Crónica

¿Quién mató a Yolanda González?

Este 1 de febrero se cumplieron cuarenta años del asesinato de la activista estudiantil Yolanda González. En este texto de 2013, Jónatham F. Moriche parte de aquel crimen para revisar la intrahistoria de tramas ultras y cloacas del Estado de la España en Transición.

¿Quién mató a Yolanda González?

/por Jónatham F. Moriche/

Uno

El 1 de febrero de 1980 ―cuatro años después de la muerte de Franco, un año después de la ratificación de la Constitución española, un año antes del intento de golpe de Estado del 23 de febrero― la estudiante de diecinueve años Yolanda González Martín es secuestrada, torturada y asesinada en Madrid por una célula de la organización armada ultraderechista Batallón Vasco Español (BVE). Pocos días después, el grupo cae por la delación de uno de sus pistoleros, que resulta ser también agente de policía. El líder del comando, Emilio Hellín, es detenido en casa de otro policía en Vitoria. Entre los implicados figura también un ex-guardia civil, jefe de seguridad del partido fascista Fuerza Nueva. En la operación se incautan explosivos y armamento reglamentario del Ejército, equipo informático y de telecomunicaciones de la Guardia Civil y documentación que señala a la joven asesinada como objetivo de seguimiento policial.

Yolanda González no milita en ETA, como pretenden creer y hacer creer sus asesinos, sino en el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores y en la Coordinadora de Estudiantes madrileña. Se están produciendo, y Yolanda participa activamente de ellas, importantes movilizaciones contra la ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de Centros Docentes, reformas educativas de signo neoliberal que promueve el gobierno de UCD, el partido gestado en el seno del franquismo como salvoconducto democrático para su casta dirigente, y que hereda, material e ideológicamente intacto, el aparato represivo del franquismo: «¡UCD, UCD, la pistola se te ve!», se grita en el funeral de Yolanda (1), como en el de muchas otras de las aproximadamente doscientas víctimas de la violencia policial y parapolicial que jalonan la Transición española (2). El diputado socialista Juan Barranco declara:

¿Cómo los autores de la muerte de Yolanda González obtuvieron en el mercado las armas y los aparatos electrónicos que poseían? ¿Con qué organizaciones, incluso extranjeras […], tenían relaciones los implicados? ¿Qué información tiene el Gobierno sobre el denominado Batallón Vasco Español? [Este asesinato] se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona con instituciones del Estado (3).

Hellín es condenado en 1982 a cuarenta y tres años de prisión, tras una insuficiente instrucción que no profundiza en el entramado ultraderechista ni esclarece sus conexiones con las fuerzas de seguridad. En 1987, aprovechando un inexplicablemente benévolo permiso carcelario, huye a Paraguay, donde colabora con los servicios represivos del dictador Alfredo Stroessner. Allí es descubierto por la prensa, detenido y finalmente extraditado a España. Tras penar un total de trece años, es puesto en libertad en 1996, para desaparecer por completo de la actualidad informativa. Hasta que en febrero de este año el diario El País informa de su nueva actividad como empresario de seguridad privada y colaborador de alto nivel de los ministerios de Interior y Defensa, además de perito de la Audiencia Nacional en casos de terrorismo y crimen organizado. Entre otros servicios, el hombre que en febrero de 1980 descerrajó dos tiros en la cabeza de Yolanda González y arrojó su cadáver a un descampado a las afueras de Madrid «ha impartido numerosos cursos y talleres de formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre teléfonos espía, obtención de evidencias en Mac, iPhone e iPod e interpretación de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles» (4).

Dos.

«Después de Franco, las instituciones», afirma en 1967 Jesús Fueyo, destacado intelectual de cámara de la dictadura. Una transición «de la ley a la ley a través de la ley», define Torcuato Fernández Miranda, jerarca franquista y preceptor del todavía príncipe Juan Carlos. ¿Qué instituciones, qué leyes? Evidentemente, las instituciones y leyes del franquismo, fundadas en la «legitimidad por conquista» del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la terrorífica guerra civil de tres años y un millón de muertos que le siguió.

Desde mediados de los sesenta, la salud del Caudillo se deteriora, y la estructura de poder que subyace a su dictadura ―las «cien familias» que controlan el núcleo duro de la economía española (5)― se moviliza para diseñar una futura España, inevitablemente distinta tras la muerte de Franco, pero aún cosida a medida de sus intereses de clase. Termina la «larga noche de piedra», que dijese el poeta antifranquista Celso Emilio Ferreiro, y comienza la España del turismo de sol y playa, los conciertos de los Beatles y el suave erotismo cinematográfico. Pero no por ello el país deja de ser una dictadura, ni dejan de morir manifestantes en las calles y detenidos en las comisarías. A veces mal entendidas como políticas contradictorias, producto de correlaciones de fuerza cambiantes entre sectores inmovilistas y reformistas del régimen, los movimientos de apertura y represión que se suceden y superponen en la última década de vida del Generalísimo son sístole y diástole tácticas de un único y exitoso movimiento estratégico con el que la estructura de poder franquista se enfrenta a la creciente oposición democrática: castigarla con una durísima represión, pero no para erradicarla ―algo ya imposible a esas alturas, al menos sin una matanza de grandes dimensiones, incompatible también con los intereses de las propias élites―, sino para cribarla, disciplinarla, dividirla e incorporarla, debilitada y desnaturalizada, al proceso de continuación del franquismo más allá de Franco.

«Habrá quien diga que esto es la revolución. Muchos españoles pensamos que es el precio mínimo que hay que pagar para evitarla», explica el jerarca franquista Manuel Fraga solo tres semanas antes de la muerte del Caudillo (6). Y no se escatimarán medios para asegurarse de que ese precio sea, efectivamente, mínimo. Durante la lenta agonía del franquismo y el lento parto del postfranquismo, las temibles compañías móviles antidisturbios de la Policía Armada, organizadas como cuerpos militares y comandadas por veteranos de la Guerra Civil, arrebatan decenas de vidas en las calles de todo el país: «¡tirad con todas las energías, no os importe matar!», vocifera uno de sus mandos a través de la radiofrecuencia policial durante la masiva represión del 8 de julio de 1978 en Pamplona. Los inspectores de la siniestra Brigada Político Social siguen practicando interrogatorios bajo tortura, de los que son víctimas miles de personas en la absoluta impunidad de las comisarías: en enero de 1976 se difunden espeluznantes imágenes del sindicalista Francisco Téllez, en estado crítico tras ser detenido y brutalmente torturado en Barcelona, provocando el primer gran escándalo de derechos humanos de la monarquía parlamentaria. Como respuesta, el Tribunal Supremo declara materia reservada los casos judicializados de tortura e impone restricciones a la prensa para informar sobre ellos.

La violencia clandestina de los escuadrones de la muerte completa este dispositivo de terror, que apenas se molesta en poner sordina al estridente chirrido de sus engranajes. Una y otra vez aparecen evidencias materiales de la implicación de los aparatos de seguridad del Estado en sus atentados, como una y otra vez esas evidencias se difuminan en la instrucción judicial o simplemente desaparecen antes de llegar al juzgado. En una viñeta de la revista Triunfo, un hombre toscamente embozado tras una barba postiza y unas gafas oscuras empuña un arma y una placa de policía gritando «¡Arriba las manos, somos un grupo incontrolado!»: como «grupos incontrolados» refiere el lenguaje político de la época a la enmarañada red de policías, militares, espías, infiltrados, confidentes, delincuentes, pistoleros y propagandistas que, entre 1975 y 1982, comete en torno a un centenar de asesinatos, además de incontables palizas, secuestros, bombazos, incendios y otras formas de violencia contra activistas sociales, sindicalistas, políticos, intelectuales o periodistas, sedes, librerías, editoriales, redacciones, teatros o locales de ocio vinculados a las distintas familias de la izquierda. «¡De día uniformados, de noche incontrolados!», se corea en las calles para denunciar su sangrienta impostura.

En muchos casos se trata de violencia genérica e indiscriminada, un terror de baja intensidad más bien simplemente tolerado que directamente organizado desde el aparato de seguridad estatal. Es el trabajo de las fanáticas bases de los partidos fascistas y sus distintas franquicias paramilitarizadas, capaces de matar a puñaladas o cadenazos a un desconocido en la calle o en un bar por desobedecer su orden de hacer el saludo a la romana o entonar el Cara al sol. Pero otras son acciones concienzudamente preparadas contra objetivos seleccionados para golpear material y emocionalmente a las gentes y organizaciones de izquierdas, como los atentados contra el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras de la calle Atocha (Madrid, 24 de enero de 1977, cinco muertos y cuatro heridos), la redacción de El Papus (Barcelona, 20 de septiembre de 1977, un muerto y diecisiete heridos), la redacción de El País (Madrid, 30 de octubre de 1978, un muerto y dos heridos), la cafetería El Parnasillo (Madrid, 14 de julio de 1979, un muerto y cinco heridos) o la sede del Club de Amigos de la UNESCO (Madrid, 26 de enero de 1980, dos heridos).

Las huellas de los servidores del Estado aparecen, invariablemente, tras cada una de estas acciones. Pero las interconexiones últimas de este terror cualificado se extienden aún más allá del aparato de seguridad español para perderse en la oscuridad de las guerras secretas del ocaso de la Guerra Fría. La élite de la internacional negra ―pistoleros de la OAS colonial francesa, numerarios de la logia golpista italiana P-2 o represores de la Triple A argentina, entre otros― campa por sus respetos en España, integrándose con servicios policiales y de inteligencia en operativos encubiertos de alto nivel, como el que describe uno de los militares españoles que formaron el comando del BVE que asesinó al dirigente de ETA José Miguel Bañarán, alias Argala, en la localidad francesa de Anglet el 21 de diciembre de 1978:

BVE, ATE, Triple A, eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita […]. Ellos [los pistoleros Jean Pierre Chérid, José María Boccardo y Mario Ricci] eran los braceros, los que formaban el segundo escalón del grupo. Estaban bregados en mil batallas y se encargaron del trabajo de campo: localizar, controlar y vigilar a Argala. También buscaron varias casas en la zona de Anglet que nos sirvieran de cobertura y refugio (7).

Por esta red extensa y viscosa circulan, desconociendo fronteras, los hombres, las armas y el dinero. La suya es, dirá el veterano escuadrista Yves Guérin-Sérac, «una lucha de dimensiones planetarias» (8). Puede ocasionalmente caer alguna de sus piezas bajo el peso de esa mano del Estado a la que no dejan saber lo que hace la otra, pero rara vez se consigue iluminar la arquitectura del conjunto. El 10 de julio de 1976, el fiscal Vittorio Occorsio ―que instruye el atentado de Piazza Fontana de Milán (12 de diciembre de 1969, diecisiete muertos y un centenar de heridos) y prepara un maxiproceso contra la organización fascista Ordine Nuovo― muere en Roma acribillado por una metralleta Ingram M-10 (las célebres Mariettas para el fuego a discreción a corta distancia, «capaces de matar a cien personas sin que se enteren en la habitación de al lado» [9]) proveniente de los arsenales del SECED, el servicio de información español creado en 1972 para la lucha antisubversiva, sucesivamente rebautizado como CESID en 1977 y CNI en 2002. A su asesino, Pierluigi Concutelli, que estuvo huido en España tras el atentado de Peteano (31 de mayo de 1972, tres policías muertos y uno herido), se le incauta también una agenda con los datos de contacto de varios agentes del SECED. El juez italiano al cargo del caso, Pierluigi Vigna (cuyo asesinato ya preparaba Concutelli cuando fue detenido por el de Occorsio), «pidió explicaciones a los españoles. En vano. Pese a sus reiteradas demandas, jamás recibió respuesta alguna» (10). En febrero de 1977 serán detenidos, junto al líder ultraderechista español Mariano Sánchez Covisa, nueve compañeros de armas de Concutelli, en relación a un arsenal clandestino desmantelado por la policía en la calle Pelayo de Madrid. La extradición de tres de ellos, solicitada por jueces italianos por el atentado de Peteano y otras acciones, será denegada por España, donde seguirán residiendo tras ser puestos en libertad.

Solo el tiempo terminará por arrojar alguna luz sobre estos secretos de Estado tan celosamente protegidos. En 1985, el escuadrista Giuseppe Calzona relatará cómo desde 1973 un pequeño ejército clandestino multinacional de extrema derecha opera en España, y cómo en 1976 varios de sus soldados son reclutados para la guerra sucia contra ETA por «alguien relacionado con el Gobierno español, y que por ello obtendría, aparte de un buen beneficio económico, la consideración del Gobierno y en su día el poder ser legalizado bajo la identidad que conviniera» (11). En 1990, el juez Felice Casson desentierra, desde el cabo suelto del atentado de Peteano, el entramado de las redes Gladio de la OTAN en toda Europa. Casson recaba testimonios de la presencia de uno de aquellos pistoleros italianos de la calle Pelayo, Carlo Ciccutini, empuñando una de las dos Mariettas de procedencia desconocida empleadas en la matanza de Atocha, y de cómo el líder del grupo, Stefano Della Chiae, «recibía dinero, sobre todo del servicio secreto y de la policía española» (12).

Pero para entonces la Transición ha terminado, la guerra fría ha terminado, España es un país del primer mundo que vive el sueño del desarrollo acelerado y el consumo de masas, que ha ingresado en la OTAN y la Comunidad Europea y está a punto de inaugurar unas Olimpiadas y una Exposición Universal. Gobierna esta España euforizada «una extraña alianza de ex-franquistas lúcidos y ex-izquierdistas pragmáticos» (13), entre los que nadie quiere oír hablar de unos muertos que el paso del tiempo ha vuelto tan incómodos para unos como para otros.

Tres.

En julio de 1977 Rodolfo Martín Villa pasó de último ministro de Gobernación de la dictadura a primer ministro de Interior de la monarquía parlamentaria sin que este cambio de denominación modificase sustancialmente aquella forma de administrar el orden público que le valiese el expresivo sobrenombre de la Porra de la Transición. Aunque tras la muerte de Franco nunca se dictase un estado de sitio de iure, abundan los episodios en que la fuerzas de seguridad sometieron a ciudades enteras y grandes masas de población a estados de sitio de facto, con trágicas consecuencias: 3 de marzo de 1976 en Vitoria (aún con Manuel Fraga en Gobernación y Martín Villa en Relaciones Sindicales; cinco muertos, cientos de heridos); 4 de diciembre de 1977 en Málaga (un muerto, cientos de heridos); 11 de diciembre de 1977 en Tenerife (un muerto, decenas de heridos); 8 de julio de 1978 en Pamplona (un muerto, cientos de heridos); 3 de junio de 1979 en Tudela (un muerto, decenas de heridos),…

En 1978, la comisión de Interior del Congreso investiga los sucesos de Tenerife y Málaga, hace comparecer al ministro (a puerta cerrada) y manda imprimir miles de ejemplares de su informe de conclusiones para, acto seguido, decretar el secuestro de la edición y el secreto de su contenido. Cuando Martín Villa sea ascendido a la vicepresidencia del gobierno ―desde donde seguirá ejerciendo el control político de Interior―, le sucederá el general Antonio Ibáñez Freire, veterano de la guerra civil y de la División Azul española en el frente ruso, donde obtuvo la Cruz de Hierro nazi. A cargo de la Brigada de Información está el comisario Roberto Conesa, cuya extensa hoja de servicios se remonta a la desarticulación de las organizaciones republicanas en España y la Francia ocupada en los años cuarenta, mano a mano con la Gestapo nazi, y la cooperación española con los servicios represivos del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana en los cincuenta. Al mando de la policía uniformada está el general José Timón de Lara, voluntario falangista en la Guerra Civil y veterano de las últimas guerras coloniales españolas en el norte de África. «El ministerio del Interior», resume Fernando González, «alberga en su seno todas las secuelas del régimen anterior» (14).

El gobierno de UCD, anticipando un rasgo que se convertiría en sistémico de la nueva estructura ideológica y jurídica de la monarquía parlamentaria, empleará intensivamente el argumento del antiterrorismo para extender la vigencia de las políticas de seguridad de la dictadura. Eduardo Haro Tecglen escribe, sobre el proyecto de ley antiterrorista presentada por el gobierno a comienzos de 1978, esto es, en pleno proceso constituyente:

Intervención de conversaciones telefónicas, violación de la correspondencia, ampliación de los plazos de la retención preventiva […]. Si todo esto se lleva a cabo, una forma de la tantas veces temida «desestabilización» de la democracia se habrá conseguido ya, y habrá sido el gobierno, que alega como su objetivo fundamental conseguir la democracia, quien lo haya establecido (15).

Si bien es UCD quien gobierna y propone estas leyes, la excepcionalidad antiterrorista permanente va siendo paulatinamente asumida por el conjunto del sistema político. En octubre de 1980, el parlamento aprueba con una amplía mayoría (que incluye los votos de PSOE y el PCE, que habían empezado oponiéndose) una durísima ley de Seguridad Ciudadana. El senador socialista Josep Andreu dirá el día de su votación: «Pido al ministro del Interior desde el fondo de mi corazón que no tengamos que arrepentirnos nunca de haber dado estas facultades extraordinarias que le confiere la ley que hoy votamos» (16).

La amenaza de UCD de endurecer aún más el proyecto, calificando la huelga no autorizada en los servicios públicos como actividad terrorista, resulta clave para torcer la voluntad de los partidos de izquierda. «El hecho», comenta Manuel Sacristán, «documenta bien la completa hegemonía de la reacción en esta democracia» (17). En mayo de 1982, un año después del caso Almería (tres jóvenes confundidos con miembros de ETA, secuestrados, torturados y asesinados por una unidad de la Guardia Civil), un grupo de intelectuales y artistas denuncia:

Consideramos que esta actitud de las autoridades, lejos de contribuir a defender la libertad y la seguridad de los ciudadanos, extiende un clima generalizado de terror y sospecha que puede degenerar en todo tipo de situaciones coactivas y amenazantes y, a la vez, fomentar la insolidaridad ciudadana al hacer de la delación una práctica habitual (18).

Conforme van integrándose en la nueva institucionalidad del postfranquismo, las élites dirigentes (que no siempre las bases) de PSOE, PCE, UGT y CCOO van escapando de la diana de la represión. En cambio, quienes insisten en promover la ruptura democrática con la institucionalidad franquista y transformaciones socioeconómicas significativas la siguen sufriendo en toda su intensidad. Es el caso de la central anarcosindicalista CNT, varios de cuyos afiliados son acusados por el incendio que el 15 de enero de 1978, al término de la primera manifestación autorizada del sindicato en Catalunya, se cobra la vida de cuatro trabajadores del Teatro Scala de Barcelona. Joaquín Gambín Hernández, alias el Grillo, delincuente común infiltrado por la policía en la CNT, juega un papel central en un caso que desencadenará un prolongado y durísimo cerco policial, judicial y mediático y terminará desarbolando a la que entonces era la mayor de las organizaciones de clase abiertamente desafectas al proceso de transición programada.

A pesar de las múltiples denuncias relacionadas con este y otros casos, la gestión del ministro Martín Villa nunca será sometida a investigación judicial. Frustradas sus aspiraciones de suceder a Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno, y tras varias legislaturas como diputado, inicia una exitosa carrera empresarial que le llevará en 1997 a la presidencia de gigante eléctrico Endesa y en 2004 a la del conglomerado mediático Sogecable. En diciembre de 2012, con setenta y ocho años de edad, se incorporará al consejo de administración de la SAREB o banco malo, que administra las decenas de miles de millones de euros de basura hipotecaria adquirida por el Estado en la operación de rescate financiero. «El tránsito desde un sistema autoritario y corporativo hacia una democracia parlamentaria», escribe Mariano Sánchez Soler, «no ha sido demasiado traumático para quienes han sabido manejar las riendas político-financieras de la transición. Un cuarto de siglo bajo la democracia no les ha maltratado. Ese es el balance» (19).

Cuatro.

Aunque para comienzos de los años ochenta el grueso de las bases de los grandes partidos y sindicatos antifranquistas ya han asumido las directrices gradualistas de sus dirigentes, pervive en ellas la esperanza de que la llegada al gobierno de un partido o coalición de partidos de izquierda suponga la satisfacción de algunas de sus demandas históricas, entre ellas las referidas a la democratización de las fuerzas y políticas de seguridad del Estado. Consignas de máximos habituales en la década anterior («abajo los muros de las prisiones», «disolución de los cuerpos represivos») han desaparecido del argumentario de la izquierda mayoritaria, pero aún se propone y espera «un cambio de mentalidad en el concepto de orden público» (20), el rápido retiro de los más notorios represores franquistas y la reapertura de al menos una parte de los casos impunes de violencia policial y parapolicial. Nada de todo ello sucedería.

La relación privilegiada entre el PSOE y las fuerzas de seguridad data de algún tiempo atrás. En octubre de 1974, aún en vida del dictador, el SECED facilita pasaportes a algunos líderes del interior ―entre ellos, Felipe González y varios de sus futuros ministros― para asistir al congreso del PSOE celebrado en la localidad francesa de Suresnes, en el que desbancarán a los líderes históricos del exilio y tomarán el control del partido. No es un episodio aislado, sino una estrategia de largo recorrido. Estas facilidades forman parte de la llamada Operación Promesa del SECED, sobre la que detalla Antonio M. Fernández:

Cargos del SECED entrevistados admiten que existieron fuertes presiones por parte de los servicios norteamericanos y alemanes para que la legalización del PCE se dilatase lo más posible, favoreciendo así que el PSOE recogiera los réditos políticos de la oposición franquista. Los políticos norteamericanos y alemanes habrían pretendido evitar que en España se volviese a reproducir la situación que había vivido Italia con la presencia de un fuerte Partido Comunista (21).

Abundan los testimonios de este trato de favor. El comisario Manuel Ballesteros (sucesor de Conesa en la Brigada de Información en 1979, alto cargo del ministerio de Interior con los socialistas en 1986) explica: «Entre 1964 y 1975 estuve en la información del mundo universitario, muy estrechamente relacionado con la política entonces clandestina. Y lo que viví fue que, a partir de cierto momento, la dictadura propició el resurgir del PSOE, para ahogar al PCE. A los socialistas no se les detenía, a los comunistas, sí» (22). El general Andrés Cassinello (en tareas de inteligencia desde 1968, jefe de división del SECED en 1974, jefe de inteligencia de la Guardia Civil en 1978, alto cargo antiterrorista con el PSOE hasta 1986) afirma: «Les dimos los pasaportes para el congreso de Suresnes […]; los únicos que se movían, y que insistían en la huelga revolucionaria, y en la huelga general política, y en el levantamiento armado eran de vez en cuando los del Partido Comunista, y [de ahí] hacia la izquierda. Claro, si lo que nosotros queríamos era moderación era natural que nos dedicáramos a hacerles la puñeta». Del otro lado de la mesa, confirma la existencia de estos contactos el socialista Luis Solana: «Me encontré militares muy inteligentes […], los he tenido en mi casa […], unos señores de paisano, con una pistola que se les notaba muchísimo […], vendedores de la idea de que el ejército no iba a poner dificultades. Ellos eran capitanes o comandantes en aquella época, y nosotros todavía ni siquiera diputados» (23).

La protección del aparato de seguridad franquista, junto al generoso auxilio económico del SPD germano-occidental y otras fuerzas de la Internacional Socialista, facilitan al PSOE un rapidísimo crecimiento a expensas del PCE y otras organizaciones de izquierdas. Finalmente, los socialistas ganan con una rotunda mayoría absoluta las elecciones de octubre de 1982, enarbolando un programa en el que dificultosamente conviven la proclama genérica de representación de clase y la fidelidad al camino neoliberal asumido en el Pacto de Toledo de 1977. El nuevo gobierno socialista aclarará muy pronto sus verdaderas prioridades ―disciplina salarial, desregulación laboral, concentración financiera, liquidación de empresas públicas― y enfrentará la resistencia de sectores significativos de su propia base electoral, contra los que lanzará sin pudor alguno al mismo aparato de seguridad que discretamente ha acompañado su marcha hacia el poder.

Casi inmediatamente después de tomar posesión, el primer gobierno del PSOE nombra comisario de la Brigada de Información a Jesús Martínez Torres, antiguo interrogador de la Brigada Político Social. Sus víctimas protestan horrorizadas:

Nuestra estancia en comisaría duró nueve días, incomunicados y recibiendo dos palizas diarias. Este señor [Martínez Torres] era quien […] me amenazaba con torturar a mi madre o violar a la que es hoy mi mujer [o] darme cuatro tiros […]. Todavía recuerdo cómo entonces el PSOE compartía la consigna de «depuración de aparatos represivos». ¿Qué ha sido de aquello? ¿Cómo ha sido posible que este señor haya sido nombrado por el propio PSOE? (24).

El ascenso de Martínez Torres ―al que después se acusaría de connivencia con pistoleros del BVE―, como el de otros muchos cualificados represores franquistas, cobra pleno sentido a la luz de la política securitaria de los gobiernos del PSOE. Ya en 1983, el flamante ministro de Interior, José Barrionuevo, socialista de última hora proveniente de las filas del falangismo, promueve una ampliación del acceso policial a información privada que provoca estupor e indignación entre el propio electorado socialista:

Medida vergonzosa e intolerable, propia de las más finas dictaduras, que refleja a Barrionuevo, más que como perteneciente al Gobierno de un país democrático, como un adicto defensor de las mejores normas represivas de las que no hace mucho su partido renegaba […], gravísimo atentado contra las libertades públicas y que ha dejado atónitos y desesperanzados a gran parte de los diez millones de votantes que le han sentado en el sillón que tan mal ocupa (25).

En noviembre de 1983, el delincuente común y confidente Santiago Corella, alias el Nani, implicado en un turbio asunto de corrupción policial, detenido y torturado bajo las amplias prerrogativas de la legislación antiterrorista, se convierte en el primer detenido desaparecido de la monarquía parlamentaria. Desde 1985, el sistemático espionaje ilegal de la Brigada de Información a partidos políticos y sindicatos es asunto recurrente en la prensa, el parlamento y los juzgados. En el curso 1986-1987 los antidisturbios reprimen con dureza al movimiento estudiantil, llegando a emplear fuego real contra una marcha a las puertas del Congreso. En marzo de 1987, la Guardia Civil es expulsada y luego retoma, con medios militares e inusitada violencia, la localidad industrial de Reinosa, matando a un vecino e hiriendo a varios cientos. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 ―convocada por, entre otros sindicatos, el socialista UGT― sufre una severísima represión policial. En 1991, la denominada ley Corcuera o de la patada en la puerta, que amplia aún más las prerrogativas de las fuerzas de seguridad, es recibida con importantes protestas a las que se suma incluso la oposición conservadora.

Ni cambian los hábitos de la violencia uniformada, ni se hace luz alguna sobre la violencia clandestina: pese al cambio de signo político en el gobierno, el Estado mantiene a cubierto sus secretos. Carlo Ciccutini vive en libertad en España ―casado con la hija de un general del Ejército español―, aunque es señalado desde comienzos de los ochenta como el pistolero italiano de la masacre de calle Atocha y está imputado en su país por la de Peteano. Detenido en 1982 y puesto poco después en libertad, su extradición es solicitada por Italia y rechazada por España en 1983 y 1986. «Los apoyos y contactos de los que seguramente todavía hoy goza el imputado en ciertos sectores de los aparatos estatales españoles», se lamenta el juez Felice Casson, «se han revelado más fuertes de lo previsto» (26). Ciccutini solo sería extraditado a Italia en 1998, tras ser detenido en Francia durante un viaje de negocios. En septiembre de 1983, el comisario Juan José Medina es detenido por apropiación irregular de documentos cuando se apresta a volar a Roma, con las fotografías de un centenar de agentes del SECED, para entrevistarse en la cárcel con Pierluigi Concutelli e identificar al proveedor de la metralleta Ingram que había matado al fiscal Occorsio. El caso del comisario Medina se embrollará durante un lustro con el escándalo Rumasa, el espionaje policial a los partidos y las luchas palaciegas en la cúpula del Ministerio del Interior, hasta que Medina sea finalmente absuelto en 1989; por supuesto, el interrogatorio de Concutelli sobre el origen de la Marietta jamás se practicó.

Pero el nuevo gobierno del PSOE no se limita a proteger a los viejos escuadristas de la Transición: a algunos les ofrecerá un nuevo empleo. En 1987, el juez Vigna afirma que «todavía existen sectores de los servicios secretos españoles ligados con los medios del terrorismo fascista italiano, que han sido utilizados varias veces en su lucha contra ETA» (27). Y no se equivoca: desde 1983, el viejo paramilitarismo unionista en el País Vasco se ve revitalizado con la irrupción de una nueva y potente organización, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) ―en realidad, «una nueva estructuración y mejor organización de los grupos operativos en la guerra sucia» de la década anterior (28)―, que comete hasta 1987 una treintena de asesinatos en España y Francia, y cuyas vinculaciones policiales y políticas, un secreto a voces desde sus primeras acciones, no llegarán a los tribunales hasta una década después. Además de centro de mando del crimen de Estado, cometido mano a mano con escuadristas, mercenarios y delincuentes comunes, el ministerio de Interior se revela como insondable lodazal de corrupción económica, confirmando la advertencia de Rodolfo Walsh de que «la violencia policial va siempre acompañada de corrupción. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata» (29): todavía un cuarto de siglo después de las últimas acciones de los GAL, las «sórdidas relaciones entre lucha antiterrorista y tráfico de drogas» (30), forjadas en aquellos años de guerra sucia, siguen aflorando. El monumental escándalo salpica a la entera cúpula de la seguridad del Estado, lleva a prisión a una docena de altos mandos policiales y políticos, entre ellos el ministro Barrionuevo, y arroja sospechas de connivencia, nunca evidenciadas materialmente, sobre el presidente Felipe González. En plena instrucción judicial de la tortura y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cometido en 1983, aunque sus restos no serían identificados hasta 1995, escribe Gabriel Albiac:

De aquellos años infames [de la dictadura] me viene a la memoria el chiste favorito del torturador al torturado: «Pobre imbécil. ¿De qué te sirve todo esto? Cuando los tuyos manden, yo seguiré aquí haciendo el mismo trabajo para ellos. Torturé bajo la monarquía, torturé bajo la república y la dictadura; torturaré bajo la democracia si es preciso. Tú y los pobres idiotas como tú seguiréis recibiendo». Era verdad. Los asesinos de Enrique Ruano y los torturadores de tanto antifranquista de esos tiempos ocuparon, bajo la democracia, responsabilidades policiales privilegiadas. La repugnante Brigada Político Social fue el alambique de la aristocracia represiva bajo el socialismo. Alguien teorizó González tenía que ocuparse de las cloacas (31).

Cuando, en 1996, el Partido Popular de José María Aznar llegue al gobierno, en buena medida, aupado por el crimen de Estado y la corrupción generalizada que afloran en la agonía del felipismo, una de las primeras promesas incumplidas de su programa será la desclasificación de la documentación secreta sobre la guerra sucia contra ETA en posesión del CESID y del Ministerio de Defensa, que hubiera permitido esclarecer hasta sus últimas consecuencias la trama de los GAL. Otro hombre del viejo SECED, el teniente general Javier Calderón, se hará cargo del CESID. En un encuentro con la plana mayor del servicio en octubre de 1996, Calderón habría dicho: «Cuando asumimos una responsabilidad en el CESID asumimos la historia del CESID, y no investigamos nada, porque se rompería el principio de lealtad […]. Esa mutua lealtad no va a ser rota por un sucesor mío, como yo no la rompo respecto a mis antecesores» (32).

De nuevo, nada había cambiado.

Cinco.

La Transición española debe leerse en una clave doble y complementaria: de un lado, local, en tanto transición política de una dictadura personalista a una monarquía parlamentaria; del otro, global, como parte de un proceso amplio e interrelacionado de transiciones hacia el neoliberalismo que se producen durante esa década en países de todo el mundo. Como señala Santiago López Petit:

De 1970 a 1977, se trata de un ciclo de lucha que si bien es específico del Estado español, precisamente por la existencia de la Dictadura franquista, se inscribe en el interior de otro ciclo que se desarrolla en la mayor parte de los países con capitalismo avanzado […]. Del Estado-plan que absorbía y reconducía la autonomía de clase, se pasó al Estado-crisis contra la clase trabajadora (33).

En otros tiempos, la mercadotecnia intelectual del neoliberalismo ofreció un relato idealizado de sí mismo, basado en la centralidad del mercado en la sociedad y la fuerza transformadora de la iniciativa empresarial y la innovación tecnológica: fue tal el éxito de ese producto ideológico, que incluso sus adversarios terminaron por adquirirlo. Hoy sabemos que la historia del neoliberalismo es, sobre todo, una historia de violencia. Como ha descrito Naomi Klein, «esta forma fundamentalista del capitalismo ha nacido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales» (34). Aunque Klein no le dedique un capítulo de su célebre ensayo, la España en transición fue también un escenario de despliegue de la doctrina de choque neoliberal en las décadas de 1970 y 1980. Sus ejecutores españoles nadan a favor de una corriente mundial de recrudecimiento represivo, que si en la periferia toma la forma de golpismo y dictadura (Indonesia, Chile, Argentina,…), en Europa procede mediante la subversión desde dentro de la democracia formal: el ocaso del welfarismo económico es también el ocaso del garantismo jurídico, y con este, del conflicto de clases de baja intensidad, como irá descubriendo la clase trabajadora organizada ―«el enemigo interior», llegará a decir Margaret Thatcher― entre el otoño del 77 italiano y el verano del 84 británico. «El hecho decisivo en la actualidad es que el Estado», escribe Yves Michaud en 1980, «tiende a utilizar todos los recursos positivos de la legalidad y a liberarse de todas las limitaciones correlativas. En este sentido asistimos a una curiosa síntesis entre ley y desencadenamiento de la violencia» (35).

En España el objetivo de esta violencia no es derrocar una democracia, sino administrar su gestación a conveniencia. El programa democrático de las multitudes que desbordan una y otra vez las calles españolas desde 1962 viene preñado de demandas políticas y socioeconómicas que exceden con mucho las concesiones previstas por las élites franquistas y amenazan con obstaculizar la rápida convergencia de España con la oleada neoliberal mundial. Se trata de un riesgo inadmisible, tras veinte años de concienzuda modernización autoritaria y a las puertas de la definitiva internacionalización de la economía española y, con ella, de su clase dirigente: «numerosos ministros del primer gobierno de la monarquía», explica Genaro Campos, «no sólo provenían del campo de la empresa privada, lo que no sería una novedad, sino que han participado y prestado sus servicios en empresas que cuentan con elevados porcentajes de capital extranjero» (36). ¿Un Estado de bienestar a la escandinava, reforma agraria o nacionalizaciones financieras, en una España además desnuclearizada y no alineada? De ningún modo. Para impedir a toda costa que el proceso de transición política pueda derivar en una España a contrapelo de la onda neoliberal, allá donde no llegue la retórica monetarista de Enrique Fuentes Quintana ―académico, ministro y arquitecto económico de la Transición, y no en vano temprano lector y activo divulgador de la obra de Milton Friedman― deberán de alcanzar otras razones más contundentes: la violencia y el miedo.

La Transición española, tantas veces presentada como modélica, estuvo marcada por el miedo. La todavía hoy vigente Constitución de 1978 fue gestada, votada y proclamada bajo el miedo: miedo cotidiano a las porras de la policía y las bombas de los escuadristas, y miedo atávico a un nuevo golpe de Estado y una nueva matanza de demócratas a manos de un ejército aún monolíticamente franquista y «cuya distribución territorial recordaba a la de un ejército de ocupación» (37). Reactivando el recuerdo colectivo, mediante dosis homeopáticas de violencia policial y escuadrista, de la «pedagogía del millón de muertos» de la guerra civil y la posguerra (38), la estructura franquista de poder logró embridar el deseo de cambios radicales de amplios sectores de la sociedad española dentro de los estrechos márgenes de su transición programada, y arrastrar a su terreno a las mayores organizaciones de la izquierda antifranquista, que como premio serían sucesivamente legalizadas tras la muerte del dictador y que muy pronto estarían compitiendo entre sí por exhibir mayor moderación ideológica y más fraterna cordialidad hacia sus antiguos represores.

A cambio de sus servicios, el aparato policial franquista no solo había conseguido la más completa inmunidad por sus crímenes durante la dictadura, sino que había consumado su «expansiva autorreproducción burocrática […] en la consolidación estatal de la nueva democracia», proyectando su «maquínica condición autoritaria» (39) sobre las políticas de seguridad del nuevo régimen constitucional. Para cuando un partido de la oposición antifranquista acceda al gobierno, siete años después de la muerte de Franco, buena parte de las políticas e instrumentos represivos que se habían considerado distintivos del franquismo, y que desde la izquierda se había exigido con tanta vehemencia dejar atrás, se habrían normalizado ya como rasgo sistémico de la joven monarquía parlamentaria.

***

Fue Emilio Hellín quien disparó las balas que mataron a Yolanda González. Pero fue el aparato represivo franquista, ya envuelto en sus nuevos ropajes de seguridad democrática, el que toleró, alentó y en no pocas ocasiones ejecutó la estrategia de la tensión de la que Yolanda y otras muchas personas fueron víctimas, el que luego borró cuidadosamente sus propias huellas mediante pruebas perdidas, dossieres clasificados y extradiciones denegadas, y el que aún hoy, treinta y cinco años de ininterrumpida «autorreproducción burocrática» después, sigue honrando sus compromisos y cuidando de la suerte de algunos de sus veteranos de la guerra sucia contra la democracia.

Las últimas revelaciones sobre el asesino de Yolanda coinciden con un momento de fuerte represión policial y judicial de la protesta social en España, tras cinco años de desbocada crisis económica y en un clima de creciente inestabilidad política, en el que incluso los pilares del consenso constitucional de 1978 son objeto de la crítica de un gran número de ciudadanos. Las actividades de Emilio Hellín no solo constituyen una insoportable ofensa a la memoria de las víctimas de la violencia parapolicial en España, sino también una muy presente y preocupante advertencia acerca del tipo de individuos, lógicas y recursos de que se siguen sirviendo los aparatos de seguridad del Estado y sus sombríos aledaños, y a los que, en estos tiempos de zozobra, podría recurrir, si es que no lo está haciendo ya, para defender su estrategia de «cierre oligárquico» (40) de la crisis, sofocar violentamente el descontento de las muchedumbres en las calles y clausurar por arriba, como ya hicieran con notable éxito hace treinta y cinco años, la expectativa de una genuina ruptura democrática en nuestro país.

Publicado originalmente en Rebelión, 10 de agosto de 2013.

Notas

[1] «Incidentes tras el funeral en Madrid por Yolanda González», El País, 6 de febrero de 1980.

[2] Dada la diferente consideración de crimen político o delito común que distintas fuentes otorgan a muchos casos de violencia policial y parapolicial en España, resulta materialmente imposible establecer una cifra definitiva de sus víctimas. Puede consultarse una comparativa de distintos recuentos disponibles en Juan Manuel GONZÁLEZ SÁEZ: «Balance de víctimas mortales del terrorismo y la violencia política de la extrema derecha durante la Transición (1975-1982)», Historia Actual Online, núm. 27, Universidad de Cádiz, 2012. Los tomos V, VI y VIII del masivo informe Todas las víctimas del terrorismo (ADDH y Gobierno Vasco, Bilbao, 2007-2011) ofrecen una revisión exhaustiva de la mayoría de ellas.

[3] «Procesados los implicados en el asesinato de Yolanda González», El País, viernes, 7 de marzo de 1980.

[4] José María IRUJO: «La vida oculta del asesino de Yolanda», El País, 24 de febrero de 2013.

[5] EQUIPO DE JÓVENES ECONOMISTAS: «Las cien familias españolas», Horizonte español, tomo 1, París: Ruedo Ibérico, 1966.

[6] Manuel FRAGA: «La reforma económica», ABC, 29 de octubre de 1975.

[7] Antonio RUBIO: «Yo maté al asesino de Carrero Blanco», El Mundo, 21 de diciembre de 2003.

[8] Stuart CHRISTIE: Stefano delle Chiae: portrait of a black terrorist, Londres: Anarchy Magazine/Refract Publications, 1984, cap. IV.

[9] Jesús DE LAS HERAS: «La Marietta no es un arma reglamentaria en España», El País, 12 de febrero de 1977.

[10] Xabier MAKAZAGA: «Mariettas de guerra sucia», Gara, 10 de febrero de 2013.

[11] Javier GARCÍA: «Dinero y protección del Gobierno español por los atentados, según Giuseppe Calzona», El País, 8 de septiembre de 1985.

[12] Manuel GRACIA: «La internacional negra y España, en el sumario del juez Casson», El País, 2 de diciembre de 1990.

[13] Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN: «Sobre la memoria de la oposición antifranquista», El País, 26 de octubre de 1988.

[14] Fernando GONZÁLEZ: «Dos muertes inequívocamente estabilizadoras», Triunfo, 29 de julio de 1978.

[15] Eduardo HARO TECGLEN: «El antiterrorismo como antidemocracia», Triunfo, 8 de abril de 1978.

[16] Josep ANDREU i ABELLÓ: «Ley de Seguridad Ciudadana», El País, 23 de noviembre de 1980.

[17] Manuel SACRISTÁN: «Seguridad ciudadana», Mientras Tanto, núm. 6, 1981; reedición en M. SACRISTÁN: Pacifismo, ecologismo y alternativa política, Barcelona: Icaria, 2009.

[18] Javier SÁDABA, Gabriel ALBIAC, Carlos PARÍS y otros: «Ciudadanos normales», El País, 9 de mayo de 1982.

[19] Mariano SÁNCHEZ SOLER: Ricos por la guerra de España, Madrid: Raíces, 2007, p. 311.

[20] «Martín Villa informó, a puerta cerrada, en el Senado sobre los sucesos de Málaga y Tenerife», Informaciones, 16 de diciembre de 1977.

[21] Antonio M. DÍAZ FERNÁNDEZ: «El servicio de inteligencia: un actor político en la transición española», Studia histórica. Historia contemporánea, núm. 23, Universidad de Salamanca, 2005.

[22] Alfredo GRIMALDOS: La CIA en España, Barcelona: Debate, 2006, p. 242.

[23] Carlos BARRACHINA LISÓN: El regreso a los cuarteles: militares y cambio político en España (1976-1981), tesis, UNED, 2002, cap. IV.

[24] D. SOLER: «Denuncia a un torturador», El País, 30 de enero de 1985.

[25] Pilar RODRIGO: «Más sobre el fichero», El País, 14 de mayo de 1983.

[26] Miguel GONZÁLEZ: «Un informe oficial italiano implica en el crimen de Atocha al ultra Ciccutini, relacionado con Gladio», El País, 2 de diciembre de 1990.

[27] Juan J. ALCALDE: Los servicios secretos en España, Universidad Complutense de Madrid, 2008, cap. V, p. 5.

[28] Íñigo IRUIN: «GAL: el espejo del Estado», conferencia, Tolosa, 13 de febrero de 1996.

[29] Rodolfo WALSH: «La secta del gatillo alegre: el enigma de La Matanza», semanario CGT, 1969.

[30] David FERNÁNDEZ: «GAL, policías, narcotráfico y ultraderecha», Diagonal, 10 de septiembre de 2009.

[31] Gabriel ALBIAC: «Tiempo de asesinos», El Mundo, 8 de julio de 1996.

[32] Manuel CERDÁN y Antonio RUBIO: «Calderón prometió al CESID que ni él ni su sucesor investigarían el pasado del Centro», El Mundo, 25 de junio de 2001.

[33] Santiago LÓPEZ PETIT, en ESPAI EN BLANC (ed.): Luchas autónomas en los años setenta, Madrid: Traficantes de Sueños, 2008, p. 21.

[34] Naomi KLEIN: La doctrina del shock, Barcelona: Paidós, 2010, p. 43.

[35] Yves MICHAUD: Violencia y política, Madrid: Ruedo Ibérico, 1980, p. 142.

[36] Genaro CAMPOS: «Los dos primeros gobiernos de la monarquía y sus relaciones con el poder económico», Cuadernos de Ruedo Ibérico, núm. 51/53, mayo de 1976.

[37] Manuel RUIZ ROBLES: «Estaba en marcha un golpe duro para el 2 de mayo de 1981, organizado por el sector más fascista del Ejército», entrevista de Salvador LÓPEZ ARNAL, Rebelión, 28 de julio de 2013.

[38] Santiago ALBA RICO: «La pedagogía del millón de muertos», Rebelión, 9 de junio de 2006.

[39] Carlos MOYA: «Lógica la situación», El País, 21 de noviembre de 1991.

[40] Íñigo ERREJÓN y Jorge MORUNO: «Casta style!», Público, 22 de enero de 2013.


Jónatham F. Moriche (Plasencia, 1976), activista y escritor extremeño. Ha publicado textos de análisis político y crítica cultural en medios como El Salto, La Marea, Eldiario, Rebelión o Diario Hoy.

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