Columnistas Giulino di Mezzegra

Por una cadena perpetua de izquierdas

La nueva detención esta semana de Félix Vidal Anido, "el violador del estilete", reabre el debate sobre la doctrina Parot y la prisión permanente.

En portada, Félix Vidal Anido, el violador del estilete, uno de los beneficiados de la doctrina Parot, detenido de nuevo esta semana por una supuesta agresión sexual cometida en Oviedo el pasado 22 de diciembre.


Hay afirmaciones que son difícilmente rebatibles, y una de ellas es ésta: una sociedad en la que no es inhabitual que un violador en serie salga de la cárcel tras cumplir veintiún años de condena y acto seguido vuelva a violar es una sociedad fallida. El caso de España es sin embargo ése y hay un ejemplo reciente que lo ilustra de manera tan cristalina como espeluznante: Pedro Luis Gallego, que fue conocido como violador del ascensor a principios de los noventa, y encarcelado en 1992 por violar a dieciocho mujeres y asesinar a otras dos, salió de prisión en 2013, beneficiándose de la llamada doctrina Parot, y acto seguido empezó a violar de nuevo. Tantas veces lo hizo que acabó adquiriendo un nuevo sobrenombre: violador de La Paz, por ser ésa la zona de Madrid en que perpetró cuatro asaltos sexuales a otras tantas mujeres de entre diecisiete y veinticuatro años. A dos de ellas les puso una pistola en la cabeza, las obligó a ponerse un antifaz para que no pudieran identificarle, las introdujo maniatadas con unas bridas en la parte trasera de un coche y las condujo hasta un piso de Segovia donde las violó brutalmente, devolviéndolas después a la misma zona en que las había secuestrado.

El de Gallego es el más lacerante, pero existen otros casos similares. Vinculados a la polémica doctrina Parot hay al menos otros tres. Dos decenios entre rejas tampoco convirtieron en un miembro respetable de la sociedad a Juan Manuel Valentín Tejero, que había entrado en la prisión de Herrera de La Mancha en 1992 por varios crímenes y entre ellos el asesinato de la niña de nueve años Olga Sangrador, salió también en 2013 y ha vuelto a la cárcel tras abusar de una menor. Félix Vidal Anido, el violador del estilete, fue arrestado también en 2014, recién excarcelado, por intentar agredir a una mujer en Lugo; y acaba de serlo de nuevo tras cometer un presunto nuevo asalto sexual en Oviedo. Y en octubre del mismo año la Guardia Civil detuvo en Trijueque (Guadalajara) a Pablo García Ribado, conocido como el violador del portal por las 74 violaciones que cometió en los noventa, devuelto a la libertad también en 2013 y que dedicó el año que pasó en libertad a emplear una identidad falsa como fisioterapeuta para abusar de sus clientas.

Los crímenes que inicialmente cometieron todos estos hombres y por los que fueron encarcelados hace décadas forman parte, seguramente, de una de esas desgraciadas inevitabilidades humanas que deben combatirse en lo que se pueda, pero asumiendo la más que probable imposibilidad de erradicarlas del todo. Pero no se puede decir lo mismo de los delitos que Gallego, Valentín, Vidal o García Ribado cometieron después de salir de prisión. No era inevitable que el pueblo español pusiera en la calle, a través de sus leyes e instituciones democráticas, a delincuentes de los que sabía que no estaban rehabilitados, y que podían volver a arruinar para siempre la vida de decenas de mujeres. Se ha dicho, y seguramente sea verdad, que tras las excarcelaciones de la doctrina Parot los cuerpos policiales se pusieron en guardia, seguros de que los violadores liberados reincidirían y de que en consecuencia era preciso estar prestos a actuar para prenderlos en cuanto delinquieran. Que algo así pueda tener lugar es un fallo garrafal del Estado; al menos del Estado entendido como lo entendía Cicerón y no parece inapropiado seguir entendiéndolo: una multitud de hombres (y de mujeres, añadiríamos hoy) ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad para un bienestar común. La libertad de un individuo y aun sus derechos jamás pueden quedar por encima del bienestar de la colectividad, y especialmente no pueden prevalecer sobre el de sus sectores más desprotegidos y vulnerables, como desgraciadamente sigue siendo la mitad femenina de la sociedad en este inmarcesible sistema patriarcal. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en los casos antes comentados: el bienestar de las dos mujeres a las que Pedro Luis Gallego torturó en su apartamento de Segovia, el de las clientas de Pablo García Ribado, el de la niña de la que abusó Juan Manuel Valentín Tejero en Lugo, el de sus familias y entornos, pesó menos en la balanza de la justicia española que el derecho individual de todos esos hombres nocivos a una libertad que la ley iuspositivista obligaba a darles, pero que ante un tribunal iusnaturalista no merecían de ninguna de las maneras. Y debería ser evidente que ésa es una errata social que debe ser corregida y que las soluciones son dos: la pena de muerte y la prisión permanente revisable. Invalidada la primera no ya por el derecho inalienable a la vida que asiste a todo ser humano —que también, aunque eso no es algo que no pueda discutirse—, sino simplemente por la posibilidad que la pena capital siempre encerrará de acabar con la vida de inocentes, como tantas veces sucede en Estados Unidos, la segunda merece al menos un debate sereno, desprejuiciado y sin apriorismos.

No es que ese debate no se produzca: resurge con fuerza cada vez que un crimen mediático asalta las portadas de los medios. Arreció con Marta del Castillo y volvió a hacerlo con José Bretón; y hoy el caso Diana Quer vuelve a instalarlo en los reñideros. Se trata de una de esas disputas —hay decenas del mismo tipo— que vuelve a sacar a la superficie a los gañanes de Goya; a las dos Españas en duelo singular desde hace siglos. Sin embargo, la cadena perpetua es la derecha quien la defiende y la izquierda quien la execra; y cuando el gobierno del Partido Popular aprobó la llamada prisión permanente revisable a impulso del nefando ministro Gallardón (pero los relojes parados dan la hora exacta dos veces al día), lo hizo generando una vasta indignación que encontró portavoces en varias figuras progresistas y sustanciación en decenas de manifiestos de idéntica procedencia. Pero éstos han solido incurrir en razonamientos circulares del tipo de los que los Testigos de Jehová recogen en sus folletos: Dios existe porque lo dice la Biblia; la Biblia es fiable como fuente porque es la palabra de Dios. Los tres motivos que esgrimía, por ejemplo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía contra la prisión permanente en un manifiesto publicado en eldiario.es eran que la prisión permanente revisable vulnera la Constitución, que es una pena innecesaria y que no tiene lugar en un Estado social y democrático de derecho. La triple respuesta no requiere demasiadas florituras retóricas; basta para armarla el más elemental sentido común: pues que se cambie la Constitución, como ha de cambiarse en tantas de sus partes, desde la Monarquía hasta los privilegios de la Iglesia; a la vista está que no es innecesaria; podrá tener lugar o no tenerlo y hay naciones escrupulosamente democráticas en que lo tiene. De hecho, son las más: en Europa, sólo Portugal, Noruega y las naciones emergidas de la desintegración de Yugoslavia han abolido expresamente la prisión permanente, que sí está contemplada en la legislación de países como Francia, Reino Unido, Suecia o Alemania. En realidad, siempre que sea revisable y no pierda de vista el horizonte constitucional de la reinserción —que debe tratar de conseguirse hasta en el peor de los criminales—, la prisión permanente concuerda perfectamente con los dos pilares fundamentales de la democracia: la prevalencia de los deseos de la mayoría (más de un ochenta por ciento de españoles la apoya según algunas encuestas) y la protección y salvaguarda de las minorías. Y hay quien la contempla sólo para delitos de guerra o terrorismo o crímenes de lesa humanidad, pero, ¿qué otra cosa que una guerra, que una situación de violencia de un colectivo contra otro sostenida en el tiempo, qué sino un ejercicio diario, cotidiano, del terror es que una mujer sea violada en España cada ocho horas, y que todas las demás no puedan volver tranquilas a casa cuando salen por la noche? ¿Por qué habría de merecer cárcel vitalicia un etarra, que en principio deja de ser peligroso para la sociedad en cuanto ETA desaparece, y no estarlo Miquel Ricart, compinche de Antonio Anglès en el horrendo crimen de Alcàsser, que nada tiene que envidiar a los peores del terrorismo vasco? ¿Por qué la consideración de algo como crimen contra la humanidad debe ser una cuestión cuantitativa, y no cualitativa y menos preocupada de contar muertos que de medir grados de monstruosidad? Lo dice César Iglesias: hay, ha habido siempre, los sigue habiendo, muchos y muy terribles Auschwitz en el mundo; lugares que hacen imposible la poesía tanto como los campos de concentración nazis, y algunos son tan pequeños como un apartamento de cincuenta metros cuadrados.

Con no apoyar la prisión permanente, la izquierda pierde una ocasión de oro para arrebatar a la derecha dos de sus discursos más caros y privativos: el de la seguridad ciudadana y el del orden. La contienda política consiste en buena parte en eso, en saber utilizar, como algunas artes marciales, las armas del enemigo contra él; y la izquierda bien podría hacerlo en esta área concreta y ofrecerle a la sociedad una cadena perpetua que no fuera visceral ni vengativa ni mano dura ni la ley del Talión ni algo motivado por uno de esos tsunamis de lacrimogenia televisiva que cada nuevo asesinato mediático desata, sino una profilaxis social razonada y resultante de una reflexión teórica abordada con sosiego, que se acompañe además de toda otra serie de medidas destinadas a reducir la criminalidad pero cargadas de perspectiva de género: desde un sistema educativo genuinamente feminista, que avergüence al hombre, empodere a la mujer y a todos ilustre sobre los mecanismos macro y micromachistas del patriarcado y la cultura de la violación y enseñe a ver a los violadores no como enfermos aislados, sino como hijos sanos de un sistema social en el que todo conspira para que los hombres desprecien y utilicen a las mujeres, hasta fomentar entre ellas la asistencia a cursos de técnicas de autodefensa, como algunas aplicaciones básicas del krav maga israelí. Fabricar hombres capaces de domar y controlar sus instintos más oscuros y mujeres bravías que la vida no arredre y no acepten servidumbres ni la obligación de complacer a los varones a su alrededor ni la debilidad victoriana como virtud, bien entendido que nada de ello extirpará jamás del todo la semilla del mal y que la sociedad debe proveerse de mecanismos de alerta y prevención. No son mala cosa —no tienen por qué serlo— los registros públicos de delincuentes sexuales que existen en Estados Unidos, ni lo es tampoco la castración química que también contempla allá la legislación de siete estados.

Podría hacer todo eso, la izquierda, sin abdicar de ni uno solo de sus principios fundamentales, al menos de los que la sustentaban antes de que el equívoco vendaval del sesenta y ocho lo pusiera todo patas arriba. Y que lo hiciera sería muy de celebrar como símbolo de que, medio siglo después de aquello, se ha hecho un balance crítico que, celebrando las indudables conquistas que hay que agradecer a aquel «doble aldabonazo» que señaló por igual —decía Manuel Sacristán— los males del capitalismo y los del comunismo soviético, arroje también luz sobre sus sombras, de las cuales no es la menor haberse dejado seducir en demasía por los cantos de sirena del buenismo y de un libertarismo memo de inspiración norteamericana y que recela por principio de todo sacrificio individual al interés general. Hay que hacer el amor y hacerlo como y con quien a uno le plazca mientras sea consentido, pero a veces también hay que hacer el odio, que no deja de ser una forma de amor cuando su objeto es la injusticia, el miedo o la explotación. Le chant des jeunes gardes, el viejo himno de la juventud comunista francesa, cantaba entre otras cosas la siguiente: «Nous vengerons nos mères que des brigands ont exploitées»; y la versión española llamaba a no dar paz ni cuartel al burgués insaciable y cruel. Después del sesenta y ocho, la izquierda que no daba paz a los malos fue desplazada por otra que hace de la paz una suerte de tótem milagroso o de panacea homeopática, pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma: el Mal —porque hay bien y mal— no es más débil en 2018 de lo que lo era en 1967, sino seguramente todo lo contrario. Urge alcanzar una suerte de síntesis hegeliana; de término medio entre la izquierda de la que el Che Guevara quería que fuera «una fría máquina de matar» (tampoco es eso) y este nuevo babor relativista para quien todo tiene disculpa y que hoy se muestra dispuesto a ofrecer compasión y caridad al violador de la escalera, pero no a los padres de Marta del Castillo. Una izquierda que meta claveles en las bocas de sus fusiles, pero lleve fusiles pese a todo; que quiera la paz y prepare la guerra en consecuencia.

Esto lo dice Xandru Fernández: ni un solo día, ni uno solo, sin odiar Mayo del 68.


 

Historiador de formación y periodista de profesión. Colabora con 'La Voz de Asturias', 'Atlántica XXII' y 'La Soga' y acaba de publicar su primer libro, 'Si cantara el gallo rojo', una biografía social del dirigente comunista Jesús Montes Estrada, 'Churruca'.

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