Vox: la variante española

/por Jónatham F. Moriche/

En las elecciones regionales andaluzas del 2 de diciembre de 2018 el partido ultraderechista Vox obtuvo casi 400.000 votos, que una baja participación del 56’5% tradujo en un 11% del total emitido y 12 de los 109 escaños del Parlamento autonómico de Andalucía. Los suficientes para, junto al Partido Popular (PP) y Ciudadanos, completar una mayoría parlamentaria a la derecha del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y poner fin a treinta y seis años consecutivos de gobierno socialista en la más extensa y poblada Comunidad Autónoma del país y pieza clave de su compleja estructura territorial y política, como efectivamente sucedería el 19 de enero de 2019, con la investidura como presidente de Andalucía del candidato del PP, al frente de un gobierno de coalición con Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox. Según todas las encuestas, tanto en las elecciones generales anticipadas convocadas por el presidente socialista Pedro Sánchez para el 28 de abril como en el inmediatamente posterior superdomingo electoral del 26 de mayo, en el que se decidirán los gobiernos de todos los municipios del país, trece de sus diecisiete Comunidades Autónomas y su representación en el Parlamento Europeo, Vox puede acercase, igualar o incluso mejorar sus resultados andaluces, inaugurando una nueva y agravada fase de la profunda crisis política en que España vive inmersa desde hace ya casi una década.

La gran crisis española

El impacto de la gran crisis financiera mundial de 2007-2008 sobre la economía española, disparatadamente dependiente de la especulación inmobiliaria, fue devastador. Con el estallido de la burbuja, millones de personas perdieron abruptamente sus empleos o pequeños y medianos negocios, cayeron en la pobreza o se vieron desalojadas de sus hogares, a la vez que todo un imaginario de crecimiento, renta y consumo perpetuamente crecientes, hegemónico durante décadas en la cultura española, y los millones de proyectos vitales personales y familiares inspirados en él, se desmoronaban (López y Rodríguez, 2010). Las consecuencias políticas de esta catástrofe económica, social y cultural aún tardaron en hacerse sentir. En 2004, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero había sido elegido, con un amplio consenso que abarcaba del centro liberal hasta la extrema izquierda, como alternativa al drástico volantazo neoconservador del anterior gobierno del PP, presidido por José María Aznar. Durante su primer mandato, Rodríguez Zapatero satisfizo al menos parcialmente las expectativas de muchos electores progresistas en materia de política exterior o derechos civiles, y en 2008, ya iniciada pero todavía lejana la crisis financiera global, conquistó la reelección con un discurso tranquilizador y optimista sobre la situación económica española que muy pronto se volvería duramente en su contra, primero por el escaso efecto de sus tímidas medidas de estímulo económico y protección social; luego por su humillante claudicación ante las draconianas medidas de austeridad dictadas al país por las instituciones europeas y los mercados financieros internacionales. Un clima de pesimismo, desorientación y rabia contenida fermentó silenciosamente en los subsuelos de la sociedad española durante meses hasta que, en la primavera de 2011, con los levantamientos populares antioligárquicos del norte de África como precedente y ejemplo, entró en ignición. Las acampadas de miles de manifestantes en la Puerta del Sol de Madrid, la Plaza de Catalunya de Barcelona y decenas de plazas más por todo el país inauguraron el más amplio y enérgico ciclo de movilizaciones sociales vivido en España desde la transición de la dictadura militar franquista a la monarquía parlamentaria en la década de 1970.

El resultado de estas movilizaciones fue ambivalente. Por un lado, el programa político del movimiento de las plazas, proseguido luego por las llamadas mareas (la Marea Verde por la educación pública, la Marea Blanca por la sanidad pública o la Marea Granate contra la emigración juvenil, entre otras) y otros colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Juventud Sin Futuro o los Campamentos Dignidad, de signo inequívocamente progresista, caló profundamente en la cultura política del país, especialmente, aunque no solo, entre sus generaciones más jóvenes. Pero, por otro lado, la decepción y desapego generalizados tanto hacia el neoliberalismo progresista del PSOE como hacia la izquierda más clásica representada por Izquierda Unida (IU, coalición que incluye al Partido Comunista de España) provocó en las elecciones generales de noviembre de 2011 un récord histórico de abstención, el brutal desplome del primero, apenas un modestísimo crecimiento de la segunda y, con muy pocos votos netos más de los obtenidos en 2004 y 2008, una sólida mayoría absoluta parlamentaria del PP de Mariano Rajoy, cuyo programa consistía paradójicamente en el cumplimiento estricto de las políticas de austeridad y el desmantelamiento acelerado de derechos sociales y servicios públicos. Con las vías institucionales obturadas por esa mayoría parlamentaria absoluta pero escasamente representativa del PP, el conflicto social se prolongó y radicalizó en las calles, alcanzando su punto álgido con las multitudinarias y duramente reprimidas concentraciones en torno al Congreso de los Diputados de septiembre de 2012 (Delclós, 2015; Rodríguez, 2016).

Existe un consenso casi unánime en señalar que este ciclo de protestas de signo progresista iniciado en la primavera de 2011, y su posterior proyección hacia el campo institucional con la aparición de las plataformas municipalistas progresistas en Barcelona, Madrid y otras grandes ciudades en 2013 y de Podemos en 2014, constituyen el factor más inmediatamente decisivo ―junto a otros de más largo recorrido, como el recuerdo de la dictadura franquista y sus atrocidades, la aparentemente baja incidencia del racismo en la sociedad española o la solidez institucional y cultural del PP como casa común de todas las derechas― para explicar lo que se denominó la excepción española, o duradera resistencia del sistema político español a la emergencia de fuerzas de signo ultraderechista como las que, en circunstancias económicas y sociales al menos parcialmente comparables, han proliferado y en varios casos accedido al poder en muchos países de nuestro entorno geográfico y cultural, antes y sobre todo después de la inesperada elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en 2016 (González Enríquez, 2017). Un estado de cosas que, sin embargo, parece haber quedado definitivamente atrás con la irrupción de Vox.

Las derechas españolas de Franco a Aznar

La aplastante victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, con más de diez millones de votos y 202 de los 350 asientos del Congreso de los Diputados, clausuró ―siete años después de la muerte del general Franco, cinco de la aprobación de la Constitución y uno y medio del fallido golpe militar del 23 de febrero― el proceso de transición de la dictadura militar a la monarquía parlamentaria en España. El carismático Felipe González gobernaría el país durante catorce años, combinando políticas sociales y culturales progresistas, estricta ortodoxia económica neoliberal y fuertes dosis de caudillismo, clientelismo y corrupción, introduciendo al país en la OTAN y la Comunidad Europea en 1986 y celebrando en 1992 en Barcelona sus primeros Juegos Olímpicos y en Sevilla su segunda Exposición Universal, momento cumbre del proceso de modernización y de la autoestima del país cifrada en ella. Revelaciones sobre incontables casos de corrupción en el partido y el Gobierno y sobre la guerra sucia de grupos parapoliciales dirigidos desde el ministerio del Interior contra el independentismo vasco marcarían el último y agónico mandato de González. En 1996, la derecha volvía al poder en España.

La fuerza hegemónica de la derecha española en las primeras cortes postfranquistas de 1977 fue la Unión de Centro Democrático (UCD) del presidente Adolfo Suárez, que congregaba a reformistas franquistas de perfil tecnocrático y antifranquistas liberales o cristiano-demócratas. Arrinconada a su derecha quedaba la más pequeña, conservadora y reticente a las reformas Alianza Popular (AP), liderada por Manuel Fraga, político de poderosa inteligencia y modos jupiterinos, alto cargo y varias veces ministro en gabinetes franquistas desde los cincuenta, uno de los principales arquitectos de la reforma desde dentro de la dictadura a la vez que responsable político directo de buena parte de la peor violencia represiva de sus últimos años. En 1982, el hundimiento de UCD arrastra a muchos de sus dirigentes, cuadros y bases hacia AP, que se convierte en la principal fuerza de oposición al políticamente gobernante y culturalmente hegemónico PSOE, iniciando entonces un largo camino hacia el centro, orgánicamente comandado por Fraga, pero ideológicamente inspirado por los sectores liberales, cristiano-demócratas y tecnocráticos llegados de UCD, que superando no pocas turbulencias internas conduciría finalmente en 1989 a su refundación como Partido Popular y al traspaso de poderes de Fraga a Aznar, un político de maneras lacónicas y perfil ideológico poco definido ―familiarmente ligado a las élites franquistas y militante adolescente de la Falange, pero demasiado joven para haber desempeñado altas responsabilidades en la dictadura, alineado primero con el ala más rocosamente nacional-católica de AP para devenir luego, con el desplazamiento al centro del partido, en liberal-conservador―, que tras hostigar con enorme dureza a un declinante González y salir milagrosamente ileso de un atentado con bomba de ETA en 1995, vence las elecciones generales de 1996 (Corpas, 2011; Carrión, 2011; Del Río 2013; Cañellas, 2012 y 2014).

El primer gobierno de Aznar, sin mayoría absoluta en el Congreso, obtuvo el apoyo parlamentario de los nacionalistas conservadores catalanes y vascos ―una entente absolutamente inédita en la historia política española―, prosiguió en lo económico la línea de ortodoxia neoliberal y europeísta de los gobiernos del PSOE y no generó especiales tensiones ideológicas y culturales entre un electorado progresista que, en general, recibió con cierto alivio la alternancia en el poder, que por un lado permitía poner punto y aparte a la pantanosa decadencia del periodo de González y por otro había llevado a la presidencia, no a un nostálgico del franquismo o siquiera a un aguerrido liberal-conservador, como podía hacer temer su trayectoria, sino a un aseado centrista que citaba en sus discursos al pensador socialdemócrata Jürgen Habermas o al literato y presidente progresista de la Segunda República española Manuel Azaña, que convivía amistosamente con los grandes sindicatos y la intelectualidad progresista y que incluso, satisfaciendo una demanda histórica de la izquierda nunca atendida por el PSOE, suprimió el servicio militar obligatorio e indultó a cientos de insumisos presos o prófugos. En tiempos de bonanza económica sostenida, efervescente espectáculo televisual y profunda despolitización de masas, esta primera presidencia de Aznar hizo casi imperceptible el tránsito de la izquierda a la derecha y casi la existencia misma de la política, perfectamente confundida con la mera gestión eficaz de lo existente (Maura, 2018). La holgada mayoría absoluta parlamentaria obtenida por Aznar en las elecciones generales de 2000 daría un drástico vuelco a esta situación. Arrancaba un decidido giro a la derecha en el que Aznar dejaría atrás el patriotismo constitucional de Habermas y el progresismo ilustrado de Azaña para volver la mirada hacia los referentes más duros de la tradición conservadora española y al pensamiento neoconservador anglosajón, hegemónico en Washington tras la victoria de George W. Bush y que inspiraría, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, la deriva liberticida y belicista que conduce a la guerra de Iraq, de la que Aznar será un defensor entusiasta (Vázquez Montalbán, 2003; Tusell, 2004).

Desde las elecciones generales de 1979, en las que logró colocar un único y último diputado en el Congreso ―el histórico líder falangista Blas Piñar, portavoz del llamado búnker o minoría franquista más refractaria a la transición democrática―, el fragmentado espacio electoral a la derecha de AP y luego del PP fue prácticamente irrelevante, reducido a un puñado de concejalías y alguna anecdótica alcaldía en algunos pequeños o medianos municipios. Los atentados y el escuadrismo callejero de sus facciones violentas ―a menudo en connivencia con grupos parapoliciales locales y tramas neofascistas y contrasubversivas transnacionales, como el Plan Cóndor de las dictaduras latinoamericanas a la red Gladio de la OTAN―, que entre 1976 y 1981 se saldaron con más de medio centenar de muertos, remitieron drásticamente tras la intentona golpista de 1981 ―en cuya trama civil, solo parcialmente investigada, participaron militantes de algunos de estos grupúsculos― y la victoria socialista de 1982 (paradójicamente, algunos de sus veteranos se reciclarían luego, bajo gobiernos socialistas, en la guerra sucia del Estado contra ETA), dejando como residuo en las décadas de los ochenta y noventa algunos reductos ultramarginales, en los que se entremezclaban bastante desordenadamente la nostalgia franquista, el neonazismo, el fanatismo futbolístico y en ocasiones la delincuencia común. El asesinato de la migrante dominicana Lucrecia Pérez en Madrid en 1992 y otros crímenes de odio racista, homófobo o ideológico, las actividades propagandísticas del neonazi Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) ―fundado en los años sesenta por nazis alemanes cobijados por el régimen de Franco― y de su líder, el librero y editor Pedro Varela, la creación del partido abiertamente neofascista Movimiento Social Republicano (MSR) en 1999, los disturbios anti-inmigrantes en la localidad andaluza de El Ejido de 2000 o la conquista entre 1995 y 2003 de las alcaldías de varios municipios andaluces ―y brevemente de la ciudad hispano-africana de Ceuta― por el populista-derechista Grupo Independiente Liberal (GIL) del empresario inmobiliario y futbolístico Jesús Gil, entre otros acontecimientos de la época, despertaron atención e inquietud en la opinión pública, pero no una percepción extendida de riesgo existencial para la democracia española (Baby, 2018; Casals, 1995 y 1998).

En el plano cultural y comunicativo, el espacio a la derecha de los medios y la intelectualidad conservadora establecidos es en aquel período igualmente irrelevante, más allá de muy reducidos cenáculos ―revistas de corta tirada, pequeñas librerías, conferencias y debates a menudo semiclandestinos― sin apenas vistas a la esfera pública convencional, aunque a partir de mediados de los noventa se registran algunos movimientos que cobrarán cierta relevancia con el curso posterior de los acontecimientos. Las ideas de la llamada Nueva Derecha (o, en sus propios términos, derecha metapolítica) francesa ―de tonalidades culturalistas y esoterizantes, impulsada por autores como Alain de Benoist o Guillaume Faye―, ya eran conocidas en España desde los años setenta ―llegando a gozar de cierta atención entre algunos dirigentes de AP, como Jorge Verstrynge y sus compañeros del grupo de pensamiento conservador Club del Sable, o más episódicamente el mismo Fraga―, pero sería a partir de la publicación en 2002 en las páginas culturales del diario El Mundo del llamado «Manifiesto contra la muerte del espíritu y la tierra» ―que suscribirían, además de la plana mayor de la neoderecha española, intelectuales conservadores de prestigio como el filósofo Eugenio Trías, el poeta Luis Alberto de Cuenca o el escritor y comunicador Fernando Sánchez Dragó―, que estas ideas empiezan a descollar como alternativa ideológica a la nostalgia franquista y el neonazismo en el campo ultraderechista y a despertar además cierto interés fuera de él, en el clima propicio del giro neoconservador de la segunda legislatura de Aznar y sus intentos de construcción de una nueva identidad nacional española fuerte, más allá de los consensos liberales de la Transición y acorde con un tiempo de pretendido choque de civilizaciones y riesgo existencial para la civilización occidental (Sanromán, 2008; Núñez Seixas, 2007).

Durante esta legislatura neoconservadora de Aznar, una regresiva ley de universidades, una draconiana reforma laboral, la negligente gestión del naufragio del petrolero Prestige o el respaldo diplomático y militar español a la guerra de Iraq, entre otras decisiones gubernamentales, provocaron sucesivas y multitudinarias oleadas de protesta, que ayudaron a dinamizar los entonces emergentes movimientos altermundistas, y a las que se sumaron los grandes sindicatos UGT y CCOO ―que en 2002 llamarían a la huelga general, la primera desde 1994 y la mayor desde 1988― y el mismo PSOE, liderado, tras su segunda derrota electoral frente a Aznar, por José Luis Rodríguez Zapatero, un líder amable y didáctico pero poco carismático, sin implicaciones con los escándalos de la época de González y situado ligeramente a la izquierda del aparato del partido. Impulsando su participación en estas movilizaciones, Rodríguez Zapatero logró restablecer parcialmente la sintonía entre el PSOE y la izquierda social y cultural, totalmente quebrada durante los gobiernos de González. Pero, como demostraron las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003, solo unas semanas después de las oceánicas movilizaciones españolas contra la guerra de Iraq, las mayores de todo el planeta, muchos millones de votantes todavía acompañaban el giro a la derecha de Aznar, que preveía poder retirarse del cargo dejando cómodamente instalado en el Palacio de la Moncloa a su vicepresidente y delfín Rajoy. Pero entonces llegó el 11 de marzo que lo cambiaría todo y para siempre en España.

Las derechas del 11 de marzo

Tras haber intentado sin éxito un proceso de negociación con ETA durante su primer mandato, Aznar emprendió en el segundo un severo endurecimiento represivo contra los actores tanto armados como políticos, sociales y culturales del independentismo vasco, importando el marco de excepcionalismo jurídico de la guerra contra el Terror de Bush, como punta de lanza de una generalizada ofensiva política y cultural recentralizadora frente al modelo de Estado descentralizado establecido en la transición democrática y al que, tras sus iniciales reticencias, la derecha española parecía haber terminado adaptándose ―como en apariencia certificaba el apoyo parlamentario que el propio Aznar había recibido de los nacionalistas conservadores vascos y catalanes en su primer mandato. Cuando al amanecer del 11 de marzo de 2004, a solo tres días de la celebración de elecciones generales, empezaron a recibirse las primeras noticias acerca de explosiones en varios trenes de cercanías de Madrid, todas las miradas se dirigieron comprensiblemente a ETA, que ya había atentado en varias ocasiones y con gran brutalidad en la ciudad. Para el PP, un masivo atentado de ETA a las puertas de unas elecciones suponía una confirmación irrefutable de su teoría del independentismo vasco, y en general de las fuerzas descentralizadoras, violentas o no, como amenaza principal y existencial para el país.

Pero la misma y desusada magnitud de los atentados, su metodología, sus objetivos y las primeras evidencias forenses abrieron muy pronto dudas al respecto, que el Gobierno ignoró, aferrándose tercamente a una, conforme pasaban las horas, cada vez más improbable autoría del independentismo vasco armado. En un clima de conmoción y dolor sin precedentes en la historia moderna del país, algunos medios de comunicación y muchos ciudadanos empezaron a expresar sus sospechas de que el Gobierno estaba ocultando información sobre el ataque y que su autoría correspondería en realidad a Al-Qaeda, en represalia por la connivencia española en la guerra de Iraq. Tras las masivas manifestaciones de repulsa convocadas por el gobierno el día 12, en la tarde del 13, a pocas horas de la apertura de las urnas ―en la llamada jornada de reflexión, en la que en España están prohibidas todo tipo de actividades políticas―, decenas de miles de personas autoconvocadas mediante cadenas de mensajes SMS se concentraron ante las sedes del PP por todo el país al grito de «quién ha sido», «queremos la verdad antes de votar», «vuestras guerras, nuestros muertos» o «las bombas de Bagdad estallan en Madrid». Al día siguiente, aunque el PP mantuvo el rocoso respaldo de su base electoral habitual, la indignación por la manipulación gubernamental movilizó a cientos de miles de jóvenes votantes y abstencionistas habituales, que dieron la victoria al PSOE (VVAA, 2004; Sampedro et. al., 2005).

En lugar de aceptar la realidad de los atentados y la derrota electoral, el PP y varios de sus medios de comunicación afines, en especial la cadena radiofónica COPE ―propiedad de la Conferencia Episcopal católica española―, el diario El Mundo ―dirigido por Pedro J. Ramírez, histórico azote periodístico de los socialistas desde los tiempos de González―, el diario digital Libertad Digital ―creado en 2000 por el locutor estrella de la COPE, el culto y locuaz excomunista reconvertido en vitriólico antiizquierdista Federico Jiménez Losantos― y la televisión pública autonómica madrileña Telemadrid se atrincheraron tras una grotesca nebulosa de teorías conspirativas en las que ETA, las cloacas del Estado, los medios de comunicación progresistas y los partidos políticos de izquierdas se conjuraban en una bizarra trama golpista para desalojar a la derecha del poder. Ni el juicio a los supervivientes del comando que ejecutó los atentados, entonces y todavía hoy uno de los más minuciosamente instruidos contra una célula de Al-Qaeda en todo el mundo, ni la investigación parlamentaria, la más exhaustiva de las emprendidas por el poder legislativo español en su historia, hicieron desistir a los conspiranoicos, encabezados por el propio expresidente Aznar y varios de sus ministros, que según algunas encuestas llegaron a convencer de sus desvaríos a un cuarto de la población adulta del país (Rovira, 2007; Lledó, 2014).

Con esta pretendida ilegitimidad de origen de su Gobierno como telón de fondo, la derecha promovió durante toda la legislatura una estruendosa andanada de movilizaciones multitudinarias contra decisiones de Rodríguez Zapatero como el reconocimiento del matrimonio homosexual, la ampliación del derecho al aborto, la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya, la ley de Memoria Histórica para honrar a las víctimas del franquismo, la devolución a Catalunya de los archivos históricos de la Generalitat incautados por Franco o un nuevo intento de solución negociada a la violencia de ETA. En estas movilizaciones, junto al PP, la Iglesia católica, los grandes medios de comunicación conservadores y otras entidades de la derecha tradicional, se hizo también presente toda una constelación de nuevas asociaciones cívicas, grupos de pensamiento y medios de comunicación, ideológicamente más radicales y mejor adaptados que la derecha social, cultural y mediática tradicional a los nuevos entornos digitales, hasta ese momento territorio casi exclusivo de los movimientos progresistas. El más visible de estos nuevos medios sería el canal de televisión digital Intereconomía, creado por el empresario Julio Ariza en 2005, que abre sus platós a la más diversa y radical fauna de ultraliberales, nostálgicos franquistas y neoderechistas, pero resultan también fundamentales una red de pequeños tanques de pensamiento, como el Instituto Juan de Mariana o la Fundación Burke, y una tupida maraña de sitios web y blogs personales que articula todas las tendencias y expresiones de la derecha radical, de las más densamente académicas a las más desenfadadamente polémicas o satíricas. No se trata, en conjunto, de solo una nueva línea estratégica, sino de una incipiente mutación ideológica y orgánica estructural que parecía conducir a la derecha española inexorablemente más allá de los límites que históricamente señalaba la vieja AP de Fraga para una derecha con vocación de gobierno en el sistema político español.

Aunque cada una de aquellas causas de la derecha vino acompañada de un amplio despliegue cultural en todos los formatos y soportes disponibles, destaca poderosamente en este plano el revisionismo histórico profranquista, como respuesta primero al movimiento social e intelectual por la recuperación de la Memoria Histórica y después a la parcial aceptación de sus demandas por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que generó toda una industria editorial de nula valía historiográfica pero gran repercusión mediática y ventas millonarias (sus dos principales exponentes serían los asombrosamente prolíficos polemistas Pío Moa y César Vidal), obsesiva y metódicamente orientada a la exoneración de los crímenes franquistas y la adjudicación a la izquierda de toda la responsabilidad de la guerra civil y en general de todos los males pasados, presentes y futuros del país, que tuvo un impacto profundo y perdurable en la memoria pública y la cultura política del país (Reig Tapia, 2006; Espinosa Maestre, 2015). Junto al nacional-catolicismo franquista más o menos remozado y el neoconservadurismo y su teoría del choque de civilizaciones, se detecta en el argumentario y el reparto de esta ofensiva revisionista y en el conjunto del clima cultural conservador del momento una significativa influencia de la pequeña pero muy activa nueva derecha a la francesa, su perennialismo espiritualista o su supremacismo encubierto bajo la forma de etnopluralismo.

El gran capital español, de vocación tradicionalmente europeísta y latinoamericanista, que había observado con escepticismo primero y contrariedad después la férrea alianza de Aznar con Bush y sus aventuras coloniales mesopotámicas, y que estaba razonablemente satisfecho con la ortodoxia económica neoliberal de Rodríguez Zapatero y muy poco preocupado por sus políticas progresistas en otros campos, no acompañó al PP y la derecha social y cultural en esta mutación reaccionaria y estrategia destituyente. Tampoco las fuerzas de seguridad e información del Estado, descontentas con Aznar por su gestión de los atentados del 11 de marzo y la desautorización de sus investigaciones por los conspiranoicos, ni el Ejército, doctrinalmente más afín al atlantismo tradicional que al nuevo unilateralismo anglosajón y todavía conmocionado por el accidente en 2003 en Turquía de un transporte aéreo de tropas de regreso de Afganistán, en el que murieron sesenta soldados y que reveló graves deficiencias logísticas en las misiones militares españolas en el extranjero. Dentro de la Iglesia católica, el radicalismo de la movilización homófoba y antiabortista de grupos como Hazte Oír ―relacionado por distintas investigaciones periodísticas con grupos fundamentalistas de Estados Unidos y América Latina, como el enigmático El Yunque― abría grietas importantes tanto entre las bases como entre las jerarquías. El diario ABC, portavoz histórico de la derecha tradicional, se descolgó de las teorías conspiranoicas sobre el 11 de marzo, provocando una inédita guerra fratricida entre medios conservadores. Y todo ello a la vez que en Washington, ante la ya insoslayable evidencia del desastre iraquí, Bush depuraba su administración de sus ideólogos neoconservadores más recalcitrantes. En el congreso del PP celebrado en Valencia en junio de 2008, aprovechando esta coyuntura general favorable y la ventana de oportunidad abierta por su segunda derrota electoral consecutiva frente a Rodríguez Zapatero, Rajoy, un político de apariencia torpe y grisácea pero acreditada destreza para la intriga palaciega, dio un enérgico golpe de mano para emanciparse de la tutela de Aznar, arrinconar al sector neoconservador y recentrar el partido en la ortodoxia liberal-conservadora.

Este cambio de línea en la dirección del PP sacudió a toda la derecha española. Jiménez Losantos abandonó la COPE para fundar la cadena radiofónica EsRadio. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el colectivo más visible en el frente social neoconservador, renovó su dirección y se distanció de las teorías de la conspiración sobre el 11 de marzo. La Iglesia católica, sin abdicar de sus posiciones doctrinales, tomó cierta distancia de Hazte Oír y otros colectivos fundamentalistas y suavizó el tono de su confrontación con el gobierno. El expresidente Aznar, visiblemente contrariado por el golpe de autoridad de su delfín, se distanció del partido y se atrincheró en su Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). El experimento neoconservador en España había llegado a su fin (Taibo, 2008; Carmona et al., 2012).

El camino hacia Vox

Santiago Abascal, concejal y luego diputado regional en el País Vasco, fue uno de los militantes del ala más derechista del PP que se alejaron del partido tras aquel retorno al centro de 2008. Tras perder su escaño en el parlamento autonómico vasco, encontró refugio en la administración regional madrileña entonces presidida por Esperanza Aguirre, último bastión neoconservador dentro del PP tras el golpe de mano de Rajoy, y como Aznar, en su propia fundación, denominada Defensa de la Nación Española (DENAES), íntimamente vinculada desde su origen a Gustavo Bueno, filósofo de pasado excéntricamente marxista devenido luego en furibundo reaccionario y chovinista, y a la Fundación que lleva su nombre. Pero, excluidos de la dirección política y la primera línea institucional del PP, con la crisis económica, las medidas de austeridad y sus efectos sociales centrando la atención pública a partir de 2008, con el definitivo cese de la violencia de ETA en 2010 y con la oleada de movilizaciones progresistas de 2011, tanto DENAES como otros colectivos y espacios del espectro neoconservador y ultraderechista quedaron relegados durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y la primera de Rajoy a un muy segundo plano de la esfera pública. Las reivindicaciones recentralizadoras, reactivadas como respuesta al nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya ―aprobado por los parlamentos catalán y español en 2006 pero luego desautorizado y severamente mutilado por el Tribunal Constitucional en 2010― tuvieron como principales expresiones políticas a dos nuevos partidos, Unión, Progreso y Democracia (UPYD, fundado en 2006) y Ciudadanos (fundado en 2007), nacidos ambos en las inmediaciones políticas e intelectuales del PSOE y nominalmente ubicados, no a la derecha del PP, sino en un presunto espacio de centro liberal ubicado entre los dos grandes partidos.

Las elecciones europeas de 2014 señalaron, sobre todo pero no solo por la irrupción de Podemos, una inflexión de la moderna historia política española. UPYD se estancó en el millón de votos conseguidos en las elecciones generales de 2011, víctima ya de los conflictos internos que poco tiempo después lo llevarían hasta la casi extinción, y Ciudadanos, tras una errática y poco exitosa trayectoria centrada en Catalunya, despuntó con medio millón de sufragios. Mucha menor atención que Podemos, Ciudadanos y UPYD recibió Vox, un pequeño partido fundado en 2013 por, entre otros, Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara, exfuncionario de prisiones víctima de un prolongado y dramático secuestro de ETA en 1995 y también exmilitante del PP, liderado por Alejo Vidal-Quadras, expresidente del PP en Catalunya y eurodiputado del partido durante quince años, y entre cuyos militantes y simpatizantes fueron prontamente visibles intelectuales neoderechistas como el historiador Fernando Paz o el periodista José Javier Esparza. Con casi un cuarto de millón de votos, Vox fracasó por muy poco en su intento de entrar en el Parlamento Europeo. Vidal-Quadras abandonó el partido y Abascal tomó su relevo en un país conmocionado por el millón y cuarto de votos obtenidos por Podemos y sus entonces altísimas expectativas de crecimiento, y en menor medida por la emergencia de Ciudadanos, que pasaba a ser, a costa de UPYD, el potencial gran beneficiario de la previsible hemorragia de voto de un PP aún sólidamente asentado en el poder por la mayoría absoluta parlamentaria obtenida en 2011, pero asediado por una incesante riada de revelaciones periodísticas y causas judiciales sobre la infinidad de tramas de corrupción interconectadas que salpican a su estructura partidaria y a muchos de sus gobiernos locales, regionales y estatales casi desde su misma refundación en 1989.

Comienza entonces para Vox una larga travesía del desierto, casi completamente fuera de foco de la atención mediática y con misérrimos resultados en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 ―en las que las iniciativas municipalistas progresistas conquistan los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz y otras ciudades―, en las elecciones generales de diciembre de 2015 ―en las que Unidas Podemos, coalición de Podemos, IU y otras fuerzas progresistas, se consolida como tercera fuerza política del país, a escasa distancia del PSOE― y su repetición en junio de 2016 ―de la que sale el precario último gobierno de Rajoy, sin mayoría parlamentaria, que terminará liquidando la moción de censura presentada por el socialista Sánchez en junio de 2018. Confiando en la solidez de la excepción española, ni siquiera las conmociones sucesivas del referendo británico de salida de la Unión Europea y la elección de Trump en Estados Unidos en 2016 hicieron pensar a casi nadie que el tosco y vociferante Abascal y su pequeño partido pudiesen estar destinados a jugar un papel destacado en una crisis política que ya había convertido el tradicional turno bipartidista español en un atribulado sistema cuatripartito en el que no parecía quedar espacio para nuevos jugadores. Ni siquiera los medios de Losantos o la fundación de Aznar prestaban entonces demasiada atención a Abascal, complacidos por la mezcla de agresivo centralismo y ortodoxia neoliberal de Ciudadanos, que se perfilaba claramente como instrumento de consenso de los poderes fácticos del país para presentar batalla al entonces todavía ascendente populismo progresista y descentralizador de Podemos. En el aparentemente exiguo espacio político disponible a la derecha del PP, la reagrupación, activismo callejero y posible concurrencia electoral de varios grupos explícitamente neofascistas bajo la marca Hogar Social, vinculada al Amanecer Dorado griego, la Casapound italiana y otros grupos del autodenominado campo identitario europeo, suscitó durante meses mucha mayor atención que el puñado de náufragos del PP e intelectuales neoderechistas refugiados en Vox.

La eclosión

La poderosa irrupción de Vox en el primer plano de la vida política española es producto de la concatenación de varios factores. El más inmediatamente evidente es la agudización de la movilización soberanista en Catalunya, con el ciclo de desobediencia civil e institucional que desemboca en el referendo del 1 de octubre de 2017 y su durísima represión policial, la suspensión temporal de la autonomía catalana y la prisión preventiva y enjuiciamiento o exilio de varios de sus principales líderes políticos y sociales. Estos acontecimientos han provocado una extendida y virulenta reacción centralista en el resto del país ―la llamada España de los balcones, por la consigna de colocar en ellos banderas españolas como gesto de repulsa a las pretensiones soberanistas―, en cierta medida espontánea ante el fuerte rechazo que la idea de una posible independencia catalana despierta en muchos españoles, pero también enérgicamente agitada no solo por los partidos y medios conservadores, sino también por una parte del PSOE y algunos medios presuntamente progresistas, además de por aparatos de Estado como la Corona o la alta judicatura, con constantes homologaciones entre el soberanismo catalán y el racismo o el fascismo y la descripción de la movilización soberanista como violenta y golpista ―luego  literalmente trasladada al plano jurídico en el enjuiciamiento de sus líderes por los delitos de sedición y rebelión. El rancio españolismo chovinista y esencialista recargado de evocaciones glorificadoras del pasado imperial elaborado por autores como María Elvira Roca Barea o Iván Vélez y tanques de pensamiento como como la Fundación Gustavo Bueno o DENAES, esquematizado y amplificado por Vox, ha encontrado un caldo de cultivo más que propicio en ese clima de sobreexcitada alerta y agravio existenciales y exhibición obsesiva de los símbolos nacionales. Por añadidura, el frenético activismo judicial de Vox, culminado con su admisión por el Tribunal Supremo como acusación particular en el juicio contra los líderes independentistas catalanes, proponiendo contra ellos condenas aún mayores que la ya desorbitadas que solicitan los acusadores del Estado, les ofrece una excelente plataforma propagandística.

Pero sería difícil comprender la capacidad de Vox de competir con el resto de partidos centralistas sin tener en cuenta, además de su chovinismo y su beligerancia en la cuestión catalana, su alineamiento con posiciones antifeministas, anti-LGTBI o islamofóbicas muy radicales, que esos partidos oficialmente no comparten ―aunque a menudo hayan coqueteado con algunas de ellas―, que en general no gozaban de espacio en la esfera pública convencional, pero que en los últimos años, especialmente tras el referendo del Brexit y la elección de Trump en 2016, vienen calando en los subsuelos emocionales, culturales y comunicativos de la sociedad española, en especial en espacios on-line como Facebook, Twitter, YouTube o la popular comunidad ForoCoches. Toda una subcultura basada en el resentimiento y el miedo ante la complejización de la vida social y la pérdida de privilegios de raza y género, cuyo léxico y mitologías ―la ideología de género, el marxismo cultural, las teorías conspirativas sobre la inmigración, el cambio climático o George Soros― resultaban hasta hace apenas unos meses absolutamente marcianas para el gran público español, pero que los portavoces de Vox trasladan ahora desde sus pudrideros de Internet a grandes actos públicos y estudios televisivos. Lineas estratégicas como la oposición a las leyes vigentes contra la violencia machista o sobre la custodia de los hijos de parejas separadas, consideradas por este contramovimiento como discriminatorias para los hombres, permiten a Vox marcar un perfil propio frente a la derecha tradicional y captar las simpatías tanto de los sectores ultraconservadores clásicos, en general de más edad, como de estas nuevas derechas digitales y políticamente incorrectas, en general más jóvenes, cada vez más confundidos entre sí debido a la creciente convergencia intergeneracional de competencias tecnológicas y hábitos de consumo informativo.

El programa económico que completa el perímetro ideológico de Vox es, en cambio, de corte rigurosamente neoliberal, en muchos aspectos indistinguible de los de PP o Ciudadanos (reducción del tamaño del Estado, bajadas de impuestos, facilidades a las empresas), sin rastro alguno de la retórica obrerista de Marine Le Pen, la denuncia de las políticas de austeridad de Matteo Salvini o el proteccionismo comercial de Trump. En realidad, los dirigentes de Vox hablan muy poco de economía, y cuando lo hacen su relato es absolutamente pueril y distractivo: los damnificados de la crisis lo serían en realidad, no de las disfunciones o abusos del mercado y sus agentes, sino de la tributación confiscatoria del Estado, las trabas burocráticas a los emprendedores o el gasto ideológico de las administraciones autonómicas, las asociaciones feministas o las ayudas a los inmigrantes que Vox pide desmantelar, y en el caso de la población rural, de cuya causa Vox hace insistente bandera, de la presión ecologista y animalista sobre sus tradiciones y formas de vida, con especial hincapié en la tauromaquia y la caza.

El año escaso que media entre el referendo catalán y las elecciones andaluzas es para Vox un año de acelerada evolución orgánica, estratégica y comunicativa. El 10 de marzo de 2018, el partido reúne a varios cientos de militantes y simpatizantes en el teatro madrileño de La Latina para revalidar el liderazgo de Abascal y su equipo, exhibir sus apoyos entre la sociedad civil ―que van de grupos de presión antiimpuestos o antiaborto a sindicatos policiales, pasando por asociaciones de cazadores o de exmilitares― y presentar a sus nuevos fichajes, entre los que destaca Rafael Bardají, asesor de relaciones exteriores, seguridad y defensa de los gobiernos de Aznar, a quien luego acompañó en FAES, creador del influyente tanque de pensamiento geopolítico Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), colaborador de Libertad Digital y poseedor de una valiosa agenda de contactos internacionales. El acto pasa relativamente desapercibido para el gran público en una España convulsionada por el conflicto catalán, la corrupción del PP o las incesantes guerras fratricidas que desangran a Podemos, pero no sus primeras consecuencias: en abril, Bardají se reúne en la Casa Blanca de Trump con su mefistofélico ideólogo y estratega Steve Bannon. Aunque Abascal había asistido en enero de 2017 a la cumbre de las ultraderechas europeas en la localidad alemana de Coblenza, y aunque su segundo de a bordo, el fornido y enfático Javier Ortega-Smith ―veterano de las fuerzas especiales del Ejército español y abogado del partido en la causa contra los líderes independentistas catalanes―, ya evocaba a menudo a Trump con su grito de «hacer a España grande otra vez» y a la «derecha alternativa» con sus invectivas contra Soros y las «oligarquías globalistas», la conexión de Vox con la oleada reaccionaria global parecía, hasta ese encuentro de Bardají y Bannon en el Ala Oeste, más aspiracional que real. Con miedo unos y con gozo otros, fue ante esa imagen que muchos españoles consideraron por primera vez seriamente la posibilidad de que la excepción española estuviese resquebrajándose.

Todos los vientos han parecido conjurarse desde entonces en favor de la nueva derecha radical española. Rajoy, en el poder gracias a un precario pacto de investidura con Ciudadanos, es azotado desde la izquierda por sus incontables casos de corrupción y su permanente obstruccionismo parlamentario, pero también por su socio parlamentario, por el ala derecha de su propio partido y por la ultraderecha mediática ―como siempre con el flamígero Jiménez Losantos a la cabeza―, por la que juzgan una gestión cobarde y errática del conflicto catalán, para el que exigen medidas represivas aún más contundentes que las ya aplicadas. Víctima de esa doble presión, y tras una demoledora sentencia condenatoria por la financiación ilegal del partido, Rajoy termina siendo expulsado del Gobierno en junio de 2018 por la primera moción de censura exitosa de la historia democrática española, dejando paso a un gobierno del PSOE presidido por Sánchez, monocolor a pesar de su exigua base en el Congreso, apoyado y espoleado hacia políticas económicas y territoriales transformadoras por Unidos Podemos, pero atenazado por las durísimas presiones de los sectores económicamente más ortodoxos y políticamente más centralistas del PSOE y de los aparatos de Estado, de un lado, y de los soberanistas catalanes, del otro.

Sánchez, tras haber sido obligado a dimitir por el aparato burocrático y los barones territoriales de su partido en 2016 por intentar un primer acercamiento a Podemos y volver al liderazgo del partido en 2017 en unas primarias épicas en las que enarboló un discurso reformista cercano al del británico Jeremy Corbyn o el norteamericano Bernie Sanders, cae tras su investidura presidencial en una progresiva parálisis que decepciona y desmoviliza a la izquierda y permite un rápido rearme de la derecha. En el PP, retirado Rajoy, el joven y agresivo Pablo Casado, del ala neoconservadora del partido y notoria afinidad política y personal con Aznar, arrebata el liderazgo a la candidatura continuista de la ex-vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en un claro giro a la derecha espoleado por la ya detectable sangría de electores y cuadros hacia Vox, pero que paradójicamente refuerza los marcos de polarización y radicalización que más benefician a los de Abascal. Y en el plano global, casi simultáneamente al de Sánchez en España es investido en Italia el gobierno de coalición del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga, y luego Trump resiste muy por encima de las expectativas las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, Viktor Orban revalida su aplastante mayoría en Hungría y Jair Bolsonaro empieza a despuntar en las encuestas de las presidenciales brasileñas.

Al calor de todos estos factores favorables, Vox empieza durante el verano de 2018 a aparecer en algunas encuestas con porcentajes aún muy modestos pero ya suficientes para aspirar a una pequeña representación en el Congreso. Aunque todavía por debajo del radar de los grandes medios de comunicación, se hace perceptible una creciente agitación a la derecha del espectro político, con un creciente tráfico en las redes sociales, pequeños pero cada vez más frecuentes actos públicos y las primeras deserciones notables de dirigentes y cargos públicos en activo del PP hacia el partido de Abascal. Si para muchos españoles la foto de Bardají y Bannon había supuesto un primer motivo de preocupación, el segundo ya era, mucho más cercano e inquietante, un mitin de Vox en su propio barrio o pueblo, o un familiar, amigo o compañero de trabajo compartiendo su propaganda en un grupo de WhatsApp o Facebook. Una acumulación de energías políticas subterráneas que terminarán aflorando con la llegada del otoño con una fuerza que sorprenderá casi por igual a propios y extraños. El 7 de octubre de 2018, en el Palacio de Vistalegre de Madrid ―doblemente presente en el imaginario político progresista como escenario de los grandes mítines del PSOE de Rodríguez Zapatero en la pasada década y de las dos asambleas generales de Podemos en 2014 y 2017―, Vox reúne a cerca de diez mil personas llegadas de todo el país en un acto impecablemente planificado, escenografiado y difundido, en el que dirigentes y personalidades del partido exponen con fluidez, coherencia y épica a un público enfervorizado su cosmovisión chovinista y reaccionaria, de la derrota de los reinos musulmanes de la Península en la Edad Media o la batalla de Lepanto contra los otomanos en los albores de la Modernidad a las luchas contemporáneas contra el independentismo, la inmigración y el feminismo. Aún faltan 56 días para las elecciones autonómicas andaluzas, pero la excepción española ya ha terminado.

La España de Vox

El colapso financiero de 2007-2008 detonó una devastadora triple crisis económica, ecológica y política del sistema-mundo neoliberal en la que más de una década después seguimos todavía inmersos. La primera gran oleada global de contestación cultural, social y política llegó a partir de 2011 desde el flanco progresista: las Primaveras Árabes, la Geração a Rasca y el 15-M ibéricos, los Occupy anglosajones, la Syriza griega, el Gezi Park turco o los paraguas de Hong-Kong postulaban alternativas democráticas, ilustradas y cosmopolitas ―en las muy variadas tonalidades que estos términos pueden adoptar en tan diferentes contextos geográficos y culturales― a la crisis del neoliberalismo, ante las que sus gerentes y beneficiarios locales y globales (también los alineados en su ala izquierda, como grandes partidos social-liberales, sindicatos de concertación y medios corporativos progresistas) presentaron una resistencia granítica. Ya en 2014, con el traspaso de hegemonías del progresista Passe Livre al reaccionario Movimento Brasil Livre en las protestas brasileñas y de los jóvenes indignados europeístas al neofascista y militarizado Pravy Sektor en el Euromaidan ucraniano, puede percibirse el agotamiento de esta primera oleada de contestación progresista y la emergencia de una segunda y muy distinta, de signo contrademocrático, irracionalista y chovinista, ribeteado en cada caso de mayores o menores dosis de machismo, homofobia, racismo, militarismo, anticientifismo, paranoia conspirativa o intolerancia religiosa, y que alcanza su cenit en 2016 con la victoria del Brexit en el referendo británico de permanencia en la Unión Europea y la llegada de Trump en la Casa Blanca. La extensión e intensidad de la expresión española de aquella primera oleada de movilización progresista de 2011 fue tal que mantuvo al país a resguardo de la segunda mientras uno tras otro los países de su entorno iban sucumbiendo ante ella. Pero esa influencia a largo plazo, a contrapelo de la tendencia planetaria, tras un largo y extenuante ciclo político fuera y dentro de las instituciones y en las muy excepcionales circunstancias del conflicto catalán, ha terminado por resentirse, haciendo posible la emergencia de Vox.

Hay un factor decisivo a la hora de comprender la muy desigual fortuna de una y otra oleadas de contestación: si la primera enfrentó a los poderes neoliberales, económicos, políticos y mediáticos, locales, regionales y globales, compactados en un implacable bloque histórico, la segunda los ha dividido. Esta pauta se proyecta de forma muy diferente en los distintos escenarios locales y regionales y admite algunas excepciones significativas, pero en términos generales es palpable que la permeabilidad entre la derecha neoliberal y la derecha a la derecha del neoliberalismo está siendo mucho mayor que la que nunca hubo entre el neoliberalismo progresista y los movimientos antioligárquicos de la pasada década, y en algunos casos lo es en tal medida que cabe razonablemente preguntarse si es una revuelta nacida a la derecha del neoliberalismo o en la derecha neoliberal, y en qué medida esa revuelta en la esfera política refleja fracturas reales en el mapa de los grandes factores públicos y privados de poder. En el caso español, parece evidente que la revuelta no parte del espacio político claramente situado a la derecha del sistema, como hubiera ocurrido si en lugar de Vox la iniciativa la hubiera tomado el Hogar Social u otra organización del campo identitario, sino de una facción radicalizada de la derecha neoliberal, la misma que hace quince años protagonizó la intentona neoconservadora, que comprende no solo a Vox sino al nuevo PP de Casado ―y en la práctica a Ciudadanos, en tanto siga orbitando en torno a ellos― y a los decisivos actores mediáticos y culturales que sirven de argamasa entre ambos y con las nuevas derechas alternativas. Muy al contrario de lo ocurrido ante la aparición de Podemos hace cinco años ―como están constatando las revelaciones sobre las operaciones parapoliciales del siniestro comisario José Manuel Villarejo para desacreditar al partido y dificultar sus acuerdos con el PSOE―, ni desde los aparatos de Estado ni desde los poderes económicos, y solo desde una pequeña parte del espectro mediático de masas, se emiten señales de genuina preocupación por este enérgico volantazo a la derecha de la vida política del país y la posibilidad de que Vox entre a formar parte de su próximo gobierno. Vox, cabe concluir, es considerado por amplios sectores de las élites de Estado y mercado como un aliado útil y legítimo en la doble tarea de imponer una salida represiva a la crisis catalana y recentralizar el país y disciplinar la cuestión social expresada primero por el 15-M y luego por Podemos.

Vox, en correspondencia, ha adoptado códigos y prácticas de las nuevas derechas globales y europeas pero mantiene una prudente ambigüedad en aquellos aspectos que, muy presentes en la agenda de parte de esas nuevas derechas, pudieran hacerle colisionar directamente con las élites neoliberales, como ―además de todo su programa económico― la permanencia española a la Unión Europea y el euro o el alineamiento atlantista frente a Rusia y China, que a día de hoy siguen siendo en España consensos de Estado y de mercado tajantemente incuestionables. El despliegue de sus relaciones europeas ―por ahora, cálidas con el Ley y Justicia polaco, corteses con la Reagrupación Nacional francesa y el Fidesz húngaro, distantes con la Lega italiana e indetectables con Alternativa por Alemania y las organizaciones del campo identitario― también reflejan esa prudencia. Los dirigentes y estrategas de Vox saben que, en tanto fuerza minoritaria del bloque conservador, su inclusión en él depende de su observancia de aquellos consensos económicos y políticos. Pero esa correlación de fuerzas y esos consensos refieren a una España, una Europa y un mundo que están cambiando muy rápida y dramáticamente, en un intrincado juego abierto a múltiples variables y escenarios posibles. Pueden ganar estas elecciones y gobernar España el bloque conservador, el bloque de la moción de censura o, fracturando ambos, un gran centro neoliberal de PSOE y Ciudadanos ―y sea cual sea este gobierno, enfrentará una amplia y feroz oposición en las instituciones, las calles y las redes. Dentro del bloque conservador, Vox puede seguir siendo la tercera fuerza, superar a Ciudadanos convirtiéndose en la segunda o, más improbable pero no imposible, acercarse, empatar o sobrepasar al PP. Las fluctuaciones del conflicto catalán ―que, coincidiendo con el proceso de formación del próximo gobierno, atravesará un nuevo momento crítico con la previsiblemente muy severa sentencia del juicio a los líderes independentistas, su recurso a la justicia europea y la batalla política sobre la aplicación de medidas de gracia a sus penados― seguirán condicionando la vida política del país. Y en Europa, las elecciones del 26 de mayo pueden apuntalar o desinflar la ofensiva de la derecha a la derecha del Partido Popular Europeo, que podría ocupar hasta un tercio de los escaños del Parlamento Europeo y articular, como activamente promueven The Movement de Bannon y otros agentes, una plataforma común de reformas de tratados, realineamientos geopolíticos y otras reformas estructurales ―a la que podrían atraer a los miembros más conservadores de los populares europeos, como el Fidesz de Orban o el PP de Casado― de una Unión ya extraordinariamente tensionada por un Brexit agónico, el polvorín ucraniano a medio apagar y el vecino turco echado en brazos de Moscú, la rebelión al este y al sur del eje Varsovia-Budapest-Viena-Roma y la inestabilidad política creciente en su mismo núcleo franco-alemán.

Lo que Vox realmente es o pueda ser, y lo que eso revele acerca de las posiciones y articulaciones de los factores reales de poder y la cultura política del país, lo descubriremos, no tanto en estos meses de permanente efusión propagandística y tacticismo electoral, sino después, en la fricción con cada uno de estos conflictos de lealtades e intereses y los muchos otros aún por aparecer en este tiempo de recurrentes asombros en el que posiciones subalternas pueden convertirse de improviso en hegemónicas, y la coyuntura sobre la que esas posiciones se despliegan y cobran sentido pueden transformarse dramáticamente de un suspiro al siguiente. Como se ha repetido en los casos británico, norteamericano, italiano o brasileño, los ensanchamientos hacia la derecha operados desde el neoliberalismo conservador pueden, al calor de estas disputas y transformaciones, terminar alumbrando opciones políticas autónomas que devoren a sus progenitores. Incluso allá donde, como en Francia y Alemania, se mantiene una brecha aparentemente bien delimitada entre el bloque de poder neoliberal y sus oponentes por la derecha, estos son capaces de crecer hasta poner en serios apuros el orden establecido. Por otro lado, de los contrincantes democráticos, cosmopolitas e ilustrados que habrán de hacer frente a esta oleada autoritaria, chovinista y oscurantista aún no sabemos gran cosa, más allá de la extraordinaria emergencia del feminismo global y las más contenidas pero también significativas del municipalismo progresista y por un nuevo contrato socioecológico o New Green Deal, pero confiemos en que estén por llegar, también en España. Los grandes movimientos tectónicos que subyacen a toda esta convulsión política ―una gigantesca crisis planetaria de sobreproducción y rentabilidad, el agravamiento acelerado del deterioro climático, la colisión traumática de identidades y culturas en los nuevos entornos semiotecnológicos, la proliferación incontrolada de la violencia en todas sus escalas y modalidades―, cuyas fallas atraviesan cada vez más visiblemente la estructura social, productiva e incluso territorial española, no van a detenerse. Pase lo que pase en las próximas semanas y citas electorales, la variante española del ciclo histórico contrademocrático resultado de esos movimientos tectónicos, a la que Vox sirve por ahora de expresión, apenas acaba de empezar.

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Jónatham F. Moriche (Plasencia, 1976), activista y escritor extremeño. Ha publicado textos de análisis político y crítica cultural en medios como El Salto, La Marea, Eldiario, Rebelión o Diario Hoy.