/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
Mis sufridos lectores, que están soportando quincena a quincena mis opiniones sobre los pecados capitales, echarán de menos algo de virtud en estas páginas. Lo fácil sería volver a tirar de catecismo y diccionario y replicar las virtudes teologales y cardinales, pero como este no es el mundo académico y no se trata de inflar curricula, dejo por el momento la fe, la esperanza y la caridad e incluso renuncio a la ejemplaridad de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza como virtudes cardinales, para perderme en jardines preelectorales tratando de definir, como elector, lo que para mí, como ciudadano, deberían ser las virtudes de cualquiera que aspirase a ser votado por sus méritos y no por aversión a otras listas de candidatos o adhesión incondicional a las siglas bajo las que se presente; que ese ejercicio es harto doloroso y frustrante y aboca a una merma constante de la participación ciudadana en los procesos electorales.
A pesar de mi intención de alejarme del catecismo, lo cierto es que somos un país con hondas raíces cristianas y, por ello, no puedo dejar de alinear junto a la honestidad, la sinceridad, la inteligencia y la bondad las susodichas virtudes cardinales. Soy consciente de que esta selección es arbitraria, basada en mi propia concepción de la actividad política como servicio a todos los miembros de la sociedad, y también reconozco la fina línea que deslinda algunas de las características apuntadas; puesto que, probablemente, la sinceridad sea un caso particular de honestidad, y ambas, requisitos indispensables de un comportamiento inteligente y bondadoso. Además, prudencia, justicia y templanza no solo serían virtudes cristianas, sino que acompañarían como atributos imprescindibles a la inteligencia. Así pues, elevar a ocho el número de virtudes políticas es un intento de poner el foco en cada uno de los antedichos aspectos del comportamiento público de los representantes políticos, y a cada una de las anteriores virtudes dedicaré una columna diferente para que el lector considere las mismas y su trascendencia en el gobierno de las instituciones.
Tenga el lector en mente que las virtudes que me propongo desgranar las presentaré en el marco de una democracia parlamentaria en la que la elección de los representantes se limita a un periodo de tiempo, pero en la que las consecuencias del ejercicio público se extienden en el medio y largo plazo, por acción u omisión, por lo que es de vital importancia para la comunidad que el comportamiento de quienes detenten obligaciones legislativas o ejecutivas sean intachables ante la ley, pero también ante la historia. Un buen gobierno hace avanzar a un país y a su entorno, mientras que uno malo daña las instituciones en el corto plazo, hipoteca al país en el medio y el largo y puede causar la ruina de los ciudadanos o impulsarlos a guerras y desastres que van desde el impago de la deuda pública hasta la pérdida de derechos consolidados, la destrucción del patrimonio nacional e incluso la vida de los ciudadanos. Seamos, por lo tanto, conscientes de la trascendencia de elegir bien a nuestros representantes y, para empezar, acabemos con la aceptación de listas cerradas, que alejan a los ciudadanos del conocimiento de sus representantes, seamos tremendamente escrupulosos con la igualdad en la representación de los votos; de manera que si a un ciudadano le corresponde un voto, el valor de los mismos sea idéntico en toda las circunscripciones, sin elementos discriminatorios que favorezcan a unas zonas respecto de otras y con normas que eviten que nadie se enquiste en los cargos públicos. Además, seamos austeros en cunto al número de representantes necesarios.
Espero que algún candidato lea la serie que lanzo a las páginas de El Cuaderno y evalúe críticamente su idoneidad y, lo más importante, confío en contribuir a la educación de un nuevo tipo de votante, más exigente con sus representantes y crítico con sus actitudes y comportamientos.
Inteligencia
No pienso que el coeficiente intelectual haga a unas personas mejores que otras, pero no me negarán que un buen nivel de inteligencia es imprescindible para gestionar los asuntos públicos y que sería necesario que los candidatos a cualquier puesto de representación o cualquier nivel alto de la Administración acreditaran su nivel intelectual. Esta, que no otra, es la razón del acceso a los puestos de la administración a través del sistema de oposiciones. Por cierto, haríamos mal en aceptar las medidas sugeridas por algunos políticos para modificar los sistemas, de manera que bajo pretexto de discriminaciones «positivas» de género o lenguas minoritarias o de la creación de nuevos sistemas de acceso que favorezcan la «democratización» de la carrera judicial aúpen la mediocridad de los afines para que, sobre la base de la adhesión incondicional a los líderes, se pudieran modificar drásticamente los resultados de los procesos de selección.
La inteligencia política no debería ser nunca una medida de la capacidad de resistencia para maniobrar con el fin de mantenerse en situaciones de privilegio, ni la valoración de artimañas sucias para engañar a propios y extraños. Esa supuesta inteligencia no es solo el recurso de los autócratas para acaparar el poder en torno a su persona: es un atentado contra los ciudadanos y una traición a las promesas electorales en aquellos casos en los que los supuestamente inteligentes gestores accedieran al poder a través del sistema democrático, y ejemplos del mismo son moneda de curso legal en muchos países.
La inteligencia, como virtud política, debería dirigirse a la apreciación del mayor número de variables que pudieran afectar, o ser afectadas por, la toma de decisiones. Un político inteligente debe tener una mirada sagaz y amplitud de miras en la valoración de las prioridades en el corto y largo plazo, olvidando la creencia general de que el mundo se acaba al final del periodo electoral y no deben ponerse en marcha iniciativas que pudieran rentabilizar los adversarios políticos en el caso de que les ganasen las elecciones. La inteligencia no debe asociarse con el egoísmo, pues el cálculo de los propios intereses en la evaluación de las decisiones es siempre un síntoma de debilidad e incapacidad para gestionar los asuntos públicos. Al contrario, las capacidades intelectuales deben ponerse al servicio del bien general y harían bien las personas decentes en arrinconar en sus propios partidos a los listillos y aupar a personas de talla intelectual y humana cuyo liderazgo pueda ser apreciado por propios y extraños.
Sin inteligencia no puede haber acción política coherente y adaptada a la realidad que no hipoteque el futuro y no cree más problemas de los que resuelve, pero sin las apropiadas dosis de honestidad y bondad difícilmente la acción política podrá hacerse en beneficio de todos y ello puede ser la causa de desafección y desilusión en los electores aunque en un principio apoyaran a los candidatos sobre la base de una buena campaña electoral y promesas que no se cumplieron.
Seamos, pues, exigentes con el nivel intelectual de nuestros candidatos y no temamos su capacidad de análisis, sino, al contrario, su oportunismo y su servilismo. Solo los mediocres e inseguros gustan de rodearse de personas con menores capacidades que las suyas y eso en el gobierno de un país y en sus cámaras legislativas es letal para el futuro.
Miguel de la Guardia es catedrático de Química Analítica de la Universitat de València desde 1991. Tiene un índice H de 88 según Google Scholar y ha publicado más de 900 trabajos en revistas del Science Citation Index con más de 34.600 citas,5 patentes españolas, 4 libros sobre Green Analytical Chemistry (Elsevier, RSC y Wiley), un libro sobre Calidad del Aire (Elsevier), 2 libros sobre Análisis de Alimentos (Elsevier and Wiley) y un libro en dos volúmenes sobre Smart materials en Química Analítica (Wiley). En la actualidad está preparando un libro sobre Nuevas sustancias sicoactivas con un contrato con Elsevier. Además ha publicado 12 capítulos de libros. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es Editor jefe de Microchemical Journal (Elsevier), miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y Premio de la RSEQ (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV y colabora con El Cuaderno desde mayo de 2021.
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Gracias Miguel por tu artículo. Cuatro cosas.
1. La prudencia, justicia y templanza no son virtudes cristianas, son griegas. Ya figuran, entre otras, en La Ética a Nicómaco de Aristóteles.
2. El sistema actual de selección de jueces es el que “aupa a los afines”, la gran mayoría conservadores. Por cierto, no existe ese sistema recitativo y memorístico en otros países europeos.
3. ¿Cómo se acredita el nivel intelectual? ¿A partir de que Coeficiente de inteligencia propones que puedan dedicarse a la política?¿120?, ¿100? ¿130?
4. Creo que había muchos nazis con coeficientes superiores a 130.
Un abrazo.
PD. Seguiremos atentos al resto de virtudes.
Como siempre Miguel, un placer poder leerte tus comentarios con un sentido común aplastante; estoy de acuerdo contigo en que sobran políticos en número y en mediocridad por no decir nulidad absoluta en el desarrollo de sus ,supuestas, funciones en favor del ciudadano.Tambien nos falta un sistema de control que evite al autócrata y sus desmanes económicos que afectan a las siguientes generaciones, pero no a los culpables de ellos… En fin Miguel un placer poder leerte.