Propuestas ingenuas para favorecer el acceso a la vivienda

/ Escuchar y no callar / Miguel de la Guardia /

Es curioso que nuestros políticos, en especial desde los medios de comunicación afines al Gobierno, nos insistan machaconamente con el coste elevadísimo de los alquileres en España y la imposibilidad de que los jóvenes accedan a la adquisición de vivienda, sin que eso les haga sonrojar debido a su absoluta falta de actuaciones para resolver estos problemas. Por supuesto que no voy a negar la mayor, puesto que la ausencia de políticas sociales de un Gobierno mastodóntico e incapaz de gobernar impide que los beneficios de la bonanza económica lleguen a los ciudadanos.

Lo que no me negarán es el derecho a sorprenderme de que un Consejo de Ministros de veintidós miembros y más de ochocientos sesenta y nueve asesores ministeriales sean incapaces de presentar propuestas para facilitar el acceso en propiedad a la vivienda habitual y abaratar, o al menos contener, el precio de los alquileres en las ciudades con mayor demanda. En consecuencia, tómense mis propuestas como ingenuas soluciones sugeridas por un ciudadano de a pie y, por lo tanto, sujetas a enormes errores debido a la falta de información de que disponen los que nada hacen.

En este país hubo un tiempo en que los gastos de adquisición de la vivienda habitual se desgravaban de la declaración de la renta y esta práctica, que indudablemente dañaría la recaudación para mantener el gasto corriente, podría aliviar los problemas de los jóvenes a la hora de adquirir vivienda propia.

En cuanto a los alquileres, la medida contraria —una vigilancia rigurosa de los beneficios por este concepto— contribuiría a mejorar los ingresos del Estado y podría compensar las diferencias entre el alquiler a las familias y estudiantes y el alquiler turístico. Además, la aplicación de reducciones a las fórmulas de alquiler familiar y estudiantil animaría a los propietarios a optar por estas fórmulas frente al alquiler turístico.

Otra asignatura pendiente de las autoridades para favorecer la oferta de viviendas sería una lucha seria contra la ocupación, en lugar de dejar este tema en el limbo de la actuación judicial de los propietarios y la toma de partido en favor de quienes ocupan una propiedad privada. No me sirve de excusa el riesgo de exclusión social de quienes ocupan o dejan de abonar los alquileres puesto que, en el caso de pequeños propietarios, pueden acabar siendo estos quienes sufran la exclusión social al verse privados de los ingresos que pudieran asegurarles su inversión en una segunda vivienda e incrementados sus gastos por la ocupación y las acciones legales para ponerle fin desde la iniciativa privada. La exclusión social es un problema humano y político, pero su solución no puede ser delegada en los particulares y es a los gobiernos locales, autonómicos o el gobierno central a quienes corresponde la obligación de ofrecer alternativas a quienes ven mermadas sus posibilidades de mantener el alquiler de una vivienda.

En cualquier caso, la oferta de viviendas no puede resolverse por iniciativas de los propietarios de las viviendas existentes y es necesaria una mayor actividad de construcción. En este aspecto, de nuevo, es necesario acabar con tópicos como que construir es de derechas y la iniciativa gubernamental es imprescindible. No es el momento de recordar el millón de viviendas ofrecido por el señor Sánchez en las últimas elecciones puesto que estamos ante un campeón de promesas incumplidas, pero algo tendrían que hacer para agilizar la construcción en este país. En particular, una propuesta electoral que me sorprendió por su originalidad era la oferta de las instalaciones obsoletas del Ministerio de Defensa para la construcción de viviendas. ¿No creen que podría ser un buen principio? Habría que adaptar la oferta de vivienda a las necesidades de la población y olvidar prejuicios en una sociedad en la que la propiedad de la vivienda habitual siempre fue una aspiración y un motor de la economía, más consistente que los planes de pensiones.

Mirando hacia la banca, y sin eximir de responsabilidades al partido de la oposición, me sorprende que las oportunidades que ofreció la creación del llamado Banco Malo, se cedieran a los fondos de inversión en lugar de aprovechar ayuntamientos y comunidades para adquirir vivienda social a precios razonables ¿Imprevisión? ¿Corruptela?

Si por casualidad algún responsable político se dignara leer las propuestas anteriores me encantaría que opusiera a mis descabelladas ideas las actuaciones llevadas a cabo por su administración.

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Miguel de la Guardia es catedrático de Química Analítica de la Universitat de València desde 1991. Tiene un índice H de 88 según Google Scholar y ha publicado más de 900 trabajos en revistas del Science Citation Index con más de 34.600 citas,5 patentes españolas, 4 libros sobre Green Analytical Chemistry (Elsevier, RSC y Wiley), un libro sobre Calidad del Aire (Elsevier), 2 libros sobre Análisis de Alimentos (Elsevier and Wiley) y un libro en dos volúmenes sobre Smart materials en Química Analítica (Wiley). En la actualidad está preparando un libro sobre Nuevas sustancias sicoactivas con un contrato con Elsevier. Además ha publicado 12 capítulos de libros. Ha dirigido 35 tesis doctorales y es Editor jefe de Microchemical Journal (Elsevier), miembro del consejo editorial de varias revistas y fue condecorado como Chevallier dans l’Ordre des Palmes Académiques por el Consejo de Ministros de Francia y Premio de la RSEQ (España). Entre 2008 y 2018 publicó más de 300 columnas de opinión en el diario Levante EMV y colabora con El Cuaderno desde mayo de 2021.