que no podía traicionar sus principios gobernando con un partido que deshumanizaba a los inmigrantes, anunciaba ahora que no iba a pedir perdón por gobernar con él.
Esto no convierte a María Guardiola en fascista. La convierte en alguien mucho más interesante.
El extremista convencido nos enseña muy poco sobre cómo el extremismo llega a convertirse en algo cotidiano. Empieza ya en el punto de llegada. Mucho más reveladora es la figura de quien se encuentra más cerca del centro y, al principio, reconoce algo situado fuera de los límites democráticamente aceptables, retrocede ante ello, establece una frontera y después —por necesidad, ambición, acomodo o simple familiaridad— descubre que aquella frontera resultaba sorprendentemente móvil.
Existe un fenómeno fisiológico llamado adaptación olfativa.
Entramos en una habitación donde hay un olor intenso y la sensación puede resultar abrumadora. Permanecemos allí y los receptores empiezan a fatigarse. El cerebro decide que ese estímulo ha dejado de ser información útil. Lo que al principio resultaba insoportable se convierte en ruido de fondo.
El olor no ha desaparecido.
Has desaparecido tú.
Quizá las culturas políticas posean algo parecido. El primer acuerdo escandaliza. El segundo es pragmático. El tercero apenas merece espacio en el periódico.
El político al que antes se calificaba de extremista se convierte en socio de coalición, después en vicepresidente y, finalmente, en el hombre que se sienta a tu lado en la mesa del Consejo de Gobierno.
El lenguaje también migra.
Ideas que antes pertenecían a los márgenes se repiten ahora en instituciones respetables, normalmente mejor vestidas y con los verbos correctamente conjugados. Al final, nadie recuerda por qué se abrió la ventana.
Y entonces, el 6 de septiembre de 2026, Alemania asustó a todo el mundo.
Alternativa para Alemania obtuvo casi el 44 % de los votos en Sajonia-Anhalt. Treinta y nueve de los ochenta y tres escaños. No alcanzó la mayoría absoluta, pero se quedó lo bastante cerca como para que un partido clasificado como extremista de derechas por el propio servicio de inteligencia interior del estado pudiera plantearse formar el primer gobierno regional de extrema derecha de la Alemania de posguerra.
No hubo botas militares.
Hubo papeletas.
Ninguna camisa parda reventó los cristales de los colegios electorales. Nadie suspendió la Constitución.
No hizo falta.
La gente se despertó el domingo por la mañana, preparó café, sacó al perro, quizá llevó consigo a sus hijos, mostró su identificación a los miembros de la mesa electoral y marcó con un lápiz la casilla correspondiente a un partido político.
Casi el 44 % eligió a la AfD.
La reacción fuera de Sajonia-Anhalt fue inmediata, casi existencial.
¿Alemania?
¿Otra vez?
¿Cómo podía el país que produjo a Hitler, las leyes de Núremberg, la Noche de los Cristales Rotos, Auschwitz y el asesinato industrial de seis millones de judíos permitir que la extrema derecha volviera a acercarse al poder?
La pregunta es comprensible. Quizá también sea la pregunta equivocada.
Alemania no ha olvidado el siglo XX. Pocos países se han esforzado tanto por recordarlo. Los niños alemanes estudian el nacionalsocialismo. Los monumentos conmemorativos salpican sus ciudades. Los campos de concentración se han conservado. Los Stolpersteine relucen en las aceras frente a las casas de quienes un día fueron arrancados de ellas. El Estado alemán ha construido toda una cultura cívica alrededor de la idea de que hay determinadas lecciones históricas que no deben olvidarse.
Y Alemania conserva algo que España nunca llegó a construir del todo: la Brandmauer, el cortafuegos que separa a la derecha democrática tradicional de la extrema derecha.
Después del resultado del domingo, Friedrich Merz insistió en que la CDU no colaboraría con la AfD. El cortafuegos, maltrecho hasta casi resultar irreconocible por la aritmética electoral, sigue en pie.
Por ahora.
Pero escuchemos lo que la AfD pide a los políticos conservadores. Dejen de tratarnos como apestados. Reconozcan la mayoría conservadora. Olviden los juegos partidistas. Trabajen con nosotros.
No es un llamamiento a derrocar la democracia. Es un llamamiento a normalizar una relación y dejar de prestar atención al hedor.
Y precisamente por eso importa lo ocurrido en Extremadura. España ya ha realizado el experimento.
Aquí también hubo un cortafuegos, aunque nadie lo llamara así. María Guardiola lo levantó ella misma en junio de 2023, cuando describió las ideas que consideraba incompatibles con sus principios.
Diez días después cambió de opinión.
En 2026, Vox ya tenía una vicepresidencia en su gobierno y la protección de un monumento franquista a la victoria figuraba en su acuerdo de coalición. Por eso asusta lo de Alemania: no porque Sajonia-Anhalt demuestre que los alemanes han olvidado a Hitler. Asusta porque quizá la memoria no baste.
Llevamos ochenta años consolándonos con una determinada teoría sobre el fascismo: que conocerlo nos vacuna contra su repetición.
Enseñemos las fotografías.
Enseñemos la historia.
Conservemos los campos.
Entrevistemos a los supervivientes.
Coloquemos placas en las casas.
No olvidemos nunca.
Y todo eso es necesario.
Pero ¿y si recordar y repetir no fueran cosas opuestas?
¿Y si la gente pudiera saber perfectamente lo que ocurrió y, sencillamente, decidir que la analogía histórica es exagerada, que las circunstancias son distintas, que las advertencias son histéricas, que los extremistas han sido malinterpretados, que las instituciones son lo bastante fuertes como para contenerlos?
¿Y si dijeran:
«Sí, pero esto no son los años treinta»?
Tendrían razón. La historia casi nunca tiene la cortesía de regresar con el mismo uniforme. Ese es el error incrustado en tantas discusiones sobre la extrema derecha contemporánea. Buscamos constantemente a Hitler y nos tranquilizamos cada vez que no lo encontramos.
Pero Hitler es un criterio absurdo para detectar las primeras fases de cualquier cosa. Para cuando Hitler se parece a Hitler, Mussolini a Mussolini o Franco a Franco, las preguntas políticas interesantes ya han quedado resueltas.
La comparación histórica útil no es entre la Europa de 2026 y la Europa de 1942.
Es entre el lento derrumbe de las inhibiciones que permite que una política antes inaceptable pase a estar disponible y la erosión de esas mismas inhibiciones que está ocurriendo ahora a nuestro alrededor.
Miremos a nuestro alrededor en Europa: cambian los detalles, pero el movimiento rima.
En Italia, políticos que cuestionan abiertamente los derechos de las minorías y la integración europea se sientan ahora en los escenarios de los grandes foros empresariales. En Francia, la posibilidad de que la extrema derecha llegue a la presidencia ya no es una fantasía delirante, sino parte del cálculo electoral cotidiano. En Alemania, la AfD acaba de obtener casi el 44 % de los votos en unas elecciones regionales. En España, Vox gobierna junto al Partido Popular en administraciones autonómicas y celebra el resultado alemán como «una esperanza para Europa». De cara a las elecciones del próximo año, los pronósticos apuntan a una cómoda coalición entre ambos; la única incógnita es cuánto peso tendrá Vox.
Lo extraordinario es hasta qué punto todo esto ha dejado de parecernos extraordinario. Ese es el gran logro de la normalización. No convence a todo el mundo. No hace falta. Le basta con reducir el coste social de estar de acuerdo.
La indignación de ayer se convierte en la polémica de hoy, la negociación de coalición de mañana y el trámite administrativo de la semana siguiente. Hasta que, finalmente, lo inimaginable se convierte en una de las casillas del formulario.
Existe aquí la tentación de recurrir demasiado deprisa a la palabra fascismo. La palabra arrastra tal peso histórico que puede aplastar todo lo que queda debajo.
Giorgia Meloni no es Mussolini. Marine Le Pen no es Pétain. Santiago Abascal no es Franco. Alice Weidel no es Hitler. La Europa de 2026 no es la Europa de 1936.
Por supuesto que no.
Ese es precisamente el argumento. El peligro no necesita que la historia se repita a la perfección. Solo necesita que suficientes límites morales que creíamos establecidos se vuelvan negociables.
La igualdad ciudadana de los inmigrantes.
La legitimidad de los adversarios políticos.
La independencia de las instituciones.
La protección de las minorías.
La distinción entre patriotismo y pertenencia étnica.
La convicción de que perder unas elecciones no te convierte en enemigo de la nación.
La convicción de que los muertos del otro bando seguían siendo seres humanos.
Y, a veces, algo tan aparentemente trivial como decidir si una cruz de doce metros y medio, levantada por los vencedores de una rebelión fascista, debe volver a ser tratada como algo digno de defensa.
Porque los símbolos importan precisamente cuando la gente insiste en que no importan.
Los hombres que levantaron la Cruz de los Caídos de Cáceres lo entendían perfectamente. Por eso la hicieron tan grande. Podrían haber enterrado discretamente a sus muertos. En lugar de eso, erigieron un monumento. Lo colocaron donde la gente pudiera verlo. Tallaron su victoria en piedra. Llevaron a Pilar Primo de Rivera. Hicieron desfilar ante ella a quince mil soldados. Alzaron trescientas banderas. Soltaron palomas blancas al cielo extremeño y rezaron bajo un monumento que, según el alcalde, representaba nada menos que la redención de España. No eran gente dada a las sutilezas. Querían que las generaciones futuras supieran quién había ganado.
Durante décadas, paradójicamente, la democracia volvió inofensivo su monumento dejando de prestarle atención. Desaparecieron las inscripciones. La ciudad creció a su alrededor. El tráfico daba vueltas en torno a ella. Los niños aprendían a orientarse tomándola como referencia. Yo mismo pasé tantas veces junto a la cruz que casi dejé de verla.
Quizá ahí debería haber terminado la historia.
Un monumento obsoleto a una certeza obsoleta, desapareciendo poco a poco bajo la indiferencia acumulada de la vida cotidiana.
Pero la cruz ha vuelto a hacerse visible. No porque los historiadores hayan descubierto algo nuevo sobre ella. Porque los políticos han descubierto algo útil en ella.
Primero dejaron de avergonzarse de la cruz. Después la defendieron. Ahora la llaman cultura. Y quizá por eso la pregunta más reveladora no sea por qué una cruz construida por el franquismo sigue en pie en Cáceres. Sino por qué, casi noventa años después, hay quienes vuelven a sentir la necesidad de decirnos que debe seguir estándolo.
Esta vez no habrá humo cruzando el Caya. Ningún corresponsal extranjero estará en una azotea de Elvas intentando averiguar qué arde al otro lado de la frontera. No habrá sangre con un palmo de profundidad contra el muro de una plaza de toros. La historia no tiene ninguna obligación de repetir sus acotaciones.
Quizá sea eso lo que hemos entendido mal sobre el regreso del fascismo.
Seguíamos esperando los uniformes.
Esperábamos botas y antorchas, saludos y escaparates destrozados, algún momento inequívoco en el que la gente decente pudiera señalar y decir: ahí, eso es. Eso es el fascismo.
Pero volvió de otra manera.
Volvió como legislación sobre patrimonio y acuerdos de coalición, debates televisivos y bromas sobre perdedores; como políticos que descubrían que aquellas personas a las que antes consideraban fuera de los límites de lo aceptable conocían a sus abuelos y, además, sabían comportarse en la mesa. Volvió a través de las urnas, lavado, afeitado y con la documentación en regla.
El domingo, en Sajonia-Anhalt, cientos de miles de personas entraron tranquilamente en los colegios electorales y votaron a la AfD. Por toda Europa, los comentaristas se preguntaron cómo era posible que el país que produjo a Hitler y Auschwitz hubiera llegado de nuevo hasta aquí.
Quizá estaban mirando en la dirección equivocada.
A ochenta kilómetros de donde Jay Allen estuvo con el olor de Badajoz prendido en el pelo, una cruz de piedra lleva esperando desde 1938.
Los hombres que la construyeron se llamaban a sí mismos los vencedores. La levantaron antes incluso de que hubieran terminado las matanzas. Durante las décadas siguientes permaneció allí, en silencio, mientras España cambiaba a su alrededor: desaparecieron sus inscripciones, se fue diluyendo su significado y, al final, la gente dejó de verla por completo.
Ahora hay gente luchando por protegerla.
La piedra no ha cambiado. El aire sí. El olor viaja de maneras extrañas. A veces cruza una frontera en una tarde. A veces tarda noventa años en alcanzarnos.
Y, a veces, el momento más peligroso no es aquel en que percibes por primera vez el hedor.
Es aquel en que dejas de percibirlo.
Troy Nahumko es escritor, músico y docente canadiense radicado en Extremadura, tras haber residido en Estados Unidos, Yemen, Azerbaiyán, Libia y Laos. Ha escrito para medios de todo el mundo como The Globe and Mail, The Sydney Morning Herald, The Toronto Star, The Straits Times, DW-World, Counterpunch o El País y actualmente es columnista de Diario Hoy y Lonely Planet. Publicó recientemente su primer libro, Stories left in stone, trails and traces in Cáceres, Spain (University of Alberta Press, 2024).