/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
Que la polarización sirve a los déspotas para cerrar sus filas y lanzar mensajes de peligro a quienes caigan en el error de oponerse a sus decisiones y propuestas no es nada nuevo. Lo lamentable es que en una democracia madura caigamos en esa trampa. Lo digo a sabiendas de que algún lector me recriminará mi frontal oposición a las decisiones del Gobierno relativas a amnistiar a los delincuentes y primar unas regiones sobre otras. Pero debo negar la mayor. Sigo siendo una persona de izquierdas, comprometida con la igualdad de todos los ciudadanos y el respeto a las diferencias, incluso las de opinión. Que me declare insumiso frente a las mentiras y cesiones del actual gobierno no creo que me sitúe en la oposición al PSOE; en todo caso a su dirección actual, y de ninguna manera contribuye a que me adhiera a las políticas del PP, que, dicho entre nosotros, por no saber no sabe ni hacer oposición.
En un momento de crispación y crisis como el actual, con partidos populistas que aparecen y desaparecen sin dejar frutos positivos para los ciudadanos y con la xenofobia, el racismo y el supremacismo en plena ebullición, creo que es el momento de buscar caminos de cooperación entre las fuerzas de centro, sean de izquierda o de derecha, y activar mecanismos que fuercen a la colaboración entre todos los representantes de los ciudadanos en las instituciones.
A nivel local propondría una drástica reducción del número de concejales a elegir, limitando el mismo a los imprescindibles para llevar a cabo la acción de gobierno. Esto evitaría la creación de consistorios monocolor frente a una oposición reducida al papel de comparsa, favorecería la trasparencia y permitiría la cooperación de todos los elegidos en la proporción en que hayan recibido el apoyo de sus conciudadanos.
A nivel provincial y autonómico sería imprescindible eliminar las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, las diputaciones y las delegaciones ministeriales (muchas de la cuales corresponden a ministerios con sus competencias traspasadas a los gobiernos autónomos), evitando duplicidades de funciones y traspasando las competencias de delegaciones y diputaciones a los gobiernos autonómicos que, ellos sí, actuarían como delegados del Gobierno central para resolver los problemas de quienes viven y trabajan en su territorio, velando por la igualdad de oportunidades y servicios más allá de diferencias de riqueza, población o lenguas que se hablen en cada lugar. No me negarán que eso abarataría los costes de la administración, favorecería el diálogo entre personas que, todas, habrían sido elegidas, no designadas, y eliminaría conflictos de competencias.
En cuanto a las discutibles figuras de los asesores, que siempre actúan como elementos de fricción al favorecer la designación de afines antes que la búsqueda de expertos, sería partidario de que las tareas de asesoramiento pasaran a ser obligación de las universidades, que deberían poner al servicio sus conocimientos a los gobernantes fueran del color político que fueran, sin sumisiones ni rechazos.
Las medidas anteriores podrían favorecer la cooperación entre diferentes y primar las capacidades frente a la sumisión a las direcciones de los partidos; por lo que favorecerían la cooperación y evitarían polarizaciones que, si bien hoy favorecen a los unos, mañana serán su perdición.
Evidentemente, todo lo anterior debería estar adobado de una crítica sincera de la ciudadanía que, junto con el voto en las elecciones pertinentes, constituirían las bases de la participación ciudadana. No me negarán que simplificar el marco político reforzaría la colaboración y participación ciudadanas y nos ahorraría insultos y descalificaciones que pretenden afianzar la posición de militantes sometidos a una férrea disciplina.

Miguel de la Guardia es catedrático de química analítica en la Universitat de València desde 1991. Ha publicado más de 700 trabajos en revistas y tiene un índice H de 77 según Google Scholar y libros sobre green analytical chemistry, calidad del aire, análisis de alimentos y smart materials. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es editor jefe de Microchemical Journal, miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y es Premio de la RSC (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV.
Descubre más desde El Cuaderno
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Interesantes reflexiones de Miguel , es evidente que la estructura de la administración pública requiere revisión sobre su funcionamiento ( no debería ser una agencia de empleo para políticos fieles ) y claro , cómo cualquier organización “tradicional “, necesita adelgazamiento . Respecto a los asesores se trataría de seleccionar ,con fórmulas creativas , a los que más pudieran aportar en función de la materia y que no siempre pueden estar en la Universidad ni tampoco en los cargos relevantes de instituciones de todo tipo ( asociaciones , sindicatos, Colegios profesionales ….) .
Si reduces el numero de concejales, aumentas el numero de gobiernis monocolor en los ayuntamientos en vez de disminuirlo.
A partir de aqui he dejado de leer