/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /
En los sistemas democráticos, la separación de poderes asegura que no se ejerza un gobierno despótico sobre los ciudadanos, favorezca tan solo a los correligionarios o persiga a cualquiera que no piense de manera idéntica a los gobernantes. Así, aunque el Gobierno tenga la capacidad de impulsar las leyes, el hecho de que solo corresponda al ejecutivo la ejecución de las medidas aprobadas por el parlamento dentro del marco legal y que la aplicación de las leyes corresponda a un sistema judicial de probada capacidad asegura que los ciudadanos estemos a salvo de la arbitrariedad de gobernantes omnipotentes o torpes, que los partidos deban negociar y pactar las normas con la oposición, así como controlar la actividad del Gobierno y que sean los jueces quienes apliquen las leyes.
Por todo lo anterior, no es de extrañar que se haya montado un enorme revuelo en torno a las últimas y urgentes medidas legislativas propiciadas por un Gobierno con fecha de caducidad a finales de este año y con connotaciones partidistas e ideológicas en muchas de las propuestas.
La eliminación del delito de sedición en favor de los golpistas, la reducción de penas a los corruptos que desviaran fondos a sus correligionarios, una ley trans que más que ayudar a la integración de todos los ciudadanos parece estar diseñada al servicio del legislador y su propaganda y crea numerosas situaciones difíciles de predecir, como la adscripción fraudulenta de género, son algunas de las iniciativas sospechosas de estos últimos tiempos.
La prisa y la mala técnica jurídica parecen ser el denominador común de la frenética actividad legislativa del gobierno y sus aliados y da la impresión de que el pago de favores y la intención de recubrir la actividad de la cámara de una apariencia de progresismo social son los objetivos de muchos de estos proyectos.
Ya ha ocurrido con la llamada ley de solo sí es sí, que por incompetencia y excesos ideológicos ha dado en beneficiar a los delincuentes desprotegiendo a muchas de las víctimas. Eso ha ocurrido por la soberbia de gobernantes con un reducido apoyo electoral y un escaso nivel de formación, aupados al ejercicio del poder por la debilidad de un presidente que antepone su proyecto personal al bienestar de su país. Además, las críticas indiscriminadas al poder judicial y la sugerencia a los medios de no informar sobre las reducciones de condenas provocadas por su error han acabado de evidenciar la falta de actitud democrática de quienes pretenden gestionar la acción de gobierno como un chiringuito personal. Lo mismo cabe esperar de las últimas iniciativas que acabarán favoreciendo a los delincuentes en perjuicio de ciudadanos y contribuyentes.
La ministra Montero siempre me pareció una persona exaltada y con escasas luces, aupada al poder por razones puramente ideológicas y hambrienta de disfrutar de los privilegios del cargo. Honestamente pienso que eso es así con independencia de su sexo, de su género, de su estado civil y de su adscripción ideológica. Además, permítanme opinar que su izquierdismo exhibicionista y el de su camarilla no tienen nada que ver con el progresismo. Sé que estas afirmaciones, basadas en la simple observación, me harán acreedor de todo tipo de reproches y serán calificadas de reaccionarias, cuando no de fascistas. Nada más lejos de la adscripción ideológica de quien votara a Izquierda Unida y Podemos, convencido de que pudieran ser un freno a la corrupción y un soplo de ideas nuevas, capaces de regenerar la política española. Lamentablemente, ninguna de mis esperanzas se ha cumplido y los partidos a quienes votara se han demostrado incapaces cuando no corruptos, mientras el señor Sánchez se empeña en destruir a su partido; por lo que se entiende que los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y de Aragón se apresuren a tomar distancia respecto del gobierno central para no desalentar a sus votantes.
Por otra parte, no es conveniente que la oposición parlamentaria se pierda en insultos y descalificaciones generales y sería bueno que entrara a pormenorizar los datos que permitan que los conciudadanos evalúen la calidad de las leyes aprobadas; porque eso, la justicia y calidad de las leyes, es la garantía de la convivencia.
Miguel de la Guardia es catedrático de química analítica en la Universitat de València desde 1991. Ha publicado más de 700 trabajos en revistas y tiene un índice H de 77 según Google Scholar y libros sobre green analytical chemistry, calidad del aire, análisis de alimentos y smart materials. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es editor jefe de Microchemical Journal, miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y es Premio de la RSC (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV.
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