La tentación de mandar

/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /

La presencia de personas mediocres, cuando no absolutamente irrelevantes, en la política de nuestro país es terreno abonado para la vieja práctica de ordeno y mando, tan querida por los sistemas no democráticos y tan alejada de la mentalidad de servicio público y respeto al ciudadano que debería imperar en una sociedad abierta y avanzada.

Convencer con argumentos y propuestas razonables, no imponer, debería ser la guía de todo responsable público y, en especial, de quienes accedan al ejercicio del poder como resultado de procesos electorales.

Educar los hábitos alimentarios de los ciudadanos debe apoyarse en la estimulación del consumo de frutas vegetales y pescado fresco, en la regulación estricta de la adición de sal, azúcar o aditivos a los alimentos procesados y, de ninguna manera, en la satanización de ningún alimento cuya producción esté legalmente autorizada. Esto puede parecer obvio y lo contrario un atentado a los ciudadanos y contribuyentes que trabajan en el sector de la alimentación, pero da la impresión de que algún ministro descerebrado prefiere convertir su moralismo alimentario en norma para los ciudadanos.

Es evidente que debemos favorecer el acceso de las mujeres al mundo del trabajo y luchar por una equidad de los salarios más allá de las diferencias de género, raza o religión, pero esto se logra ofreciendo servicios de atención a niños, personas dependientes y mayores que liberen, a todos los miembros de la familia, de su cuidados y no con las ñoñeces lingüísticas a las que nos tiene acostumbrados alguna ministra ni tampoco con discriminaciones que nunca son positivas.

La variedad de lenguas que se hablan en España es una de nuestras riquezas culturales y todas ellas deberían preservarse. No obstante, no tiene sentido que se pretenda igualar las lenguas minoritarias a las mayoritarias ni discriminar a los hispanohablantes so pretexto, una vez más, de un sesgo positivo en favor de las minorías. En este sentido resulta patético el intento de algún alcalde pueril en rotular tan solo en la lengua minoritaria los espacios públicos o hacerlo con el doble de tamaño en la lengua minoritaria que en la mayoritaria, imagino que llevado de un supremacismo lingüístico del que tanto sabemos por estos lares.

La política exterior es, indudablemente y a pesar de las injerencias de algún gobierno autonómico, una responsabilidad del Gobierno de España, pero eso no quiere decir que sea prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno y por eso, los bandazos en la actitud frente a la cuestión del Sahara y su trascendencia en las relaciones de España con Marruecos y Argelia deberían haberse discutido de manera discreta con todos los grupos antes de escribir carta alguna ni tomar posiciones personales que no se explican al ciudadano y tienen efectos negativos sobre todo el país

En cuanto a la necesidad de ahorrar energía, no se nos oculta a ninguno de nosotros la necesidad de hacerlo, por razones económicas y estratégicas y en ese sentido se valorarían muy positivamente los incentivos y la eliminación de trabas para que los ciudadanos pudiéramos generar energía y ser autosuficientes, pero en lugar de actuar con políticas positivas, la administración del señor Sánchez ha preferido imponer horarios y restricciones, sin consultar a nadie, antes que convencer. No es por lo tanto extraño que a una primera propuesta, claramente inmadura e improvisada, de decreto de ahorro energético le sucediera una serie de excepciones; como tampoco lo es que un gobierno autoritario y carente de cualquier atisbo de espíritu negociador acuda por centoenésima vez al decreto ley como forma de organizar la vida ciudadana.

Frente al autoritarismo se impone meditar las propuestas, evaluar en profundidad sus consecuencias, debatirlas con los grupos políticos, en especial con los de la oposición, y tramitar las leyes con luz y taquígrafos aunque haya que ampliar los periodos de sesiones. Y si lo exigen las circunstancias, renunciar a las vacaciones en favor del servicio público.

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Miguel de la Guardia es catedrático de química analítica en la Universitat de València desde 1991. Ha publicado más de 700 trabajos en revistas y tiene un índice H de 77 según Google Scholar y libros sobre green analytical chemistry, calidad del aire, análisis de alimentos y smart materials. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es editor jefe de Microchemical Journal, miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y es Premio de la RSC (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV.