/ por Andrés Montes /
Paradojas de la historia, el rey emérito se ha convertido en la mayor amenaza para la Monarquía. Disparan desde dentro. La lógica interna de una forma de Estado regida por la herencia complica la cancelación de culpas de padres a hijos, incluso aunque estos últimos hagan expreso su propósito de romper con lo anterior. El vínculo no se corta: es lo que legitima la posición del sucesor y todo va implícito en la aceptación del legado, en este caso el trono. Más todavía si el hijo sigue al amparo del mismo blindaje constitucional que permitió al padre comportamientos que lo han llevado al reverso tenebroso de la historia.
El retorno de Juan Carlos I, doblegado por el peso de los años, pero libre de toda imputación legal, ofende esa mínima conciencia ciudadana de los que lamentan que ni siquiera haya pedido disculpas, como si su reclamación de perdón de abril de 2012 —sin propósito de la enmienda, requisito indispensable para lavar cualquier pecado, según la vieja doctrina— no hubiera colmado ya el vaso de la inconsecuencia. El emérito se ha convertido en un personaje incómodo en su propia Casa, pero por estrictas razones de preservar el privilegio de la descendencia. Ese distanciamiento, junto con una mayor disposición a la transparencia, es un elemento crucial del cortafuegos que se pretende levantar en torno a Felipe VI. Intentos todos ellos de asear una Monarquía que ha dejado al descubierto un rostro que conocíamos bien por la historia: borbonear era eso que hacía el emérito ya antes de serlo.
El pretendido lavado de cara choca con un muro constitucional, el de la inviolabilidad del Rey en cualquier circunstancia mientras ocupe el trono. Ese privilegio, que siempre estuvo en la Ley Fundamental sin un amplio cuestionamiento público, se ha convertido ahora en un nudo gordiano, imposible de desatar por la ausencia de un consenso sobre cualquier reforma de la Constitución y su complejo proceso, pensado por unos legisladores desconfiados de las posibles veleidades futuras del pueblo soberano. Seguimos sin escapar del bucle de la Transición. La norma clave de todo el ordenamiento jurídico, sustanciación formal de ese tiempo, se ha transformado en un férreo corsé y fuente de desafección política para nuevas generaciones abonadas a los populismos de distinto signo.
En lo tocante a una forma de Estado ya de por sí anacrónica, la Constitución mantiene dos rasgos atávicos propios de un Rey que está por encima de los códigos de la ciudadanía, lo que en una sociedad democrática abre preocupantes vías de agua para la institución monárquica. La biología se ha encargado de que la preeminencia sucesoria del varón no sea un problema hoy. La ofensiva postergación de la mujer, sumada a la imagen de la femineidad que transmite una reina labrada a golpe de cirugía, esa forma de negación del propio cuerpo, daría mucho que hablar sobre la falta de sintonía de lo real con lo social, pero eso es otro asunto.
Al mostrar la auténtica dimensión de su inviolabilidad y su total irresponsabilidad, el segundo atavismo constitucional, el emérito deja al descubierto un privilegio que conecta con la monarquía de rasgos absolutos. Sin llegar a la reforma constitucional, falta incluso la voluntad de explorar posibles cambios legislativos que permitan restringir esa inimputabilidad al ejercicio del cargo y desligándola de conductas personales, como sugieren algunos juristas. Los autodenominados constitucionalistas —en muchos casos los mismos que prefieren saltarse la norma básica antes que dejar de controlar la justicia «desde detrás» y hacen buena la declaración de intenciones del infame Cosidó— ven en cualquier propuesta de modificación un ataque a la forma de Estado. La socialdemocracia timorata defiende con la boca pequeña la supresión de la inviolabilidad, pero en la práctica bloquea cualquier debate político sobre esa modificación. Hay un pánico paralizante a que desde la derecha y más allá se la acuse de sumarse a los que ven la oportunidad de un salto republicano, hasta ahora sin respaldo mayoritario. En esa tensión no resuelta entre el inmovilismo y quienes consideran que deben cobrarse una pieza que la historia les hurtó, la Monarquía está en el que quizá sea su momento más bajo desde su restauración.
Signo de esa decadencia son los cortesanos, mayormente mediáticos, que se apresuran a arropar al hijo tras reconocer que ocultaron lo que hacía el padre. Con la asunción sin sonrojo de esa irresponsabilidad se alinean con la impunidad del emérito. Para el Rey es un abrazo mortal de las élites fallidas que todavía encuentran refugio en la patrimonialización de la Transición.
Felipe VI es un rehén de su padre, del tiempo de su padre y del cerco de sus acérrimos defensores. Más allá del debate ideológico en torno a la forma de Estado, resulta obligado pensar sobre la democracia en la que queremos vivir y si en ella encaja un Rey libre de la ley.
Andrés Montes Fernández (Aramil, Siero, 1960) es periodista. Licenciado en Filosofía, fue redactor jefe de La Nueva España y responsable de su suplemento de cultura.
Totalmente de acuerdo. Felipe VI es rehén de su padre, pero también es rehén de la Guerra Civil, rehén de la dictadura, rehén del miedo durante la transición a la democracia, rehén de la censura y del silencio, de los periodistas ejerciendo de publicistas, y rehén de los partidos políticos de botín que si ayer tenían miedo a los militares, hoy tienen miedo a perder su género de vida.
Se me olvidada señalar que la monarquía es rehén de los juristas y constitucionalistas que ejercen de teólogos.