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¿Después de Trump?

Estados Unidos celebra hoy las elecciones más decisivas desde su guerra civil, si no de toda su historia. Jónatham F. Moriche repasa las circunstancias que allanaron el ascenso de Trump al poder en 2016, el transcurso de su presidencia y los posibles escenarios tras estos comicios.

/ por Jónatham F. Moriche /

Se ha insistido hasta la saciedad en el carácter accidental de la victoria del magnate inmobiliario y showman televisivo Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas del 8 de noviembre de 2016. El candidato republicano se impuso con 63 millones de votos, frente a los casi 66 millones de su oponente demócrata, la ex primera dama y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, gracias al proceso de elección presidencial indirecta mediante el llamado Colegio Electoral, institución que tras la emisión del voto popular forman representantes de todos los estados, elegidos en cada uno de ellos por el partido que allí haya ganado las elecciones, aunque lo haya sido por el margen más estrecho, en un número que representa solo aproximadamente su peso demográfico sobre la población total del país, privilegiando ligeramente a los vastos pero mucho menos poblados estados del interior. Con que unas pocas decenas de miles de votos hubiesen cambiado de bando en tres o cuatro de esos estados ganados por la mínima por los republicanos, voto popular y voto colegiado hubiesen coincidido —como ha ocurrido en cincuenta y tres de las cincuenta y ocho ocasiones en que los norteamericanos han sido llamados a elecciones presidenciales desde su independencia—, Hillary Clinton hubiera sido elegida presidenta y los últimos cuatro años de historia norteamericana y mundial hubiesen sido, con toda seguridad, muy diferentes, y quizás, algo menos espeluznantes.

Siendo, pues, parcialmente cierta esta hipótesis de la victoria trumpista como accidente electoral e histórico, no resuelve la fundamental pregunta de cómo fue posible que hasta 63 millones de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos votasen por un individuo de las características éticas e intelectuales, humanas y políticas de Donald Trump, que por añadidura manejaba un presupuesto de campaña sensiblemente menor que el de su oponente y que, a diferencia de ella, ni siquiera gozaba del apoyo unánime de los líderes y el aparato de su partido, haciendo así el accidente posible. Cientos de libros, miles de artículos, decenas de miles de horas de conferencias, debates y tertulias, se han dedicado durante estos cuatro años en Estados Unidos y en todo el mundo a esclarecer quién y por qué votó a Donald Trump en noviembre de 2016. Muchos de ellos, seguramente demasiados, se han concentrado en seguir una serie de pistas sobre motivaciones y caladeros de voto colaterales, desde la agitación cultural y callejera de las nuevas derechas radicales a las maquinaciones de la guerra híbrida rusa en las redes sociales, desde los antiguos votantes demócratas de clase trabajadora blanca de los estados en desindustrialización del interior del país, decepcionados por las políticas económicas de Barack Obama, a los seguidores del fallido precandidato demócrata Bernie Sanders, animados en su salto del populismo progresista al reaccionario por el despecho contra el aparato demócrata. Sin duda, todos esos factores fueron reales y significativos en una elección tan reñida, pero centrar toda la atención sobre ellos puede despistar de lo fundamental: a Donald Trump le votaron, sobre todo, los republicanos. El magnate hizo su carrera por la nominación desde la más absoluta periferia del sistema político, en la que muchos supusieron una candidatura puramente testimonial, si no una mera operación de autopromoción comercial, que sin embargo fue abatiendo implacablemente uno tras otro a sus oponentes de todas las familias y sensibilidades del aparato republicano hasta conquistar la nominación, para luego proseguir su campaña por la presidencia, hecho este absolutamente excepcional en la historia política del país, sin el apoyo de la mayoría de los demás precandidatos, ni de muchos de los gobernadores republicanos en activo ni de ninguno de los expresidentes republicanos vivos. La catastróficamente errada hipótesis vertebral de la campaña demócrata fue que aquellas primarias republicanas habían discurrido por un sendero totalmente excéntrico al macizo central de la sociedad norteamericana representado por el bipartidismo clásico, y que todos los apoyos periféricos que pudiera seducir la anomalía trumpista en ningún caso compensarían el desplome del electorado republicano tradicional, que masivamente se echaría en brazos de la centrista Hillary Clinton o, al menos, se abstendría para no facilitar el paso a la Casa Blanca al extravagante e indecoroso intruso que había secuestrado su partido. No sucedió ni lo uno ni lo otro, y Trump reunió los millones de votos populares suficientes para pasar, por la mínima, el cedazo del Colegio Electoral. Trump tenía y sigue teniendo mucho de anómalo, pero si se convirtió en una anomalía viable es porque la normalidad, tal y como creían seguir contemplándola los estrategas demócratas, hacía ya mucho tiempo que había dejado de ser tal.

No han sido pocos los políticos, intelectuales y comunicadores republicanos que entonces y a lo largo de estos cuatro años han expresado su horror ante el ascenso de Trump al poder. Bastantes menos, los que han reconocido la directa y pertinaz responsabilidad de su partido en crear las condiciones que en la larga, media y corta perspectiva histórica lo hicieron posible. Hasta la década de 1920, el de Abraham Lincoln era el partido mayoritario en todo el país salvo en su cuarto sudoriental, ocupado por los antiguos estados esclavistas perdedores de la guerra civil (1861-1865), donde los demócratas eran sostenidos por un electorado blanco aún mayoritariamente reticente, cuando no violentamente hostil, a la integración social y política de la población negra. En la década de 1930, bajo el pavoroso impacto de la Gran Depresión, el Partido Demócrata giró drásticamente a la izquierda de la mano de Franklin D. Roosevelt, disputando a los republicanos el voto de clase trabajadora, y en la década de 1950 abrazó la causa de los derechos civiles, disputando el voto negro. Como respuesta a este agresivo y exitoso realineamiento político demócrata, el Partido Republicano adoptó en la década de 1960 la denominada estrategia sureña y se convirtió en el partido de los blancos segregacionistas del sur, y en general de las diferentes sensibilidades, muchas de ellas de marcado acento religioso, de la reacción conservadora a la oleada de cambios socioculturales de signo progresista de la época, de la igualdad racial, femenina y homosexual al pacifismo o el ecologismo. Una versión aún muy tosca de este nuevo Partido Republicano radicalmente escorado a la derecha padecería en 1964, con el extremista Barry Goldwater como candidato, una de las peores derrotas de su historia ―que erróneamente muchos evocarían medio siglo después para augurar el fracaso del trumpismo―, y los siguientes presidentes republicanos del país, Richard Nixon y Gerald Ford, lo fueron desde versiones sensiblemente derechizadas pero todavía más o menos homologables al republicanismo tradicional. Pero década y media después de Goldwater, tras la fractura del gran consenso económico keynesiano imperante en los dos grandes partidos desde la Gran Depresión, tras la breve, contradictoria, fallida y desmovilizadora presidencia demócrata de Jimmy Carter, en estrecha alianza con la emergente cosmovisión neoliberal y sus animadores intelectuales y corporativos y con un fundamentalismo cristiano mejor organizado y políticamente más activo que nunca antes en la historia del país, el republicanismo conservador radical llegaría finalmente a la Casa Blanca con Ronald Reagan en 1981.

A menudo poco atendida en su dimensión interna, frente al dramático transcurso y trascendental resultado de su política exterior en el vertiginoso tramo final de la Guerra Fría, la década larga que abarcan los dos mandatos de Reagan y el de su sucesor George H. Bush ―el período más prolongado de gobierno republicano desde las presidencias consecutivas de Harding, Coolidge y Hoover entre 1921 y 1933―, señala una radical derechización de la vida del país, una determinada y sistemática contrarreforma frente a los importantes cambios socioculturales de signo progresista de las décadas precedentes, que llegó a constituir o al menos a autocomprenderse casi como una refundación integral de la misma identidad nacional norteamericana. Pero en 1993, en el clima triunfal de la primera posguerra fría, y ya no frente al carismático Reagan sino al funcionarial G. H. Bush, el Partido Demócrata volvió a la Casa Blanca de la mano de Bill Clinton y su versión más alegre, cosmopolita, inclusiva y liberal ―en el sentido anglosajón del término, más o menos equivalente al europeo progresista— del neoliberalismo, perfectamente continuista de las políticas económicas de Reagan pero emancipada de la asfixiante tutela moral del fundamentalismo religioso. La ira conservadora fue terrible, y encontró en los escarceos sexuales de Clinton con la becaria Monica Lewinsky en el mismísimo Despacho Oval la perfecta ocasión para lanzar contra él una encarnizada batalla política, judicial y publicística con ostentosos tintes de proceso inquisitorial, que reuniría tras la figura heroica del fiscal Kenneth Starr al entero universo conservador, endurecería su agenda, multiplicaría su audiencia, polarizaría agriamente la vida pública del país y marcaría una pauta cuyas continuidades pueden rastrearse fácilmente hasta el presente ―es en este clima de extrema crispación que cobra sentido, además, el terrible atentado del 19 de abril de 1995 contra un edificio federal en Oklahoma, el mayor de la historia norteamericana hasta los del 11 de septiembre de 2001, cometido por una célula conectada al por entonces poco conocido universo de las milicias armadas ultraderechistas, supremacistas y conspiranoicas.

A pesar de los denodados empeños del inquisidor Starr por forzar su destitución, Clinton completaría dos mandatos, pero en 2000, en un clima social súbitamente ensombrecido, tras años de euforia neoliberal, por el desplome de los valores puntocom y el gigantesco fraude y colapso de Enron, su vicepresidente Al Gore sería derrotado en 2000 por George W. Bush en unas controvertidas elecciones que el demócrata ganó en el voto popular por medio millón de sufragios, pero que el Tribunal Supremo, mayoritariamente conservador, terminaría concediendo al republicano tras un agónico y finalmente inconcluso conteo en el estado de Florida ―gobernado por su hermano Jeb Bush―, en una actuación que muchos interpretaron como un golpe de Estado palaciego en toda regla, sin precedentes en la historia política norteamericana moderna, que los aturdidos demócratas encajaron sin presentar apenas resistencia. Resulta sorprendente hasta qué punto el implacable presentismo de la cultura y la comunicación contemporáneas, el efecto recodo provocado por la monumental crisis de 2007-2008 respecto al periodo histórico inmediatamente anterior y los dispositivos amortiguadores de conflicto de la institucionalidad y la cultura política norteamericanas han obliterado la pesadilla que desde su fraudulento inicio supusieron, para el país y para el resto del planeta, los dos mandatos de G. W. Bush y su corte de halcones geopolíticos y fundamentalistas religiosos neoconservadores, forjados en las alas más duras de las administraciones de Reagan y de su padre ―individuos como Donald Rumsfeld, Richard Perle o Paul Wolfowitz, por mencionar solo a los más conocidos―, a los que los feroces atentados takfiristas del 11 de septiembre de 2001 contra Washington y Nueva York —tardío, inesperado y brutal contragolpe histórico de la intervención norteamericana en Afganistán contra los soviéticos en la década de 1980― dieron la excusa para desplegar su megalómana agenda neoimperialista de máximos, el conocido por su documento fundacional como Proyecto Nuevo Siglo Americano, que conduce en el exterior a la catastrófica guerra y colonización de Iraq ―hasta hoy el más sangriento conflicto bélico de nuestro siglo, enteramente sustentado en mentiras y por añadidura totalmente fracasado en sus objetivos― y en el interior a una crisis constitucional permanente de signo agresivamente reaccionario ―de la que la normalización de hecho y de derecho de las más infames prácticas de desaparición, tortura y ejecución sumaria son solo la punta más visible del iceberg. La reelección de Bush en 2004, esta vez sin necesidad de que el Tribunal Supremo adulterase los resultados, demostró hasta qué punto la coalición conservadora arracimada en torno a su administración no respondía solo al rechazo a los fracasos económicos del último clintonismo, sino a su propio arraigo en la sociedad norteamericana y al extraordinario refuerzo que a este le habían proporcionado la paranoia securitaria y patriótica posterior al 11 de septiembre, la extensión demográfica y potencia movilizadora del fundamentalismo religioso y el militante alineamiento político de los sectores económicos petrolero y armamentístico.

Tras aquel sonoro fracaso del patricio centrista John Kerry frente a Bush en 2004, el Partido Demócrata apostó en 2008 por un prudente pero significativo giro a la izquierda con la candidatura del joven liberal afroamericano Barack Obama, un apabullante comunicador, forjado en la academia, la organización comunitaria y la política municipal, ajeno a las grandes dinastías demócratas, casi un recién llegado a Washington, que logró poner en pie una de las más vastas coaliciones electorales progresistas de la historia norteamericana arrastrando a millones de jóvenes y abstencionistas a las urnas. Por mucho que, más allá de la potente novedad simbólica del color de su piel en una Casa Blanca erigida por esclavos, las políticas de Obama difícilmente pueden ser descritas como radicales en casi ningún aspecto, la respuesta de la derecha fue si cabe aún más brutal que la sufrida por Clinton. Parasitando el descontento social por las consecuencias de la crisis económica de 2007-2008, medios de comunicación y grupos de presión de la derecha radical atizaron el vasto movimiento de protesta del Tea Party, levantaron todo un proliferante ecosistema de paranoias conspirativas en los medios tradicionales y digitales y, en su forma más extrema, provocaron un crecimiento sin precedentes de las milicias armadas nacionalistas y supremacistas. El Partido Republicano, ansioso por levantarse de la lona en que Obama lo había postrado, abrió de par en par las puertas del partido y sus procesos de promoción a los activistas del Tea Party, mimó a sus medios y estrellas de la comunicación, adoptó más o menos sibilinamente muchos de sus tropos y, por supuesto, reclamó sus votos, aunque a la hora de la verdad, ante las elecciones de 2012, encomendó su candidatura a Mitt Romney, un patricio republicano de larga trayectoria institucional y perfil ideológico moderado, que fue cómodamente derrotado por un Obama aún capaz de compensar con su imponente retórica su muy aguado balance de gobierno. El aparato republicano entró entonces en un impás de desorientación y desgobierno que los más radicales aprovecharon para imponer sus posiciones con vistas a 2016. Hasta qué punto era Trump realmente consciente al lanzar su candidatura de la ancha ventana de oportunidad que este panorama le ofrecía, o si simplemente se trató de un gesto provocador acompañado por unas circunstancias cuya potencialidad última se le escapaba, posiblemente nunca lo sepamos con exactitud. Sí sabemos que en el muy diferente destino de las campañas de Goldwater en 1964 y Trump en 2016 la principal diferencia no la marcan las redes sociales, la hiperexcitada intelectualidad de la derecha alternativa o los manejos del Kremlin, sino sesenta años de paulatina radicalización republicana de Nixon a Reagan y los Bush, de la estrategia sureña a la Mayoría Moral, Fox News, el caso Lewinsky, el Tea Party y la conspiranoia obamafóbica, que para 2016 había convertido para el grueso de los electores republicanos habituales en perfectamente votable lo que de ningún modo lo había sido en 1964.

Quien con toda seguridad no fue en absoluto consciente de la anchura de aquella ventana de oportunidad y la larga distancia sociológica entre 1964 y 2016 fue el aparato del Partido Demócrata, que confió su candidatura a Hillary Clinton, una nítida representante de su patriciado más inmovilista, situada claramente a la derecha no solo de Obama, sino también de Kerry, Gore y su propio marido, que no dudó en combatir por medios muy poco transparentes la precandidatura del socialdemócrata Bernie Sanders y luego dedicó muy pocos o ningún esfuerzo en ganar para su causa a los cientos de miles de jóvenes y activistas movilizados por su campaña, como en los años previos había hecho muy poco o casi nada por sintonizar con los movimientos sociales emergentes que habían criticado por la izquierda al obamismo, de Occupy Wall Street a Black Lives Matter. Mientras se autoafirmaban en el presunto irrealismo de la interna republicana que había hecho candidato a Trump, los demócratas no eran conscientes de la distancia entre el control de Clinton sobre el aparato del partido y su valoración social real, ni entre la repulsa de que Trump era merecedor entre los sectores progresistas y su valoración social en general: ¿para qué esforzarse y asumir compromisos para ensanchar la base demócrata hacia la izquierda, los jóvenes y el activismo ―por ejemplo, incorporando a Sanders como candidato a la vicepresidencia―, si Trump iba a perder decenas de millones de votos republicanos moderados y al menos parte de ellos iban a ir necesariamente a engrosar la cuenta de Clinton? Los números reflejan con toda claridad las consecuencias de este monumental error de apreciación: los demócratas obtuvieron con Obama 69,5 millones de votos en 2008, frente a 60 millones de los republicanos (con un 58,2% de participación), y 66 millones de votos en 2012, frente a 61 millones de los republicanos (con un 54,9% de participación), mientras en 2016 con Clinton se mantuvieron en los 66 millones de la reelección de Obama al tiempo que Trump escalaba hasta los 63 millones (con un 55,4% de participación y, dato no marginal, resultados infrecuentemente altos para los candidatos minoritarios, por la izquierda 1,5 millones la candidata del Partido Verde y por la derecha 4,5 millones para el candidato del Partido Libertario). Tan cierto es, en resumen, que el accidentado reparto territorial de los sufragios y la vetusta y poco representativa institución del Colegio Electoral neutralizó los tres millones de votos de ventaja de los demócratas como que estos jamás imaginaron, pese a las múltiples advertencias que durante la campaña recibieron en sentido contrario, que esa ventaja pudiese ser tan estrecha y, al cabo, vulnerable.

Las consecuencias de este error han sido descritas y analizadas durante los pasados cuatros años de forma exhaustiva, si no obsesiva, por los medios de comunicación de los Estados Unidos y de todo el mundo. La presidencia de Trump ha sido un trauma narrado en directo, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, hasta sus más banales o estrambóticos detalles, dificultando muy severamente separar anécdota y estructura, continuidad y novedad histórica. Así, por ejemplo, la fantasmagórica subtrama de las extrañas relaciones de Trump y su entorno con Rusia, muy probablemente reales y quizás en alguna medida significativas en el resultado electoral de 2016, pero muy difícilmente decisivas, ha ocupado a menudo en los medios, las librerías y el debate público bastante más espacio que otros hechos mucho más tangibles y graves, pero también menos operacionalizables en la disputa política convencional por los demócratas centristas y sus medios corporativos afines, como sus políticas medioambientales, de derechos civiles o de inmigración. Del mismo modo, la atención recibida por la expansiva galaxia de las derechas alternativas que le han prestado obediencia ―en especial las armadas y más violentas, como los Oath Keepers o los Proud Boys, o las que enuncian teorías conspirativas más rocambolescas, como QAnon―, cuya peligrosidad es ciertamente difícil de sobrestimar a estas alturas, ha opacado la menos llamativa, pero social y políticamente mucho más decisiva aquiescencia del grueso del aparato del Partido Republicano, cuya bancada en el Congreso y el Senado y gobernadores estatales han mantenido, con muy contadas excepciones, una posición seguidista y acrítica hacia los constantes desvaríos y atropellos del presidente, y sobre todo la rocosa resistencia de su electorado, que al menos hasta la emergencia de la pandemia y las grandes protestas raciales de 2020 ha permanecido impertérrito reiterándole encuesta tras encuesta su apoyo, manteniendo un suelo de simpatía bajo pero también aparentemente indestructible en torno al 40% del electorado, sensiblemente por debajo de sus resultados de 2016, pero muy lejos de desplomarse como resultado del repudio social generalizado tras su paso de las palabras de campaña a los hechos de gobierno. Es muy probable que Trump recibiese el activo soporte de la artera kombinaciya rusa para llegar a la presidencia, pero su principal apoyo no son, como a veces pudiera parecer leyendo a algunos columnistas liberales, las hacendosas granjas de perfiles automatizados de Facebook y Twitter al servicio de la pérfida política exterior de Vladimir Putin, sino un ancho y muy sólido bloque social de decenas de millones de norteamericanos y norteamericanas identificados y satisfechos con sus políticas.

Las elecciones legislativas de medio mandato de 2018 ―que renuevan el Congreso y un tercio del Senado, y se hacen coincidir con la mayoría de elecciones a cámaras estatales y gobernadores, así como múltiples elecciones municipales y referendos temáticos por todo el país― fueron erróneamente presentadas como un aplastante triunfo por los demócratas, que efectivamente recuperaron la mayoría del Congreso por primera vez desde 2010, pero no fueron capaces, a pesar de una alta participación sin precedentes en esta categoría electoral en más de un siglo, de desbordar la mayoría republicana del Senado ni, con un puñado de excepciones, avanzar posiciones decisivas sobre territorios republicanos. Mientras el presidente convertía la Casa Blanca en un grotesco aquelarre de charlatanes conspiranoicos como Steve Bannon, supremacistas raciales como Stephen Miller o feroces inquisidores como Bill Barr, obstruía a plena luz del día las investigaciones del FBI sobre sus extrañas relaciones rusas, arrastraba los pies para condenar violentos mítines nazis como el de Charlottesville, abandonaba los tratados internacionales de no proliferación nuclear y lucha contra el cambio climático, desandaba los pasos hacia la normalización diplomática con Cuba e Irán, tensaba el comercio mundial con una guerra arancelaria con China, aterrorizaba a millones de migrantes sin papeles e incluso veía ridiculizadas sus habilidades sexuales en horario televisivo de máxima audiencia por alguna de sus antiguas amantes, su partido aún cosechaba casi un 45% de los votos al Congreso y renovaba sus gobernadores y mayorías legislativas estatales en casi todos sus feudos tradicionales, demostrando más bien la capacidad defensiva del trumpismo que la capacidad ofensiva de los demócratas.

Si esto ha cambiado en los últimos meses con la doble pesadilla sanitaria de la pandemia y política de las protestas raciales y su represión, solo las urnas del 3 de noviembre lo saben. Cuando a primeros de abril, con el coronavirus ya propagándose por el país y tras un proceso de primarias bastante desordenado y disfuncional ―que permitió de nuevo a Bernie Sanders asomarse a la nominación gracias al apoyo juvenil y activista y la dispersión y hostilidad entre sus competidores―, el aparato demócrata decidió apostar por el exvicepresidente Joe Biden como candidato, muchos pronósticos se ensombrecieron: aun a pesar de todos los estigmas y atrocidades del trumpismo, podían repetirse los resultados de 2004 y 2016, con un patricio demócrata centrista y continuista de escasa capacidad movilizadora entre abstencionistas y jóvenes estampándose contra el muro de una consistente coalición conservadora convertida por la desafección política de masas en minoría dominante. Casi nadie pensaba entonces que durante los siguientes siete meses el coronavirus se cobraría la vida de un cuarto de millón de estadounidenses mientras el presidente abrazaba las más enloquecidas teorías conspirativas y negacionistas, contrariaba a las autoridades sanitarias de su propio gobierno y cargaba contra China o la Organización Mundial de la Salud, ni que el asesinato policial de un ciudadano negro en Minneapolis provocaría una gigantesca oleada de protestas que desbordaría los habituales espacios sociales activistas para convertirse en el canal de expresión de masas que el descontento con el trumpismo no encontraba, tras el relativo declive del movimiento feminista que cumplió esta función durante la primera mitad de la legislatura, y que la solidaridad con la población migrante o el activismo medioambiental solo han conseguido ser episódica y muy localizadamente en términos tanto geográficos como sociológicos. La demencial embestida represiva lanzada por la Casa Blanca contra las protestas, tensando al límite las mismas costuras constitucionales de la potestad presidencial, han terminado por desencadenar las tensiones latentes durante toda la legislatura entre la siniestra y estrafalaria corte trumpista y los mismos aparatos del Estado, desde los ayuntamientos y gobiernos estatales de los territorios que ha sido escenario de las movilizaciones hasta el mismo estamento militar, obligado ante la presión presidencial para implicar al ejército en la represión a emitir un comunicado, sin precedentes en la moderna historia del país, advirtiendo preventivamente de su indisposición a acatar directrices contrarias al orden constitucional.

Es de justicia reconocer que el propio Biden ha contribuido, pese a sus evidentes limitaciones políticas y escénicas, a mejorar sus expectativas electorales con una campaña ponderadamente ecuménica, con la que ha conseguido seguir apelando a los demócratas tradicionales y a los republicanos centristas descontentos con el trumpismo y a la vez mantener al menos entreabiertos los puentes discursivos y organizativos que hace cuatro años Clinton rehusó tender hacia los simpatizantes de Sanders. La nefasta gestión y aterradora mortandad de la pandemia, la proliferación insoportable de violencia policial y escuadrista en las calles o la sucesión de megaincendios y otros desastres vinculados al cambio climático le han ofrecido un marco óptimo para reducir su discurso a un mensaje muy sencillo y transversal de reconciliación nacional, regeneración democrática, reconstrucción institucional y respeto a la razón y la ciencia, eficazmente condensado en el poderoso símbolo de la mascarilla sanitaria, que Trump se ha negado a menudo a utilizar y Biden ha exhibido disciplinadamente durante toda la campaña. Por añadidura, dos años después del entonces solitario gesto de dignidad del senador y excandidato presidencial republicano John McCain prohibiendo la asistencia de Trump a su propio funeral, los republicanos descontentos han encontrado al fin en propuestas como las del Lincoln Project un cierto lenguaje e identidad movilizadora, de los que la mayoritaria complicidad de su partido con el trumpismo les había privado hasta ahora. Del otro lado del tablero político, Bernie Sanders, la popular congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el resto de la izquierda demócrata han acompañado fielmente la campaña de Biden, y con distintas entonaciones, referentes de la izquierda a la izquierda del Partido Demócrata como Noam Chomsky, Angela Davis o Cornel West han llamado al voto demócrata como instrumento antifascista frente a Trump. La distopía espeluznante en que el último año de mandato trumpista ha sumido al país estaría, a tenor de prácticamente todas las encuestas desde el verano, galvanizando una coalición de electorados heterogéneos que al menos sobre el papel parece capaz de desalojar a Trump de la Casa Blanca, aunque el presidente lograse mantener intacta su base electoral y aún ampliarla algo más por la derecha, pero casi nadie se atreve a dar nada por sentado, por ancha que sea la ventaja de Biden en las proyecciones, tras el precedente de severo divorcio entre el país demoscópico y el país real que se reveló en 2016, y con el inquietante factor adicional de incertidumbre que supone el procedimiento del Colegio Electoral.

Ahonda aún más esta incertidumbre el hecho de que, a la luz de las propias declaraciones de Trump ―«el único modo de que perdamos las elecciones es que estén manipuladas», ha reiterado durante toda su campaña― y de la posible reacción de su base más radical en las calles, no cualquier victoria de Biden podría despejar por igual el curso de los acontecimientos. Una victoria rotunda por muchos millones de votos populares y una gran distancia de votos electorales, que además viniese acompañada de una nueva mayoría demócrata en el Senado, sería difícil de contestar por el trumpismo ―o dejaría sola en la contestación a su franja más fanática― y permitiría a Biden no solo asumir la presidencia sin grandes complicaciones, sino plantear un desmontaje más o menos rápido del funesto legado del trumpismo. Si esa victoria rotunda no solo se nutriese de nuevos votantes, sino que también perforase claramente el electorado trumpista y sus pilares sociológicos y territoriales, el propio Partido Republicano tendría también más fácil sacudirse la herencia de Trump y pasar a manos de sectores, si no moderados, al menos algo más distanciados de las derechas más radicales. Pero conforme esa victoria de Biden se fuese estrechando, más se multiplicarían los riesgos de una transición traumática, en la que, apelando a una u otra presunta causa de ilegitimidad del resultado, Trump se aferrase al cargo ―empeño en el que, yendo aún un paso más allá de lo ocurrido en 2000, el muy derechizado Tribunal Supremo y otras instancias judiciales, federales y territoriales, podrían salir en su auxilio―, y en la que los sectores más fanáticos de su base se lanzasen a una respuesta violenta sobre cuya extensión, duración y virulencia solo cabe especular, pero para la que cuentan con vastas reservas de potencia de fuego y obcecación ideológica. La por ahora consistente adhesión de los militares y las agencias de seguridad interior y exterior al orden institucional descarta el horizonte de una segunda guerra civil como la que los trumpistas más exacerbados fabulan a menudo en sus inframundos digitales, pero sí podría darse un escenario de sostenida violencia de baja y mediana intensidad, una proliferación de algaradas callejeras, escaramuzas armadas y atentados terroristas que tensionase hasta lo insoportable la convivencia ciudadana y las instituciones políticas del país. El mismo sentido común heredado de tiempos pasados y distintos que fracasó en acertar la reelección de Bush en 2004 y la elección de Trump en 2016 presupondría que, llegados a ese punto, el aparato y las bases republicanas repudiarían masiva y tajantemente el trumpismo, pero convendría poner también en cuarentena esta certeza, especialmente en aquellos territorios que han otorgado a Trump voluminosas supermayorías electorales y cuyas bancadas institucionales republicanas están plagadas de extremistas y lunáticos llegados del Tea Party, los grupos de presión por las armas o contra el aborto, las congregaciones evangélicas más ultramontanas o, más recientemente, el demencial culto conspiranoico de QAnon.

En 2008, del mismo modo que pretendieron cerrar capítulo de la desastrosa aventura militar en Iraq con una apresurada y caótica retirada que terminó multiplicando los daños de la invasión, Obama y los demócratas pretendieron zanjar la profunda fractura cultural, social e institucional provocada en el país por el bushismo con un olvido fulminante, tanto que ni siquiera requirió del perdón presidencial para un Bush que no solo no fue enjuiciado por sus crímenes, sino que fue prontamente reinsertado a la vida pública del país como un expresidente más. Tampoco salió bien, y del mismo modo que del incendio mal apagado de la guerra iraquí nacieron luego el Estado Islámico y sus incontables atrocidades, del incendio mal apagado del bushismo nacieron primero el Tea Party y luego el trumpismo. Va seguramente en el carácter y la trayectoria de Biden y del aparato demócrata volver a intentarlo, y en general tratar de retornar a una normalidad bipartidista cuya base económica, demográfica y cultural ya no existe ni puede restaurarse. Incluso si Trump pierde y acata disciplinadamente el resultado, sus seguidores no inician una oleada de violencia y el liderazgo del Partido Republicano retorna a manos de neoliberales conservadores más o menos tradicionales, la traumática experiencia de este período oscurísimo y, sobre todo, las causas que lo hicieron posible, el poderoso excedente distópico que lo anima, seguirán ahí. En 1935, alarmado por la propagación de las ideas nazis en el país, Sinclair Lewis publicó una tan célebre como inquietante sátira distópica sobre unos Estados Unidos fascistizados, titulada Eso no puede ocurrir aquí (Antonio Machado Libros, 2013). Efectivamente no ocurrió entonces con el prohitleriano German American Bund de Fritz Julius Kuhn, ni en 1954 con la caza de brujas anticomunista de Joseph McCarthy, ni en 1964 con la candidatura republicana de Barry Goldwater, pero sí ha ocurrido ahora por dos veces y gobernado el país durante doce de los veinte años transcurridos de este siglo XXI, y aun si Trump es hoy derrotado puede volver a ocurrir tan pronto como las circunstancias sean proclives para ello, detonado por un shock securitario como el de 2001, económico como el de 2008 o climático como los que con toda desgraciada seguridad están por llegar, alimentado por las fracturas profundísimas entre la población blanca y las minorías raciales, entre los trabajadores de los servicios, la alta tecnología y la economía digital y los de la industria pesada, las energías fósiles y la agricultura industrial, entre los vibrantes estados urbanizados de ambas costas y los deprimidos estados rurales del corazón del país o entre el pluralismo moral y el pensamiento científico y el fundamentalismo teocrático.

Cuesta creer que, si tras el nefasto período bushista, un hombre con las extraordinarias aptitudes políticas y el masivo apoyo popular de Obama fue incapaz de intervenir a fondo sobre todas esas fracturas, pueda hacerlo ahora otro mucho menos brillante y carismático como Joe Biden. La urgencia de acometer esas transformaciones es, sin embargo, mucho mayor ahora que en la era de Obama, cuando aquello que con el bushismo pudo ser considerado una deriva excepcional producto del trauma difícilmente repetible del 11 de septiembre se ha confirmado como una pauta recurrente: la vulnerabilidad estructural de la sociedad y el sistema político norteamericano a una pulsión fascistizante a cada asalto más radical y violenta. Solo cambios igualmente estructurales, que de momento el Partido Demócrata parece distar mucho de siquiera querer plantearse, podrían revertir consistente y duraderamente esa vulnerabilidad. Si finalmente, como todo parece indicar y además nos sentimos desesperadamente impelidos a desear, Joe Biden gana estas elecciones y es investido como cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos de América, esta tensión entre necesidad histórica y posibilidad política constituirá el permanente, apremiante y muy probablemente trágico telón de fondo de su mandato.


Jónatham F. Moriche (Plasencia, 1976), activista y escritor extremeño. Ha publicado textos de análisis político y crítica cultural en medios como El Salto, La Marea, Eldiario, Rebelión o Diario Hoy.

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