Okupación

/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /

Es lamentable que en este país no podamos hablar ni ponernos de acuerdo ni tan siquiera en los temas en los que coincidimos, y sirva de ejemplo la ocupación ilegal de viviendas. Se tiende a generalizar que, desde una postura conservadora, la ocupación de viviendas debe considerarse un delito y arbitrar medidas urgentes de protección a los propietarios y desalojo de quienes, fuera del marco de la ley,  se mantienen en viviendas que no son de su propiedad. Por el contrario, se considera progresista mantener a raya a los propietarios defendiendo a ultranza los derechos de inquilinos que no puedan o no quieran abonar lo estipulado en los contratos y apoyar a las personas sin hogar que ocupan una vivienda.

A despecho de la simplificación que suponen las afirmaciones anteriores, es evidente que si vamos analizando caso por caso, nos encontramos con enormes coincidencias de criterio que, esas sí, deberían servir de base para cualquier gobierno en lo tocante a la resolución de estos conflictos. En cuanto a la actividad de las mafias que revientan las puertas de viviendas en construcción o temporalmente desocupadas por sus legítimos propietarios, es evidente que todos apreciamos la necesidad urgente de una actuación rápida de la policía y la justicia para desalojar a quien no tiene ni tuvo nunca documentos que acrediten su propiedad o arrendamiento del local en que se alojan. Esto debería provocar una actuación inmediata en defensa de los propietarios, con independencia de la situación personal y familiar de los desalojados, pues es evidente que las mafias venden o alquilan a personas desesperadas y vulnerables para, de esa manera, burlar a la justicia. En este punto confieso que, desde la ignorancia e ingenuidad de votante y contribuyente, no me explico que todavía no se hayan puesto en marcha juzgados y actuaciones policiales que conduzcan a desmantelar las mafias de la ocupación con el apoyo del total de las cámaras. Además, resulta obvio que la protección a las personas sin techo es una obligación del Estado y sus administraciones y no una lotería que asigne a los particulares tal responsabilidad.

Más difícil es llegar a un consenso en lo tocante a la desocupación legal de viviendas que estuvieron alquiladas a las personas que continúan en ellas. Aquí, como en otros casos, la incompetencia de los legisladores ha dado en aprobar leyes que permiten que cambios en los propietarios de una vivienda o malinterpretaciones de los plazos y las condiciones de arrendamientos den lugar a abusos por parte de los dueños de los locales. No voy a defender la vieja ley de arrendamiento, que aseguraba el derecho de por vida a los inquilinos y daba lugar a situaciones grotescas en las que el pago de los tributos y los servicios superaba con creces a los ingresos, pero se me antoja que no sería tan difícil arbitrar medidas de contención que evitaran subidas injustificadas de alquiler o el desalojo de inquilinos sin motivos justificados, garantizando simultáneamente los derechos a la propiedad y a la vivienda. En cualquier caso, la protección de las personas en riesgo de exclusión, de nuevo, no puede ser una tarea delegada en los ciudadanos.

Dejar en manos de los particulares la negociación de los precios de los alquileres y poner coto a las arbitrariedades en su renovación y la rescisión de los contratos; así como ajustar los tipos de tributación sobre los rendimientos de bienes inmuebles en función de su uso como vivienda familiar, arrendamiento temporal a estudiantes o trabajadores desplazados y alquiler turístico, serían, junto con una actuación rápida de la justicia y la policía, las claves para evitar la desprotección de propietarios e inquilinos y contribuirían a la resolución del problema de la ocupación.

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Miguel de la Guardia es catedrático de Química Analítica de la Universitat de València desde 1991. Tiene un índice H de 88 según Google Scholar y ha publicado más de 900 trabajos en revistas del Science Citation Index con más de 34.600 citas,5 patentes españolas, 4 libros sobre Green Analytical Chemistry (Elsevier, RSC y Wiley), un libro sobre Calidad del Aire (Elsevier), 2 libros sobre Análisis de Alimentos (Elsevier and Wiley) y un libro en dos volúmenes sobre Smart materials en Química Analítica (Wiley). En la actualidad está preparando un libro sobre Nuevas sustancias sicoactivas con un contrato con Elsevier. Además ha publicado 12 capítulos de libros. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es Editor jefe de Microchemical Journal (Elsevier), miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y Premio de la RSEQ (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV y colabora con El Cuaderno desde mayo de 2021.