/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
La irrupción de los jóvenes indignado en las plazas de las ciudades españolas en lo que se denominó movimiento 15-M, del 15 de mayo de 2011, acabó llevando a la formación Podemos al Congreso de los diputados y luego al Gobierno de la nación. Las purgas llevadas a cabo por el sector del señor Iglesias, la incompetencia de la mayoría de los ministros de Unidas Podemos, la pésima gestión de municipios como el de Barcelona a manos de la señora Colau y el acaparamiento de privilegios por las cabezas visibles de la formación han dado lugar al desengaño profundo de muchos de los que les votamos. Eso, que no conjuras fascistas ni del IBEX-35, es la razón de los descalabros electorales que se han ido sucediendo y que, después de las elecciones locales y autonómicas, presagian la desaparición de esa formación a pesar de la operación Sumar, que trata de recomponer el espacio del PCE, pero sin desligarse de los compañeros de viaje de Unidas Podemos, que, a su vez, han iniciado la operación de acoso a quien ose atentar contra su líder fundador.
Entre las razones del desengaño, la principal es la incapacidad de los recién llegados para plasmar las reformas que necesita la sociedad española en leyes coherentes, que no generen problemas de interpretación ni den paso a recursos; para lo cual se precisa una mayor estatura intelectual de ministros y directores generales y no tantos asesores y ostentación de medios de transporte oficiales. Así, su avidez en acaparar los privilegios de casta que tanto criticaran ha sido la seña de identidad de su actuación, más allá del discurso populista. No es de extrañar que después de las patéticas actuaciones de las señoras Montero y Belarra y de los señores Castells, Iglesias y Garzón al frente de sus ministerios, los votantes de izquierdas se sientan inclinados a no votar e incluso, dados los mensajes aterradores del sanchismo amenazando con la llegada al poder de Vox, estén dispuestos a votar al PP para evitar una coalición con los anteriores y propiciar el relevo del señor Sánchez y su corte de posibilistas al frente del PSOE.
No: el supremacismo nacionalista nunca puede considerarse una posición progresista, ni en lo tocante a la nación ni a las autonomías. El incremento de la presión fiscal, favorecida por la inflación, no se está empleando para mejorar los servicios médicos, la enseñanza, la seguridad y la justicia, sino para apesebrar a un rebaño de asesores, mientras los nuevos pobres deben acudir a las instituciones de caridad para pagar créditos, alquileres, recibos de gas, agua y luz y hasta la alimentación.
Estoy harto de escuchar a una serie de atildados ministros que gobiernan para la gente, mientras los niveles de pobreza y desigualdad no paran de crecer en nuestro país. Además, algunas de las medidas que se nos venden como diques frente al aumento de los precios, como la subvención indiscriminada de los combustibles, llegan de igual manera a los contribuyentes que pagan el impuesto de tráfico de vehículos y pasan la inspección técnica de vehículos, como a quienes adquieren el combustible en nuestro país sin pagar aquí sus impuestos, mientras el señor Navarro se atreve a decir cínicamente que debemos aceptar la idea de pagar por usar autopistas y autovías que se pagaron con nuestros impuestos. Si hubiera un ápice de inteligencia en el gobierno actual, asociarían pagos y subvenciones al hecho de no contribuir o de pagar los impuestos en España, pero eso supondría trabajar y no parecen tener ganas.
Esperemos que las elecciones locales y autonómicas sirvan para que los políticos de este país asuman que su tarea es la de servir a los ciudadanos y no la de servirse de ellos en su provecho.
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