/ por Jónatham F. Moriche /
En algún momento de este pasado mes de diciembre de 2020, la divisa del perfil oficial de Twitter de Unidas por Extremadura era modificada y «el grupo parlamentario conformado por @Podemos_EXT, @IuExtremadura, @Xtremenos y @equoextremadura en la Asamblea de Extremadura» pasaba a serlo solo de los tres primeros (no así su entrada en la Wikipedia, que a fecha de publicación de estas líneas aún se refiere a los cuatro partidos). Salvo por una nota de redacción de la edición extremeña de El Salto (31/10/2020), la expulsión de la filial extremeña de Equo de la coalición de izquierdas creada para las pasadas elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019 pasó muy discretamente por el escaso y precario debate político público de las izquierdas extremeñas y absolutamente desapercibida para la esfera pública convencional de la región. «Noticia irrelevante de un partido irrelevante. Siguiente noticia, señoría», sentenciaba draconiano uno de los comentarios de los lectores a la mencionada nota de El Salto. ¿Noticia irrelevante de un partido irrelevante? Puede que no exactamente.
Tras un período de fuerte conflictividad interna y profundo retroceso en su capacidad de movilización, presencia cultural y arraigo territorial (por no reiterar en detalle toda la argumentación de análisis anteriores, remito al lector o lectora a El Salto, 6/12/2018, 24/06/2019 y 24/09/2020), la izquierda extremeña concurrió a los últimos comicios autonómicos con la incorporación del espacio regionalista progresista de Extremeños a Unidas por Extremadura, y en consecuencia la unidad de las cuatro mayores fuerzas políticas regionales a la izquierda del PSOE, como único incentivo diferencial con el que contrarrestar en Extremadura la tendencia marcadamente bajista de Unidas Podemos y las grandes confluencias autonómicas y municipales del bloque del cambio a escala estatal. Si aun así su resultado en la cita autonómica fue ya calamitoso, con un retroceso desde los 89.200 votos obtenidos por separado por las cuatro fuerzas en las autonómicas de 2015 a los 44.300 votos de Unidas por Extremadura en 2019 y desde los seis diputados de Podemos a los cuatro de la coalición en la Asamblea emeritense, cabe suponer que el descalabro hubiese sido aún más dramático si la coalición no hubiese llegado a materializarse, como de hecho sucedió en el ámbito local, donde las fuerzas reunidas en Unidas por Extremadura, otros partidos más pequeños y entidades municipalistas compusieron en muchas localidades un endemoniado sudoku de candidaturas progresistas en pugna por un electorado muy similar, con resultado calamitoso en casi todos los casos.
Este incentivo de la unidad electoral fraguada en una negociación sumamente opaca entre direcciones partidarias, sin el sustento de un debate ideológico y programático profundo ni de una extensa movilización social ha resultado ser, además de único, sumamente frágil. En un lúcido análisis preelectoral (El Salto, 17/03/2019), Víctor Casco hablaba de «la tregua» en que la izquierda extremeña llegaba a las urnas, doblemente auspiciada en positivo por la expectativa relativa generada por la consecución de la coalición y en negativo por el estremecimiento absoluto provocado por la vertiginosa irrupción del neofascismo voxista. Sorprendentemente (o quizás no tanto), esta tregua pareció apaciguar más las críticas desde las periferias sociales y culturales de la coalición ―de lo que serían buen ejemplo el contenido y tono de la citada nota de Víctor Casco y de otras publicadas en esas fechas preelectorales por firmas habitualmente críticas o muy críticas con los partidos de la izquierda extremeña― que la conflictividad entre sus propios socios, antes y después de las elecciones del 26 de mayo. Así, por ejemplo, en plena campaña para una maratón electoral sin precedentes, ya ante la ominosa expectativa de un abultado crecimiento de la extrema derecha y como colofón a cuatro años de agria confrontación entre las dos grandes familias de Podemos en la ciudad de Badajoz, asistimos al asombroso espectáculo de irresponsabilidad de la entonces diputada y candidata de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Badajoz utilizando sus entrevistas de campaña para descalificar durísimamente a la candidata de su mismo partido a la alcaldía de la ciudad («hay gente que viene a arreglar problemas en política, porque tienen la vida resuelta, y gente que viene a arreglar su vida con la política», Eldiario Extremadura, 21/04/2019; «la disfunción local que hemos tenido en Badajoz ha sido un caso de cloacas, no cloacas del Estado, pero sí cloacas», El Periódico Extremadura, 24/04/2019). En las elecciones municipales, candidaturas de Podemos e Izquierda Unida se enfrentaron entre sí en hasta cinco municipios extremeños, Don Benito, Almendralejo, Fuente del Maestre, Llerena y Cabezuela del Valle, con una población agregada de unas 85.000 personas. Solo fue posible incorporar a Extremeños a una confluencia municipal demográficamente importante, la de Cáceres, mientras los regionalistas competían contra sus socios autonómicos en Badajoz, Navalmoral de la Mata o Torremayor y también en las elecciones europeas que se celebraban simultáneamente. En resumen, mientras que muchos de quienes durante toda la legislatura 2015-2019 habíamos sido críticos o muy críticos con las prácticas orgánicas y lineamientos programáticos de los partidos extremeños de izquierdas nos mordíamos la lengua hasta hacérnosla sangrar, buscábamos fórmulas para animar a la participación electoral (por ejemplo, El Salto, 24/04/2019) y por supuesto acudíamos a las urnas —como escribía Fernando Llorente, «por responsabilidad histórica pero con una pinza en la nariz» (El Salto, 12/05/2019)—, los convidados a la mesa de la confluencia intercambiaban pataditas en las espinillas bajo el mantel. Cuántos votos pudieron costar estas desavenencias pésimamente gestionadas nunca lo sabremos con exactitud, pero con un balance electoral tan magro como el de la izquierda extremeña en 2019, apenas un puñado de votos pueden ser muchos y sus consecuencias dramáticas, como quedaría en evidencia con la composición, por un solo concejal de ventaja, de la actual coalición de gobierno entre el PP, Ciudadanos y Vox en la ciudad de Badajoz, la única capital de provincia de España en la que la representación de la ultraderecha (luego repudiada por su propio partido por disputas intestinas entre sus dirigencias local y regional) entró a formar parte del equipo de gobierno municipal (El País, 05/07/2009), en el que sigue (Diario Hoy, 25/05/2020) a pesar de sus constantes exabruptos racistas (Diario Hoy, 11/01/2020) y machistas (El Salto, 26/04/2020) o su abierta apología del genocidio franquista cometido en la ciudad en el verano de 1936 (Eldiario Extremadura, 14/08/2020).
Después de las elecciones autonómicas y municipales, esta conflictividad interna no solo no se ha apaciguado, sino que ha terminado por romper Unidas por Extremadura. La primera grieta pública, que no llegó a desembocar en fractura pero sí puso de manifiesto la debilísima argamasa que une a la coalición, llegaría en septiembre de 2019, solo cuatro meses después de la composición de la nueva Asamblea (en la práctica, con el verano de por medio, apenas comenzada la actividad de legislatura), y ya en plena carrera hacia las nuevas elecciones generales del 10 de noviembre, cuando fue aprobada una reforma del estatuto de la cámara que, a diferencia de lo anteriormente regulado en el mismo, convierte en diputados no adscritos (o sea, sin apenas ingresos, acceso a recursos y posibilidades de intervenir en la cámara) no solo a aquellos electos que abandonan o son expulsados del grupo parlamentario de un partido político, sino también de una coalición electoral de partidos con entidad jurídica separada, de las que Unidas por Extremadura es hoy la única presente en la cámara extremeña. Esta reforma fue aprobada en lectura única (esto es, sin posibilidad de introducción de enmiendas) con los votos favorables del PSOE, Ciudadanos y los tres diputados de Unidas por Extremadura provenientes de Podemos e Izquierda Unida, y con el voto en contra del PP y de la diputada de Unidas por Extremadura proveniente de Extremeños, que es también su actual secretaria general (Diario Hoy, 25/10/2019). Como por desgracia ocurre a menudo (por no decir casi siempre) en la izquierda extremeña, el episodio transcurrió en la casi absoluta ausencia de explicaciones razonadas y públicas por parte de sus implicados, y en su lugar tomaron de nuevo la palabra los cuchicheos parciales y entrecortados de barra de bar o mensajería digital, que en general, aunque con diferentes matices e interpretaciones, señalaban el origen de la crisis en los contactos entre Extremeños y la nueva formación política estatal Más País liderada por el antiguo número dos de Podemos, Íñigo Errejón, que se presentaba a aquellas elecciones generales del 10 de noviembre en coalición con Compromís, formación regionalista valenciana con la que Extremeños mantiene una larga relación de amistad y colaboración, y que habrían tenido como representante por la parte errejonista a una conocida dirigente y diputada autonómica madrileña con estrechos vínculos personales en nuestra región (COPE, 29/09/2019).
A pesar de que Extremeños manifestase reiteradamente su voluntad de mantener su alianza con Unidas por Extremadura y de que al final el partido de Errejón declinase presentar candidaturas en las circunscripciones extremeñas, la modificación reglamentaria, presumiblemente pactada por Podemos, Izquierda Unida y PSOE a espaldas de Extremeños, terminaría llevándose a efecto, trocando de hecho el estatus de la diputada regionalista de socia a rehén de la coalición para el resto de la legislatura. Cabe razonablemente preguntarse si esta demostración de fuerza, que muy difícilmente iba a servir para animar a los cuadros y bases regionalistas a votar y pedir el voto con entusiasmo para Unidas Podemos en Extremadura, era la resolución más inteligente del problema para la coalición, en vísperas de unas elecciones generales en las que enfrentaba el reto, finalmente fallido, de recuperar el escaño en el Congreso por Badajoz ganado en 2015, revalidado en 2016 y perdido en abril de 2019, o al menos de obstaculizar la obtención de representación institucional por parte de la ultraderecha neofascista, que al final no solo revalidaría su escaño por Badajoz sino que, para horror y vergüenza de todos los demócratas y personas de bien de nuestra región, aún sumaría otro más por Cáceres.
El más reciente conflicto que ha derivado en la expulsión de Unidas por Extremadura de la rama extremeña de Equo entronca también con aquella escisión estatal de Podemos liderada por Íñigo Errejón, y puede a futuro influir en la implantación de esta en Extremadura. Equo, una formación con apenas unas decenas de militantes y simpatizantes en toda la región, se sumó en las elecciones locales de mayo de 2015 a las iniciativas municipalistas impulsadas bajo la marca En Común en Badajoz, Cáceres, Plasencia y otras localidades por las bases y cuadros de Izquierda Unida de Extremadura descontentos con la política de cohabitación con el PP sostenida por su organización durante la legislatura 2011-2015, y a su vez recibió en la convocatoria autonómica el apoyo de aquellas iniciativas municipalistas y de activistas de diversos movimientos sociales de la región en la candidatura Adelante Extremadura, cuya candidata a la presidencia de la Junta fue la entonces coportavoz regional de Equo. Unas y otra iniciativas obtuvieron resultados modestísimos en una contienda electoral marcada por la disputa a fuego por la hegemonía de la izquierda entre Podemos e Izquierda Unida, pero sirvieron para establecer una amplia red de personas e iniciativas que volvería a activarse durante todo el verano y otoño de 2015 con vistas a las elecciones generales del 20 de diciembre en la plataforma Ahora Extremadura, conectada a la iniciativa estatal Ahora en Común, pero distinta de ella en virtud de las peculiares condiciones políticas extremeñas, todavía bajo la pesadísima sombra de aquella cohabitación parlamentaria de Izquierda Unida y el PP durante toda la legislatura autonómica anterior (Eldiario Extremadura, 08/10/2016 y 21/10/2015).
El objetivo de aquel Ahora Extremadura era doble y seguramente desproporcionado a sus fuerzas reales, aunque a la luz de cuanto ha ocurrido desde entonces, más que certero en su diagnóstico: era necesario sostener la presión sobre Izquierda Unida de Extremadura para empujarla a una revisión a fondo de su lineamiento político regional en 2011-2015, incluida la reversión de la masiva purga de sus militantes y cuadros críticos con la cohabitación con el PP, que había diezmado su implantación en las grandes ciudades de la región, y a la vez era necesario conducir a Podemos a una confluencia amplia, federativa, democratizante, apegada al territorio y con procesos propios de deliberación y toma de decisiones, como las experimentadas en el ámbito municipal por Ahora Madrid y Barcelona en Común, que hiciese de Podemos Extremadura una realidad política muy diferente a la de galopante burocratización y cesarismo que venía enseñoreándose del Podemos estatal desde, al menos, su primer congreso de Vistalegre. Pero en noviembre de 2015 Ahora Extremadura decae con la firma de un acuerdo electoral bilateral entre Podemos Extremadura y Equo Extremadura, bajo el que esta última y algunas individualidades procedentes de Ahora Extremadura asumieron primero sin reservas los vetos y listas negras que Podemos Extremadura les puso sobre la mesa ante la campaña y las listas de las elecciones generales de diciembre, y unos meses después, con vistas a las nuevas elecciones generales de junio de 2016 e igualmente sin reservas, asumieron también la transposición a Extremadura del acuerdo electoral estatal entre Podemos e Izquierda Unida, sin que esta última hubiese realizado aquí el imprescindible proceso de autocrítica, como el que sí se había desarrollado con todo rigor en la Comunidad de Madrid, de su linea política anterior y sus devastadoras consecuencias para la región en general y para su izquierda en particular (solo unos meses antes, procede recordar, también el entonces secretario regional de Podemos había declarado que «hay partes de Izquierda Unida de Extremadura con las que nos podemos entender, pero con la que apoyó a Monago no»). Equo, que durante todo el doble proceso de Adelante Extremadura y Ahora Extremadura había operado como agente sincronizador entre activistas sociales, movimientos municipalistas y militantes críticos de Podemos e Izquierda Unida de toda la región y portavoz de sus empeños comunes, dejó atrás casi toda esta constelación de apoyos para, reducido a su verdadera dimensión orgánica, ser rápidamente engullido e invisibilizado por sus nuevos socios mayoritarios.
Paralelamente, a escala estatal, las tensiones entre las distintas sensibilidades de Equo representadas por los diputados Juan López de Uralde y Rosa Martínez (a menudo comparadas con las protagonizadas hace décadas por las facciones realo y fundi de Los Verdes alemanes) habían parecido resolverse sistemáticamente en favor del primero, firme partidario de la alianza con Podemos, hasta que la escisión de Íñigo Errejón (apoyado por la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en cuyo equipo de gobierno Equo tenía un papel destacado) certificó una fractura ya insalvable. Primero, en mayo de 2019, la sección madrileña de la formación ecologista optó mayoritariamente por apoyar las candidaturas autonómica y municipal del Más Madrid de Errejón y Carmena, y después, en septiembre y con vistas a las elecciones generales del 10 de noviembre, sus bases decidieron por casi un 60% romper su entente estatal con Unidas Podemos y aliarse al proyecto estatal de Errejón, mandato al que Uralde y otros cuadros del partido respondieron desligándose de este para crear un nuevo «espacio verde» dentro de Unidas Podemos. La filial extremeña de Equo, sin romper con su matriz estatal, se mantuvo leal a su pacto autonómico con Unidas por Extremadura —en cuyas listas no consiguió representación parlamentaria, pero en cuyo equipo en la Asamblea obtuvo, en virtud de la letra pequeña de aquel pacto, una de las plazas de asesoría—, y mantuvo un prudente perfil bajo en la campaña para aquellas elecciones generales del 10 de noviembre que por primera vez enfrentaron a Unidas Podemos y Más País, un choque atravesado de feroces encarnizamientos personales y sectarios que la incomparecencia de los de Errejón mantuvo entonces saludablemente lejos de nuestra región. Pero parece que todo esto no fue prueba suficiente de lealtad para los aparatos de Podemos e Izquierda Unida, que iniciaron a finales del pasado verano —esto es, en pleno impacto de la pandemia del coronavirus y de toda su estela de repercusiones económicas y sociales—, las maniobras para la expulsión de Equo de la coalición, que se consuma en noviembre con el despido de la persona que ocupa el puesto de asesoría asignado a la formación, que es también su actual coportavoz regional. El argumento enarbolado por los dirigentes de la coalición para justificar la expulsión, un breve video de apoyo de la coportavoz extremeña de Equo a la campaña de su partido para las elecciones autonómicas de Euskadi de julio, resulta tan peregrina e inverosímil para romper la unidad electoral de la izquierda en Extremadura que no hace sino reforzar la sospecha de que se trata de una decisión, tomada en Mérida y aprobada en Madrid o viceversa, simplemente orientada a reducir el número de comensales en la mesa de la confluencia y aumentar así la ración de recursos de los restantes. Puro canibalismo político.
¿Qué consecuencias puede tener esta decisión? Echando la vista atrás a toda esta última década de historia de nuestras izquierdas, tanto la militancia extremeña de Izquierda Unida crítica con la cohabitación con el PP en 2011-2015, como después la militancia de Podemos crítica con su vaciamiento programático y burocratización orgánica y las militancias de los municipalismos progresistas extintos, han optado en general por la retirada a microactivismos locales o sectoriales en el mejor de los casos o por la pura y simple desmovilización política en el peor, renunciando por agotamiento, hastío o desesperanza a dar la batalla al aparato bifronte de Unidas Podemos por un modelo de representación política de la izquierda más inclusivo, deliberativo, transparente y democrático en nuestra región. Las iniciativas que han aspirado a federar esas disidencias dispersas, de la pionera Ahora Extremadura a la postrera ExtreComunes, han fracasado sistemáticamente. El lodazal irrespirable de listas negras, campañas de descrédito personal e incluso puntuales episodios de acoso e intimidación (como el denunciado al término de su mandato por uno de los exdiputados autonómicos de Podemos, Eldiario Extremadura, 06/06/2019) en que se ha convertido la política partidaria de la izquierda en Extremadura constituye una insalvable barrera disuasoria frente a cualquier tipo de exigencia individual u organizada de debate programático, rendición de cuentas o garantías democráticas. Con estos antecedentes, la expulsión de Equo podría parecer una apuesta segura para los aparatos de Podemos e Izquierda Unida: un puñado de militantes a casa y unos cuantos cientos de votos que, a falta de mejor alternativa, seguirían yendo en futuros comicios la coalición. Sin embargo, a diferencia de aquellos otros casos mencionados, Equo Extremadura sí tiene un referente estatal de cierta dimensión en su propia federación y ahora también en su alianza con el partido de Errejón, que recién tomó cuerpo en nuestra región con la constitución de Más País Extremadura (El Periódico Extremadura, 23/12/2020). Una proyección extremeña de la alianza Más País-Equo podría además atraer a activistas y pequeños colectivos dispersos por toda la región (una tracción que, como empieza a insinuarse en Andalucía, podría incluso alcanzar, tras su traumática ruptura con Podemos, a los Anticapitalistas) y convertirse en 2023 en una fuerza seguramente no suficiente para obtener representación en la Asamblea, pero sí para fragmentar significativamente el voto de la izquierda y hacer aún más difícil a Unidas por Extremadura mantener intacta, no digamos ya incrementar, su actual bancada autonómica, y alejar aún más la posibilidad de recuperar su representación en el Congreso. Si a esta circunstancia se sumase una ruptura de la alianza de Podemos e Izquierda Unida con Extremeños y que estos últimos concurriesen a las urnas en solitario o junto a Más País-Equo, algo que hoy por hoy no parece el escenario más probable pero que el descontento severo aunque por ahora más o menos discreto de parte de las bases y cuadros regionalistas por su papel en la coalición aconseja no descartar del todo, en 2023 quedaría comprometida incluso una mínima presencia testimonial de la izquierda en la Asamblea, solo al albur de un hipotético impulso al alza estatal de Unidas Podemos, producto de un reconocimiento social a su papel impulsor de las mejores políticas del gobierno de coalición que, al menos de momento, ninguna encuesta de intención de voto refleja.
Se llegue o no a tal extremo, lo cierto es que, ya cerca del ecuador de legislatura y a manos de sus propios artífices, el legado de unidad de la tregua electoral de 2019 no se asienta y expande, sino que se fragiliza y encoge, sin que tampoco los activismos sociales y la cultura crítica que componen el nervio más activo y creativo de su base electoral tomen cartas en el asunto, eleven exigencias y propongan soluciones, mientras el PSOE aplica, como es su inveterada costumbre en estas castigadas latitudes políticas, el inmisericorde rodillo neoliberal y extractivista de su mayoría absoluta, y mientras el infame engendro neofascista, rearmado con la visibilidad y recursos de que le dotan sus dos diputados por Extremadura en el Congreso, extiende sus ponzoñosas inervaciones en nuestra sociedad civil y nuestra esfera pública, enmierda la conversación cotidiana de los extremeños con sus tropos autoritarios, chovinistas, racistas y sexistas, y parasita causas justas como el precio de los productos agrarios, la calidad de la sanidad o el transporte públicos o las dificultades que tantas familias extremeñas atraviesan, ya antes y aún más después del mazazo de la pandemia. Mientras los desgarros interminables de la izquierda extremeña durante esta década han sembrado el territorio de «zonas blancas» de escasa o nula presencia social e institucional a la izquierda del PSOE —algunas de ellas, bastiones históricos de nuestro movimiento obrero y campesino, escenario hace solo un par de generaciones de luchas masivas y ejemplares por la democracia y la justicia social y medioambiental—, la horda neofascista se afianza en la región, donde en las últimas elecciones generales obtuvieron casi dos puntos porcentuales por encima de su promedio nacional (16’8% frente al 15’1% promedio) y resultados pavorosamente altos en enclaves del medio rural (como Talayuela, con el 33’5%), mesourbano (como Villafranca de los Barros, con el 19’2%) y urbano (como Badajoz, con el 22’2%). De ningún modo cabe confiar ciegamente en que en 2023 los voxistas sufrirán un nuevo pinchazo autonómico y municipal como el de 2019, producto de la ausencia de unos recursos de los que ya disponen en abundancia y de una estructura territorial que ya están consolidando. Y cifrar la suerte política de nuestra tierra a nuevas reválidas de la mayoría absoluta socialista ni resulta precisamente un escenario halagüeño ni, como bien saben nuestros vecinos andaluces, es tampoco una apuesta segura. La mera posibilidad de enfrentar, en semejante coyuntura histórica, los comicios autonómicos de 2023 con dos o más candidaturas disputándose a bayoneta calada el menguante caladero de voto a la izquierda del PSOE en lugar de cooperando para ensancharlo debería resultar instintivamente reprobable para cualquier militante social o político con un mínimo conocimiento de nuestra tierra y respeto por quienes la pueblan. Tras Murcia y Andalucía, existe el riesgo cierto de que Extremadura sea la siguiente comunidad autónoma meridional en ver sus políticas públicas comprometidas por el tóxico apoyo de la ultraderecha, y ni en la izquierda institucional extremeña se percibe una comprensión de esa clara, presente y aterradora posibilidad ni del imperativo moral y político absoluto de frustrarla, ni en la izquierda social y cultural se percibe tampoco, aún más alarmantemente si cabe, la urgencia de exigírsela.
Es cierto que la historia española reciente es una lección permanente del repentino ensanchamiento o estrechamiento de los tiempos y las oportunidades políticas, pero también de las consecuencias del cortoplacismo y la carencia de perspectiva y proyecto histórico y los adecuados tiempos para que ese proyecto se enraíce en la sociedad, su cultura política y su geografía humana. En poco más de dos años Extremadura estará en campaña electoral y aún hay margen para que la izquierda extremeña emprenda un cambio de rumbo que no puede ser solo electoral, sino también social y cultural, organizativo y comunicativo, pero si se espera doce o dieciocho meses más para hacerlo puede que sea ya demasiado tarde. Como recuerda acertadamente el refranero, el primer paso para salir de un agujero es dejar de cavar, y podríamos añadir que el primer paso para dejar de cavar es ser conscientes de que se cayó en un agujero. Es absolutamente irracional que una batería de resultados electorales funestos como los padecidos en 2019 no haya generado un urgente, extenso y profundo debate sobre sus causas y soluciones a todo lo largo y ancho de la militancia política, social y cultural extremeña, y es más irracional aún que hasta el más tímido intento de abrirlo, como el planteado hace unos meses por Víctor Prieto (El Salto, 16/06/2020) al hilo de las últimas internas de Podemos Extremadura, genere una respuesta tan histriónica y destructiva por parte de las guardias pretorianas digitales de los partidos (El Salto, 18/06/2020), y que en general cada publicación en medios digitales o redes sociales que aborda esta cuestión sea objeto de una batería de descalificaciones políticas y personales de estilo vergonzantemente patibulario por parte de anónimos cuyo objetivo evidente es desanimar toda exigencia de rendición de cuentas o propuesta de cambio. Baste con echar un somero vistazo a las redes sociales de la militancia extremeña y compararlas con cómo eran hace solo cinco o seis años para certificar hasta que punto se ha extendido e interiorizado ese retraimiento en la expresión pública de la duda, el disenso o la propuesta. Desatrancar el cerrojo del debate, incomode a quien incomode, es el primer e imprescindible paso para empezar a tomar lección de esta pasada década de historia política extremeña y elaborar un proyecto solvente y movilizador para la siguiente. Nunca fue tan urgente hacerlo, ahora que nuestra tierra enfrenta un fantasma aún peor que aquel del continuismo que ya la ha martirizado tanto durante tantas décadas, el de la más fanática y descarnada reacción. Los disparates, negligencias y cainismos orgánicos de hoy pueden ser, y ahora lo vemos más cercana y nítidamente que nunca antes, los derechos y libertades perdidos de mañana, y si quienes tienen mando en plaza en los partidos de la izquierda extremeña no tienen la perspicacia de entenderlo ni la responsabilidad de practicarlo, tiene que haber una esfera pública alternativa y crítica que se lo aclare y demande, con todo rigor, hasta sus últimas consecuencias.
Jónatham F. Moriche (Plasencia, 1976), activista y escritor extremeño. Ha publicado textos de análisis político y crítica cultural en medios como El Salto, La Marea, Eldiario, Rebelión o Diario Hoy.
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