/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
Si la política es, en mi opinión, el servicio a la comunidad, llegar al Gobierno debería ser el colmo de la aspiración política y, sin lugar a dudas, significa la posibilidad de resolver los problemas de los ciudadanos y adaptar las estructuras y las leyes del país para afrontar los retos del futuro y no solo una manera de acceder a los privilegios de una denostada casta, como se ha evidenciado en alguna formación.
Después del triunfo de la Revolución francesa ya nada que sea justo y razonable puede hacerse sin respetar la libertad, igualdad y fraternidad de los seres humanos, y a eso es a lo que se deberían dedicar en cuerpo y alma los gobernantes.
Lo anterior puede entenderse tanto a nivel local como autonómico o aplicarse al gobierno de la nación, aunque a nadie se le oculta que los primeros niveles tienen un alcance limitado. Por ello, miremos las decisiones de gobierno, respetando los ámbitos de cada administración.
En España, la mayoría de las políticas sociales están transferidas a los gobiernos locales y autonómicos y ya desde estas páginas destaqué mi asombro ante el aumento imparable de las personas sin hogar en la ciudad de Valencia y, en este caso, me sorprendió que la Generalitat valenciana no adoptara desde el principio políticas activas de construcción de viviendas sociales y, por el contrario, no daba crédito a la cicatería del ayuntamiento del señor Ribó con la institución Casa Caridad ni la inacción del anterior conseller de Vivienda, a la sazón de Podemos, en lo tocante a la construcción de vivienda social, aunque las últimas decisiones del Consell parecen haber sacado de su pereza a los representantes del gremio.
No entiendo que los ayuntamientos deleguen en las instituciones benéficas el socorro a los empobrecidos por el sistema y su mal gobierno y que, además, lo hagan de forma un tanto miserable, priorizando otras áreas como los gastos suntuarios y de representación o el uso de las lenguas minoritarias. Por otra parte, si las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad, no entiendo la razón de que no estén trabajando ya en mejorar un sistema que ya no es lo que fue.
En lo tocante a la acción del gobierno a nivel general, no entiendo que al Gobierno central se le llene la boca con proclamas en favor de eliminar la pobreza infantil y criticar los beneficios de las empresas, mientras por incompetencia o por intereses espurios no asumen una reforma fiscal que baje los impuestos a las clases desfavorecidas (que ya hacen bastante con abonar los impuestos sobre el consumo) y recurra al ardid de eliminar la obligación de realizar la declaración de la renta, lo que permite que el Estado se quede con las retenciones efectuadas sobre los salarios más bajos. Una reforma de los impuestos directos es la acción que esperamos los contribuyentes y ya en estas páginas sugería que, si el Estado ahorra en gastos innecesarios de representación, siempre podrá mantener un nivel de recaudación apropiado, reduciendo los impuestos a las clases bajas y medias y elevándolos a quienes más reciben de la sociedad; aunque en este caso la mejor forma sea la de eliminar deducciones inapropiadas o puertas falsas para evitar el pago de impuestos. Esto y no delegar en las cadenas de distribución el abaratamiento de la cesta de la compra o financiar con dinero público los carburantes de propios y extraños serían las políticas que mejor aliviarían el incremento de costes de quienes ya no pueden soportarlos. Lamentablemente, no parece ser esto lo que los gobiernos reaccionarios de Macron y Sánchez quieren hacer, pues resulta más efectista sacarse de la chistera bonos culturales y descuentos que, con el consejo de sus múltiples asesores, pueden tener un rédito electoral más alto, aunque contribuyan a que todo siga igual o, en el caso español, denostar a los empresarios desde las instancias gubernamentales en lugar de colaborar con ellos, y facilitar su inserción en un sistema fiscal justo; pero todo ello con argumentos y pedagogía y no con insultos y descalificaciones.
Adaptar y perfeccionar el sistema tributario español, no repartir subvenciones. Construir vivienda social, no mirar para otro lado frente a la ocupación de viviendas ni pretender que sean los propietarios quienes asuman la responsabilidad de ofrecer alquileres asequibles. Mejorar los servicios públicos de sanidad, seguridad ciudadana y educación y no dejar que se deterioren mientras se dedica una parte importante del presupuesto al pago de asesores, gastos innecesarios y de propaganda. Eso sería gobernar y quien ofrezca lo anterior tendrá mi voto. No quien pretenda convencerme de que es más progresista porque va de progre y su discurso está mejor maquillado.
Miguel de la Guardia es catedrático de química analítica en la Universitat de València desde 1991. Ha publicado más de 700 trabajos en revistas y tiene un índice H de 77 según Google Scholar y libros sobre green analytical chemistry, calidad del aire, análisis de alimentos y smart materials. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es editor jefe de Microchemical Journal, miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y es Premio de la RSC (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV.
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