/ por Edu Nauram /
A vista de águila, la situación política de las democracias occidentales está hoy por hoy en un impasse ideológico. Durante muchas décadas, la narrativa política continua que ha florecido a raíz de los choques entre Gobierno y oposición ha reposado sobre el pilar de una cuestión fundamental: la legitimidad en sí misma del Estado y la disyuntiva entre el sector público y el sector privado. Hemos llegado a un punto de estancamiento total, no porque se haya llegado a un acuerdo tácito, una posición común que trascienda el problema, sino porque ambos bandos han agotado su energía al ir materializándose la constatación de que ninguna posición maximalista que niegue la mayor de la otra tiene una legitimidad suficiente que nos permita viajar a la siguiente época política.
La caída del bloque soviético ha ofrecido al mundo una lección sobre las consecuencias de montar el Estado como ente que lo acapara todo, y la covid-19 ha reforzado ante la opinión pública la idea de que necesitamos al Estado como agente coordinador. Cualquier discusión sobre su existencia general e interrelación con la sociedad civil debe mantenerse en el plano de la teoría política y las ideas platónicas por lo menos durante un siglo más. Ya si eso, después de que el cambio climático remita y ya no exista la desigualdad social, una utopía risiblemente lejana, se podría argumentar que el Estado podría no ser tan necesario. Y de todas formas, ¿qué podemos opinar nosotros sobre lo bueno y lo malo en 2150? Nada.
En cualquier caso, hay una cuestión que sí que debe ser planteada de forma prioritaria, que toca de lleno la línea de flotación del debate sobre la configuración del Estado: el manejo de la información pública y privada de cada persona física y jurídica. Estas últimas décadas, la explosión de las tecnologías informáticas y el auge de las redes sociales y los servicios vía Internet ha generado situaciones políticas inauditas a las que las instituciones políticas no han sabido reaccionar con agilidad. Empresas como Facebook, Google y demás han guardado una cantidad impresionante de información valiosa de todos, y a veces la han usado de forma que a la gente no le ha sentado nada bien. Han demostrado que no son un custodio en el que se pueda confiar con plena paz. Por otro lado, históricamente hemos visto que un Estado con el acceso impune a la información de sus ciudadanos puede cometer actos aterradores sin oposición.
La sociedad se encuentra ante una aparente dicotomía: ¿a quién confiarle la gestión y almacenamiento de datos: a las empresas o al sector público? Ninguna respuesta es convincente, por las experiencias pasadas. El drama no solo se limita a esta cuestión presente, sino que, y esto es algo que se discute mucho menos, está siendo un tapón político que impide que la revolución de la logística y la adaptación de la administración pública a las nuevas tecnologías llegue al sector público de forma plena. Nos estamos perdiendo una cantidad de productividad impresionante en un momento histórico de carrera contrarreloj contra el cambio climático. Hay que actuar, y rápido. No disponemos del ir y venir multisecular para ir rumiando apaciblemente cómo ir montando y desmontando el sistema institucional. El planeta se está yendo al carajo.
Por suerte, hay una solución de compromiso que personalmente no he visto plantearse aún en ninguna parte, pero que es necesaria para desencallar el tapón ideológico. La solución radica en la postulación de que hay que replantear el sistema de separación de poderes y aplicar al momento presente la cuestión primordial que la generación de Montesquieu se planteó en la Ilustración: ¿cómo puede el poder detener al poder? Hace dos siglos y medio, el problema era que el Rey no podía ser fuente de derecho y sujeto de derecho al mismo tiempo (era un impasse lógico en la teoría del derecho), y se temía la tiranía del rey, que podía gobernar de forma impune. Estos y otros problemas parecidos dieron lugar a la división entre ejecutivo, legislativo y judicial, historia que conocemos todos.
El problema que inmoviliza a la sociedad presente es el de la posesión de la información. Se teme dar la información al Estado porque este podría usarlo para tiranizar a la población e infringir las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos. De hecho, esto ya está pasando en china con su sistema de puntuación por créditos y su gran firewall, y al mundo occidental no le gusta un pelo lo que se están montando los chinos. Pero hay que prestar atención a la cuestión. El miedo en verdad se da, no a que el Estado tenga la información, sino a que la tenga el poder ejecutivo, ya que es este quien tiene las fuerzas de seguridad y la administración pública a su disposición y por tanto la capacidad de actuar tiránicamente sobre el ciudadano. El legislativo y el judicial no pueden proyectar por sí solos ningún poder en la práctica sin acceso a los policías y los burócratas.
La solución, por tanto, consiste en que de la misma forma que el judicial no puede cambiar las leyes que usa para juzgar a un ciudadano mientras lo está juzgando, y el legislativo no puede interpretar y aplicar las leyes que escribe, el poder ejecutivo tiene que pasar por un proceso de mitosis: se debe instaurar el poder informativo, o registral. Este poder ha de detentar el monopolio al acceso a toda la información disponible en la sociedad, pero no debe poder actuar con ella. De la misma forma, el ejecutivo no debe poder guardar ninguna clase de información sobre las personas físicas y jurídicas, y debe pedirla explícitamente al poder registral para poder ejecutar lo que el poder legislativo le permite que ejecute.
Imaginemos por un momento qué pasaría si esta reforma constitucional se llevase exitosamente a cabo. Voy a detallar una serie de ejemplos que ayudarán a percibir el cambio de paradigma total que se puede llevar a cabo:
Lo más importante es que cada ciudadano podría tener acceso a su propia cuenta estatal, en la que estaría guardada y bien protegida toda su información personal. Por ley, todas las redes sociales y empresas de servicios tendrían que traspasar la información personal del ciudadano al Registro del Sistema Informativo.
Todo ciudadano tendría una cuenta personal, como mínimo, con la que podría ir usando todos los servicios digitales que necesitare, de igual forma que hoy por hoy muchos usamos nuestra cuenta de Google o la de Facebook.
Esta cuenta tendría su propia nube de almacenamiento de archivos (como Gdrive), fotos y demás información, sin límite de espacio (no los 15 GB de límite de las empresas tecnológicas).
Al tener todo el mundo una cuenta oficial estatal, los bots prácticamente desaparecerían de las redes sociales y se terminaría la incertidumbre sobre algunas formas de manipulación social.
Cada persona podría guardar sus mensajes y conversaciones privadas con mayor paz mental, y el robo, la extorsión o la humillación pública serían más fácilmente punibles.
La cuenta ciudadana también se usaría para centralizar todas las bases de datos del sector público: la sanidad, el sistema educativo, y tantos otros sistemas burocráticos. La cantidad de papeleo y dolores de cabeza que desaparecerían sería francamente impresionante.
El DNI se podría usar para todo, incluido como medio de pago, que se pueda usar en todos los cajeros y terminales en comercios. También podría usarse como tarjeta de transportes. Cualquier persona podría subirse a cualquier bus, tren u otro medio de transporte público del país y no preocuparse por el pago.
Los comercios lo tendrían mucho más fácil para fidelizar a sus clientes, y estos para aprovecharse de promociones y ofertas, dado que hoy por hoy se considera un engorro hacerse la tarjeta de cliente o ir acordándose de qué ofrece cada sitio por separado. También sistemas como la red de bibliotecas públicas del país se podrían centralizar de cara a la experiencia del usuario.
Se podrían derribar todos los peajes, tanto los físicos como los peajes a la sombra, y pasar a un modelo en el que cada vehículo debería tener un chip localizador, y aplicar al usuario tasas de pago por uso de autopistas, carreteras, o calles, en función de por dónde pase. Además, los vehículos terrestres podrían tener prohibición automática de acceso a ciertos sets de coordenadas que sean zonas privadas o peligrosas, como lo tienen los drones, lo que aumentaría la sensación de seguridad en los propietarios de vivienda sobre todo rural, y ahorraría costes de rescates.
En materia de drogas, el sistema registral podría cooperar con el usuario para ofrecerle un sistema de dispensación de drogas mientras va monitorizando la frecuencia de uso, con toda la privacidad y discreción posibles, con el objetivo de moderar los hábitos de consumo y ayudar a rehabilitar a los usuarios.
Reformar el sistema de pago de pago de impuestos mediante la interacción con la cuenta estatal, agilizando mucho todos los trámites con hacienda, tanto en el pago del IRPF como los pagos de los autónomos, y cualquier otro impuesto. Además, se podría eliminar la regresividad del IVA aplicando un sistema de tipos variables en función de la renta del usuario. De este modo, un producto de supermercado a un estudiante se le añadiría un IVA de 5%, y a un millonario un IVA del 200%, por poner un ejemplo.
La cuenta también podría albergar y una infraestructura para almacenar acciones de empresas, inversiones, planes de pensiones, monederos para criptomonedas y demás instrumentos financieros.
El mayor control de flujos de dinero, posible mediante estas cuentas estatales, que deberían ir ligadas a las cuentas del euro digital que está preparando el BCE, ayudaría a eliminar la economía sumergida, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Se podrían poner chips de localización en mascotas y en personas tuteladas, con alzhéimer por ejemplo, sin temer que nadie a quien no le incumbe saberlo sepa donde están. Una vez más, la cuestión es que el sistema almacene la información, pero exista un sistema de permisos de acceso salvaguardado por el poder informativo. En este caso, únicamente el Ministerio de Sanidad (o incluso un departamento específico del ministerio) tendría acceso a esos datos, mientras que ningún otro ministerio o institución pública podría verlos.
Se podría programar una plataforma informática que gestionase los contratos laborales de todos los trabajadores del país. Una empresa, si quisiera contratar mano de obra asalariada a la que se le aplicase el estatuto de los trabajadores, tendría que abrir una cuenta en este sistema informático, en el que la gestión de los salarios y la Seguridad Social serían automáticas. Desaparecerían la contratación en negro, los retrasos en los salarios, y en general muchos abusos empresariales.
Esta plataforma informática daría acceso automático a una infraestructura logística para una sección sindical, disponible para cada trabajador. También tendría datos públicos sobre salarios de trabajadores.
El sistema de correos estaría manejado con los datos del sistema registral, igual que los servicios de localización de envíos.
Al sistema registral se le añadiría el registro mercantil, y se podría trabajar para que los programas contables de todas las empresas españolas estuvieran permanentemente conectados con el Registro, lo que no solamente aumentaría la transparencia empresarial que tanto se echa en falta hoy por hoy, sino que además ayudaría a revolucionar la gestión económica y logística del país, al tener un acceso muchísimo más involucrado a los datos macroeconómicos en tiempo real.
En paralelo a una reforma robusta del catastro, que actualmente está que da asco estéticamente además de ser muy opaco, se podría construir un programa catastral en el cual estuviera desplegado un mapa nacional que combinase la información de Google Maps con la del catastro, y la de los planos de las viviendas, para montar un sistema de alertas por incidencias, reparaciones y ofertas de obras de poca monta de construcción y mantenimiento.
En este sistema catastral se tendrían que integrar los portales inmobiliarios como Idealista, etcétera, y la capacidad de gestionar datos de oferta y demanda junto con la participación con el sector público local ayudaría a crear un sistema de vivienda más justo y socialmente deseable.
Y bueno, podría haber un sistema electrónico ágil de votaciones y consultas políticas, que una vez tuviera robustez y fiabilidad, a la larga acabaría revolucionando el sistema político tal y como lo conocemos. Realmente ese es el melón por excelencia que nos depara el futuro, lo queramos o no.
En definitiva, la instauración del poder registral, la institución, el ministerio de registro, del Registro (análogo a la Judicatura), la imposición del principio de filosofía del derecho de mínima información disponible para el ejecutivo, puede parecer a primera vista una reforma más bien técnica y de poco interés para el gran público, pero está destinada a ser la llave de paso para revolucionar el sistema político, y convertir la maquinaria del Estado en un conjunto descentralizado de islas de gestión, en las que cada ministerio o institución pública tendría acceso particular a ciertos datos que el resto no tendría (datos sanitarios de pacientes para acceso exclusivo del Ministerio de Sanidad, por ejemplo). Esta descentralización del ejecutivo limitaría sobremanera la capacidad de tiranía del Estado, y liberarían al alto ejecutivo y el gabinete presidencial para que se ocuparan de liderar de forma especializada en ámbitos de política territorial, climática, presupuestaria, exterior, etcétera, con mayor efectividad.
Y sobre todo, nos permitiría a todos pasar página de los últimos capítulos políticos de los últimos cien años, que tanto han girado alrededor del debate a estas alturas pueril sobre qué es el Estado, y si nos alegra o nos causa miedo que exista. Para eso, hay que comprender la diferencia fundamental entre Estado y Sistema. El Estado es el monopolio del uso de la violencia; el Sistema es el monopolio del guardado de información. El mejor futuro político es el que garantiza la inconfluencia entre ambos fenómenos mediante la separación de poderes.
Edu Collin Hernández (Amberes [Bélgica], 1995), hijo de belga y española, graduado en economía, y educado en el núcleo duro del Opus Dei catalán, ha vivido su juventud a caballo de entornos frikis interneteros, y comunidades hippies y new age. Psiconauta empedernido, escribe sobre la conexión entre las experiencias místicas y el surgimiento de entramados institucionales, y otros temas relacionados.
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