Propietarios e inquilinos

/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /

Hace treinta años me sorprendía que la mayoría de mis amigos y colegas franceses y alemanes vivieran en pisos de alquiler en grandes ciudades como París o  Berlín, pero también en pequeñas ciudades como Maguncia; y a ellos les llamaba la atención la obsesión de los españoles por ser propietarios de sus viviendas habituales. Las crisis económicas supusieron una crítica feroz de nuestros vecinos del norte a los llamados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), con acusaciones de vivir por encima de nuestras posibilidades, gastar más de lo que ganábamos y no invertir en planes de jubilación. Lo que olvidaban los críticos del resto de Europa era que nuestras hipotecas eran nuestros planes de jubilación, un esfuerzo enorme para ahorrar cada mes el importe de las letras, a pesar de las ayudas gubernamentales que permitían desgravar los gastos de adquisición de la vivienda habitual en la declaración de la renta.

Un buen amigo, multipadre como yo, presumía de que también la más joven de sus hijas se había metido, con su ayuda, en la firma de una hipoteca; puesto que eso suponía una garantía de ahorro y moderación en sus gastos y la posibilidad de disponer de un patrimonio para futuros imprevistos.

La constitución de una hipoteca no dejaba de ser un negocio lucrativo para los bancos, que se aseguraban una buena rentabilidad de sus créditos con la garantía de las viviendas. Además de aumentar su valor con el tiempo, estas habían sido parcialmente abonadas por los compradores en una gran proporción a través del importe de la llamada entrada y de unos primeros meses, incluso años, en los que tan solo se abonaban intereses. Por otra parte, las nuevas viviendas eran un motor para la fabricación y venta de muebles y electrodomésticos.

A pesar de que el tipo de interés que pagué por mi primera vivienda era del dieciocho por ciento, mejoraba con creces las ventajas de los planes de jubilación, puesto que las supuestas desgravaciones se convertían al final en gastos adicionales para los contribuyentes cuando recuperaban su inversión, a la vez que, independientemente de la marcha de los mercados, los bancos se aseguraran el cobro de sus beneficios previamente a la liquidación de los planes contratados.

Hoy, el debate sobre el incremento de los costes de la vivienda ha pasado a limitarse a la reducción y control de los gastos de alquiler y eso me hace pensar que, como sociedad, hemos renunciado a que las futuras generaciones sean propietarios de sus viviendas.

Por supuesto, cualquier esfuerzo que se haga para ofrecer la posibilidad de ejercer el derecho a una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, es bienvenido y los electores deberían castigar en las urnas a los mentirosos que en campaña electoral prometieran la construcción de centenares de miles de viviendas sociales y la desamortización de los inmuebles vacíos del Ministerio de Defensa en los cascos de las ciudades y no han hecho nada al respecto. Aun así, creo que el debate debería enfocarse en la adquisición de la vivienda habitual como forma de garantizar el bienestar y el ahorro de los ciudadanos.

Construir las viviendas necesarias en las grandes ciudades, sin crear barrios marginales, subvencionar la adquisición de las mismas a través de desgravaciones en el impuesto de la renta de la personas físicas, asegurar unos estándares de construcción adecuados y facilitar suelo de propiedad local para la construcción de viviendas asequibles, con un plazo de limitación de su venta a particulares que garantice que no se conviertan en motivo de negocio en lugar de cubrir necesidades, sería mi propuesta frente a las sugerencias del gobierno de la nación.

Lamentablemente, creo que la amenaza de crear una empresa pública de vivienda seguirá adelante con el doble fin de apesebrar acólitos y evitar que las clases medias accedan a la propiedad de sus viviendas, porque, a fin de cuentas, el que los españoles no ahorren para pagar su hipoteca garantiza un aumento del gasto y contribuye, junto con el turismo, a crear el espejismo de una buena gestión económica de un mal gobierno que permite que crezca la desigualdad, castiga a las clases medias con impuestos abusivos para financiar una administración inoperante y mastodóntica, incrementa sin límite la deuda pública y ha decidido convertirnos en inquilinos y negarnos la posibilidad de ser propietarios de nuestra casa.

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Miguel de la Guardia es catedrático de Química Analítica de la Universitat de València desde 1991. Tiene un índice H de 88 según Google Scholar y ha publicado más de 900 trabajos en revistas del Science Citation Index con más de 34.600 citas,5 patentes españolas, 4 libros sobre Green Analytical Chemistry (Elsevier, RSC y Wiley), un libro sobre Calidad del Aire (Elsevier), 2 libros sobre Análisis de Alimentos (Elsevier and Wiley) y un libro en dos volúmenes sobre Smart materials en Química Analítica (Wiley). En la actualidad está preparando un libro sobre Nuevas sustancias sicoactivas con un contrato con Elsevier. Además ha publicado 12 capítulos de libros. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es Editor jefe de Microchemical Journal (Elsevier), miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y Premio de la RSEQ (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV y colabora con El Cuaderno desde mayo de 2021.